“NUESTRO MANDATO ES CONSTRUIR ALTERNATIVAS DE VIDA” / 302

San Cristóbal de las Casas, Chiapas Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) de 2015 al 23 de mayo de 2022, Pedro Faro Navarro, defensor y poeta, habla en entrevista, concedida un día antes de dejar el cargo, de la “alarmante crisis de derechos humanos” en Chiapas, del incremento del crimen organizado que tiene en el estado jugosos negocios en el narcotráfico, la migración y en la trata de personas; de las agresiones contra los territorios zapatistas; del “no actuar” de los gobiernos federal y estatal; del histórico desplazamiento forzado de miles de indígenas; de la militarización y paramilitarización; de lo que provocó en el Frayba la descalificación presidencial y, en todo momento, refiere lo crucial de la alternativa política que representan las comunidades organizadas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Hace 19 años, Faro Navarro ingresó al emblemático Frayba, creado por el obispo Samuel Ruiz García en 1989. Durante ocho años estuvo en la dirección y desde ahí vio crecer la conflictividad y las violaciones a los derechos humanos de la población indígena en un estado en el que, al mismo tiempo, la construcción de autonomía sigue siendo posible. A continuación la entrevista ofrecida a Ojarasca y Desinformémonos, en el contexto del relevo de sus funciones.

La cárcel: el que no lucha no sale. El Frayba desde siempre ha documentado la tortura y cómo ha ido cambiando de tiempo en tiempo. Actualmente esta situación llega a un estado sumamente crítico porque es parte de la epidermis del sistema judicial mexicano y del gobierno de Chiapas, de los operadores de justicia. Es una reproducción endémica que se propaga y afecta a toda la población.

Vemos que las fiscalías se han profesionalizado para ser fábricas de culpables. En este periodo hemos visto cómo la gente sale de la cárcel más por sus acciones de dignidad y exigencia de justicia, a partir de acciones sociales como la huelga de hambre, la solidaridad nacional e internacional, y las acciones que evidencian las violaciones a sus derechos y que el proceso legal transita en formalismos y ocultismos terribles. Esto quiere decir que el que no lucha, no sale.

Tan sólo en este periodo pudimos liberar a cinco personas, como Juan de la Cruz, que estuvo once años en la cárcel sin cometer ningún delito; o Marcelino Ruiz, que estuvo 20 años; Adrián estuvo 17 años; y Germán y Abrahám estuvieron 13 años. Son personas indígenas que entraron a la cárcel casi monolingües, que no sabían cuáles eran los delitos que les estaban imputando y sin posibilidad de defensa. Los detuvieron de manera arbitraria, los torturaron y su debido proceso se pasó sin pruebas sustanciales para poderlos sentenciar. Les dieron penas altísimas. A Abrahám y Germán les dieron 75 años, a Marcelino 50 y así se van.

Narcotráfico, migración y tráfico de personas, los negocios más jugosos del crimen organizado. Desde que entré al Frayba identificamos que había grupos criminales en los territorios, que estaban controlando los Altos, la zona de selva y selva fronteriza. De esto no se hablaba claramente en las comunidades. Había cierto miedo a denunciar al capo y a los criminales. No quiere decir que ahora no haya miedo, pero antes no se hablaba.

El narcotráfico y el tráfico de personas son los dos negocios más jugosos en Chiapas, siguen en aumento en el territorio, y lo denunciamos ante el gobierno. Lo que pasaba en Pantelhó, que después se destapó, lo denunciamos aunque no públicamente, porque valoramos los riesgos de meterse con los capos y la criminalidad.

Con Enrique Peña Nieto había una cierta contención. Ya estaban los grupos criminales y estaban actuando; se hablaba de una paz narca entre los grupos criminales. Había un acuerdo con los gobiernos, porque toda la criminalidad no puede suceder si no hay acuerdo con el gobierno.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, con su estrategia de abrazos y no balazos, y su posición de no confrontar a la criminalidad (que no quiere decir que yo esté de acuerdo con que se confronte como lo hizo Felipe Calderón), lo que provocó es que los criminales controlen los territorios y se apropien de la vida de las comunidades. Desde el 2018 a la fecha hemos visto una presencia de cuerpo entero, con toda la desfachatez posible, de los grupos criminales que se presentan en territorios como Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, Chamic, en la Frontera Comalapa.

No podemos decir que el actual es como el gobierno de Peña Nieto, que era un gobierno criminal y narco, igual que el del PAN. No podemos sostener esto con el gobierno de Andrés Manuel, pero las instituciones no se han limpiado, como el Instituto Nacional de Migración y sus vínculos con los grupos criminales.

Hace algunos meses vimos que de repente emergieron autodefensas a partir de El Machete con armas de alto poder. Ahí la incógnita es de dónde salen todas esas armas y a quién le interesa que se presenten en diferentes territorios grupos armados. Hemos visto que El Machete sí contrarresta a un grupo criminal, pero al parecer ahora está perdiendo el rumbo y se está convirtiendo en lo que quiso combatir. Esperemos que retome la ruta, pero en los últimos meses ha sucedido esto, como sucedió en Michoacán.

Militarización y Guardia Nacional. Chiapas ya estaba militarizado desde 1994. Desde entonces hay toda una serie de puestos militares para cercar a los zapatistas, aunque ellos ya hayan roto el cerco con los doce Caracoles. Pero aún así hay 72 puestos militares que aunque no tienen los efectivos de los años 90, sí son una presencia importante de inteligencia y vigilancia hacia los zapatistas.

En Chiapas hay una presencia de la Guardia Nacional que se vendió como de seguridad pública, por lo que no ha habido mucha oposición por parte de las comunidades y los pueblos. Hay una oposición muy importante en Chilón, donde protestaron contra la instalación de un cuartel de la Guardia. En el corredor de Chilón, Yajalón, Tila, hubo en los años 90 una estrategia paramilitar muy férrea y criminal de la que aún no sabemos toda la verdad. El grupo paramilitar más sonado fue Paz y Justicia, que nunca se investigó y ahí están las armas y las formas organizativas todavía.

Ataques a las comunidades zapatistas. Los territorios zapatistas son ambicionados por el poder económico y el poder político. Hay una pugna constante para despojarlos a partir de represas y de proyectos como el Proyecto Mesoamérica. Estos embates al territorio son constantes y ahora los vemos en los ataques y agresiones a las comunidades de Nuevo San Gregorio, por ejemplo, o de Moisés Gandhi, que son territorios recuperados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y tienen una base legal sólida que viene de la Ley de Diálogo y Conciliación en Chiapas, los Acuerdos de San Andrés, las declaraciones de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, así como del Convenio 169 de la OIT.

La particularidad de los actuales ataques a esos territorios es que los actores son difusos. El Estado queda aparentemente aislado de la conflictividad, pero tiene mucho que ver, porque mientras sea gobierno tiene la obligación de garantizar y proteger a toda persona que esté en el territorio. En todas las acciones contra los territorios zapatistas hay la presencia de un gobierno que se dice de izquierda y que ha generado una serie de proyectos sociales hacia la gente más pobre del país. Efectivamente están llegando esos recursos, pero la particularidad de esos proyectos sociales es que tienen un efecto sumamente capitalista e individualista que rompe las estructuras comunitarias y de asamblea, es decir, las formas de organización de los pueblos.

Hay una serie de tierras, vistas desde el capitalismo como ociosas, que los zapatistas no trabajan y por lo tanto estas organizaciones, comunidades o grupos de la criminalidad las quieren ocupar para acceder a estos proyectos del gobierno (Sembrando Vida). Y ahí están las formas de confrontación. El diseño, aunque no se haya hecho específicamente para atacar a los zapatistas, está produciendo un ataque estructural y contrainsurgente hacia esos territorios.

–A pesar de todos estos ataques, o por encima de ellos, los zapatistas se movilizaron el pasado 13 de marzo en seis puntos del estado. ¿Qué lectura le dio el Frayba a esta salida?

–De tiempo en tiempo, también, los zapatistas salen a decir “aquí estamos, estamos construyendo y actuando”. La manifestación del 13 de marzo fue una continuidad de su presencia en el sentido de lo que ya han declarado de diferentes maneras y en diferentes espacios, y es que ellos tienen una lucha frontal contra el sistema capitalista. Su opción es por la vida, por el derecho a la Madre Tierra, y en este ámbito se manifestaron contra la guerra en Ucrania. Fue su acción y vocación internacionalista y humana, con la que no se piensan a sí mismos si no se piensan en un nosotros.

Histórico desplazamiento forzado. Actualmente hay una gran crisis de desplazamiento forzado, casi histórico, en el estado. Tenemos contabilizadas cerca de 14 mil 893 víctimas de desplazamiento forzado y más de 6 mil 300 en situación de desplazamiento. Eso ha implicado una serie de impactos muy fuertes en la población. En Aldama, por ejemplo, han creado una serie de impactos psicosociales de terror. Son zonas de guerra.

Sólo en Aldama hay 3 mil 499 personas desplazadas intermitentemente, que cada vez que vienen los disparos hacia las comunidades tienen que salir, pero luego vuelven. De lo que sí están desplazados por completo es de sus zonas de cultivo. Esto viene desde el gobierno de Peña Nieto, pero se volvió más crítico con el de López Obrador. En Chalchihuitán hay cerca de mil 237 personas desplazadas, y en Pantelhó, 3 mil 205, aunque algunas ya han retornado.

En la zona selva, documentamos el desplazamiento en Chilón por un grupo armado llamado Los Peshtoneros, que actúan y desplazan a las comunidades. También está la lamentable acción continua de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) hacia el municipio de Moisés Gandhi, donde actúa de manera criminal. Es una organización que ha desviado su camino, y su ambición son ahora los programas sociales y vender la tierra. Actualmente hay dos comunidades zapatistas desplazadas por ella, la de La Resistencia y Emiliano Zapata.

Todo esto sucede ante el silencio total y ominoso de los gobiernos estatal y federal. Lo hemos denunciado de manera clara ante las instancias del gobierno y judiciales, pero no actúan para detener las acciones de corte paramilitar con grupos criminales.

Hay un desplazamiento muy fuerte también en la zona fronteriza de Nuevo San Gregorio Chamic por grupos criminales conocidos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Hemos recibido reportes de desaparición forzada y de desplazamientos de más de 50 familias. Nuevo San Gregorio es un pueblo fantasma y una zona de guerra.

Las poblaciones denuncian la presencia de grupos criminales vinculados con los gobiernos municipales en Comitán, Chilón, Ocosingo, Chenalhó, Pantelhó y aquí mismo en San Cristóbal de las Casas, con los motonetos y los grupos de poder que controlan los mercados.

Esto genera la sensación de muy alta inseguridad. Pero esperamos revertir estas acciones. Se han ido construyendo espacios para poder revertir la situación desde la sociedad civil, desde la diócesis de San Cristóbal, desde las organizaciones que estamos en el territorio y en los pueblos, para que no vaya en aumento. Los expertos dicen que éste es el principio de lo que sucedió en Sinaloa, Guanajuato o Guerrero, pero nosotros esperamos que no sea así, sino que podamos actuar. No esperamos nada del gobierno, porque vemos que los gobiernos no están actuando.

Chiapas es un desastre. Chiapas es un desastre total, como dijo el vocero presidencial a Doña Concepción Villafuerte, fundadora del periódico Tiempo y también del Frayba, junto con su esposo Amado Avendaño. No hay ningún gobierno, ni estatal ni municipal, que ponga orden ante la violencia galopante y en aumento continuo.

Mientras Chiapas siga en esas circunstancias y mientras los pueblos sigan luchando y resistiendo y construyendo alternativas de vida, el Frayba estará a lado de ellos caminando. Ése es el mandato que nos dejó Tatik Samuel Ruiz. Él decía que a él lo convirtieron los indígenas, porque a partir de la pobreza, la miseria y la discriminación optó por los pobres. El mandato y el camino del Frayba es con las luchas y resistencias de los pueblos.

Ahora, en este contexto, es más gloriosa la enseñanza de alta dignidad de los pueblos, tanto de los zapatistas como de los que están articulados en el Congreso Nacional Indígena (CNI), que van construyendo autonomía y libre determinación.

El relevo. Me voy con la misión cumplida, en el sentido de que nos tocó ser parte de un proceso, y de que afrontamos ese tiempo con el aprendizaje de los pueblos en su caminar. Diría que es una misión cumplida, aunque con muchos pendientes. Seguiré en la trinchera tanto de la defensa de los derechos humanos como de la poesía y de la construcción de lo que nos permita cambiar este sistema.

Esperamos que la debacle del sistema planetario no nos llegue antes y que podamos ver esta humanidad como la queremos y como ya se está construyendo en diferentes puntos, como en los territorios zapatista.