ROBAR AUTONOMÍA

En la lógica de promover la institucionalización de todos los órdenes de la vida, los poderes buscan robarle a cada persona o comunidad la posibilidad de resolver por sí misma lo que más le importa, como repetimos incansables, hasta socavar cualquier tejido colectivo, comunitario o de organización.

Basta someter toda interacción, todo impulso a una lógica ajena, que nos despoja de nuestros argumentos y nuestra agencia, como le dicen ahora a la iniciativa. La racionalidad alienante puede ser la burocracia, con sus normativas, reglamentos, presupuestos —y la corrupción propia de la tramoya del poder—, y puede ser la supuestamente ilustrada e infalible lógica de un aparato de expertos que van a gestionarlo todo: nuestra salud, alimentación, educación, manejo del agua, de la energía, la propia convivencia barrial o comunitaria, y por supuesto la “seguridad ciudadana” con que desatan la maquinaria represiva fundamental. Las llamadas “fuerzas del orden”.

Por eso alarma el caso de Iztapalapa, donde desde agosto de 2020 la Guardia Nacional (GN) decidió utilizar como “cuartel provisional” un centro comunitario (El Centro Cultural La Comuna) que, con la participación de la población local, intenta desde los años ochenta retejer las relaciones sociales dando opciones culturales, talleres recreativos y de capacitación en una zona donde todo eso está muy lastimado por el hacinamiento, la marginación y la violencia del crimen organizado contra las familias. La GN se apoderó del 60 por ciento de las instalaciones, con lo cual incluso muchos talleres tuvieron que suspenderse. Esto terminó el 3 de enero, cuando al fin se retiró ese destacamento, tras la publicación de un video en YouTube que dejó en claro cómo había sido la invasión de la GN a sus instalaciones.1

Un efecto adicional de la presencia de la GN fue que se desató una polémica con vecinas y vecinos que dicen exigir que regrese.2 Es verdad que el crimen organizado ha socavado la vida de las comunidades en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, pero también resalta lo publicado por un sitio electrónico como Expansión, que afirma: “En julio de 2019, la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en la alcaldía Iztapalapa, fue elegida como la primera zona de la Ciudad de México donde comenzaría a patrullar la entonces recién creada Guardia Nacional. El lanzamiento del despliegue fue encabezado por la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, y por la alcaldesa de la demarcación, Clara Brugada, junto con personal militar y mandos policiales que recorrieron las calles consideradas como de mayores índices delictivos de la CDMX”. Resalta en la nota de Expansión que el despliegue de la GN, no sólo en Iztapalapa sino en más y más alcaldías, ocurre en un momento en que “no están bien definidas sus facultades administrativas y legales”.

En 2019 la GN comenzó a patrullar los límites de Iztapalapa y el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, con el fin de inhibir los delitos más comunes: homicidio doloso, narcomenudeo y robo en sus distintas modalidades. Si en 2019 se registraron 7 homicidios dolosos por arma de fuego y ocurrió sólo uno al entrar la Guardia Nacional ese año, en 2020, incluso en pleno confinamiento, ocurrieron 10 homicidios, lo que muestra un aumento “a pesar del despliegue de la Guardia Nacional”. En 2021 volvieron a bajar y sólo se registraron 2 asesinatos.

En cuanto al robo a transeúntes con violencia en la vía pública, en 2019 hubo 52, en 2020 95 y en 2021 sumaban 68 hasta octubre. En cuanto al robo de pasajeros con violencia en transportes públicos, en 2019 sumaron 16 casos, en 2020 hubo 26 y luego bajaron en 2021 a 14. Expansión comenta: “esto último puede deberse no a un reforzamiento de la seguridad, sino a que las personas empezaron a tener otra opción más segura para movilizarse: la Línea 2 del Cablebús”.3

En síntesis, no puede concluirse que la Guardia Nacional haya contribuido a la seguridad, pero sí abrió una división entre los vecinos que piensan que la presencia de la GN es un disuasivo al crimen organizado y quienes se ensombrecen con la creciente presencia del ejército con funciones de policía en la Ciudad de México, más si lo primero que hizo fue socavar los vínculos comunitarios trabajados desde los años ochenta por el Centro Cultural La Comuna.

El historiador del derecho Gill Boehringer insiste en demostrar que las llamadas fuerzas del orden surgieron a la vida pública como las conocemos hoy día para asegurar a la clase pudiente, pero sobre todo para controlar y disuadir a las clases trabajadoras populares de cualquier crítica y disidencia al interior de sus empleos y en la gestión de sus lugares de trabajo, sus barrios urbanos o sus comunidades y territorios rurales.

Para mantener este sistema de capitalismo que produce inequidad e injusticia social en esta nueva fase de globalización, las élites dependen en gran medida de la coerción y el consentimiento. El Estado cuenta con vastos recursos represivos, y su muy conocido “monopolio legal de la violencia” (aunque también confía, especialmente en el Tercer Mundo, en la “violencia ilegal con licencia”, ejercida por paramilitares y ejércitos privados). Así, lleva la delantera en el uso de la fuerza, la vigilancia, la intimidación, el hostigamiento y mucho peor contra quienes resisten. Pero las corporaciones también contribuyen al terrorismo y la violencia sufridas por las clases trabajadoras. Juntos, el Estado y las corporaciones han contribuido al proceso de una segunda “gran transformación” mundial (vean el trabajo de Karl Polanyi en torno a la primera gran transformación que condujo a la revolución capitalista). Especialmente en el llamado Tercer Mundo —de manera nada diferente a las sociedades “occidentales” de la primera transformación discutida por Polanyi— podemos observar el impacto de las políticas neoliberales de las naciones poderosas y de las agencias internacionales: acaparamiento de tierra, destrucción de comunidades, hacer de la mano de obra mercancía y arrancar del suelo los recursos naturales en aras de promover ganancias corporativas, la devastación del ambiente, el creciente desamparo de gente sin vivienda, sumida en la pobreza y la malnutrición, con una salud deficiente y con hambre, la expansiva población y un ejército de reserva de mano de obra barata que puede ser explotada en horrendas condiciones laborales, los concomitantes problemas sociales incluidas las adicciones al alcohol, a las drogas y al tabaco, el crimen violento y el analfabetismo.

Esencialmente, la globalización es un proceso de imponer un marco de austeridad y represión hacia la clase trabajadora por todo el mundo.4

Con su lógica ajena, coercitiva por naturaleza, nos roban la posibilidad de ejercer nuestra propia iniciativa, disponibilidad y recursos imaginativos. Es claro que las fuerzas del orden, sean municipales o federales, militares o que se unifiquen en una “guardia nacional” que mezcla procedimientos y normativas policiales y militares, están para controlar y frenar la organización y la disidencia de la gente, aunque su objetivo expreso sea la “seguridad ciudadana” ante la violencia del crimen organizado.

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Notas:

1. “Guardia Nacional ‘invade’ centro cultural La Comuna: desaparecen talleres por dormitorios militares”: https:// www.youtube.com/watch?v=DKkF5gT3f6I

2. “Vecinos exigen que la Guardia Nacional regrese al Centro Cultural La Comuna en Iztapalapa”: https://datanoticias. com/2022/01/04/vecinos-exigen-que-guardia-nacionalregrese- al-centro-cultural-la-comuna-iztapalapa/

3. “Guardia Nacional en CDMX aún sin resultados consistentes”, 20 de diciembre de 2021: https://politica. expansion.mx/cdmx/2021/12/20/guardia-nacional-cdmxaun- sin-resultados-consistentes

4. Progressive Lawyers: Duty to the LAW or to the People? Reflections on a Post-Legal World, conversación con el Colectivo de Abogados Cause en la oficina del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, 21 de febrero de 2014.