SAN MATEO DEL MAR: CRÓNICA DE UNA ANUNCIADA MASACRE INDÍGENA / 303

El dos de mayo de 2020, por la noche, varios sujetos armados realizaron disparos con armas de grueso calibre en contra de compañeros ikoots de San Mateo del Mar, mismos que, debido a la pandemia del Covid-19, mantenían un retén sanitario a la entrada de la agencia municipal de Huazantlán del Río, única entrada por carretera hacia las otras agencias y cabecera de San Mateo, resultando varias personas heridas y vehículos e inmuebles quemados. De inmediato fue emitido un Comunicado Público por parte de una mayoría de agentes municipales, colonias y barrios de la cabecera, así como el Alcalde único constitucional, denunciando estos acontecimientos, haciendo responsable de los mismos al presidente municipal impuesto por el gobierno estatal y el PRI, Bernardino Ponce Hinojosa, y a su asesor, el empresario constructor Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, y pidiendo la integración urgente de una Mesa de Atención, federal y estatal, para garantizar la vida, la seguridad y el patrimonio del pueblo de San Mateo, y la intervención de la CNDH para evitar la violación de los derechos humanos del pueblo ikoots.

Cuatro días después (5 de mayo), las mismas instancias comunitarias de San Mateo entregaron e hicieron público un oficio dirigido a la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, a la CNDH y a la Defensoría del Pueblo de Oaxaca, reiterando que: “...ante los actos graves de violencia, ataque con armas de fuego y vandalismo perpetrado por la policía municipal y del presidente municipal al pueblo y municipio de San Mateo del Mar, a quien no reconocemos como autoridad que nos represente, todo lo contrario nos están matando, mediante el presente solicitamos a ustedes medidas de seguridad para las comunidades que conformamos el municipio de San Mateo del Mar, ya que como saben hasta el momento no hay garantías mínimas, ni libre tránsito, por lo que se hace necesaria la presencia de seguridad estatal como lo solicitamos desde el primer momento... Por ello mediante el presente solicitamos urgentemente la presencia de la guardia nacional para todas las comunidades que conformamos el municipio de San Mateo del Mar, que realice recorridos y refuerce a la policía comunitaria de las agencias de Huazantlán, Colonia Juárez, Costa Rica, San Pablo y la Cabecera Municipal...”.

Reiteraron sobre “la instalación de una Mesa de Atención, para establecer la ruta a seguir ante la inestabilidad, inseguridad y ausencia de poder que se vive en nuestro municipio” y finalizan señalando: “...en el mismo sentido como autoridades y pueblo nos deslindamos de todos los actos violentos, uso de armas y demás actos que violentaron nuestras comunidades y nuestro patrimonio y nuestras vidas, como la muerte del C. Filemón Villalobos (agente suplente de Huazantlán del Río)...”.

El 22 de mayo, el mismo conjunto de representantes comunitarios del pueblo ikoots de San Mateo del Mar emitieron otro comunicado, dirigido a los organismos nacionales e internacionales protectores de derechos humanos y a “nuestros hermanos y hermanas ikoots que viven dentro y fuera de nuestro pueblo”, en el cual denunciaban que “nuevamente el mismo grupo armado, encabezado por el presidente municipal no reconocido, Bernardino Ponce Hinojosa, realizaron esa mañana nuevos actos de provocación en la Agencia de Huazantlán del Río y en la entrada del municipio, sin que hayan parado las intimidaciones y provocaciones de violencia...”, señalando ahí que “personas conocidas en la Colonia Reforma, al mando de Daniel Edizon y Pedro Arteaga, junto con la policía municipal, hoy se dedican a reprimir y violentar al pueblo...”.

Luego, en el mismo texto, señalan que “desde el primer momento han buscado la comunicación con las instituciones estatales... por lo que las omisiones de la Secretaría General del Gobierno y la Fiscalía General de Justicia del Estado implican una grave violación a los derechos de todos los y las ciudadanas, a la niñez y a la vida de toda la colectividad... Los ciudadanos de San Mateo del Mar no estamos en enfrentamiento intracomunitario, como nos están haciendo creer... porque nosotros NO MATAMOS a nuestros hermanos y hermanas, el municipio de San Mateo del Mar no es violento como lo están haciendo ver el grupo armado del actual Ayuntamiento...”.

Terminan exhortando al gobierno del estado de Oaxaca y a las instituciones creadas para atender y garantizar la paz social, “para que se realicen todas las diligencias necesarias para que en nuestro pueblo se restablezca el orden, el desarrollo y la estabilidad... y a los organismos de Derechos Humanos para que nuestro caso sea atendido con los protocolos necesarios para que no se sigan violentando nuestros derechos humanos individuales y colectivos...”.

El incremento de las agresiones contra el pueblo ikoots de San Mateo en resistencia, desatada en 2019 y 2020, se dan en el marco de dos hechos. Uno, el inicio de las obras de “modernización” del vecino puerto de Salina Cruz (ampliación de rompeolas y escolleras, con posterior dragado del fondo marino), en el marco del llamado Corredor Interoceánico, lo cual implicaría una grave alteración ecológica en el Golfo de Tehuantepec y en las Lagunas Huave (Laguna Superior, Laguna Inferior y Mar Tileme), rompiendo toda la cadena trófica marina y lagunar, constituyéndose así un ecocidio. Y si se considera la estrecha interacción e interdependencia existente entre la ancestral cultura ikoots (pueblo indígena eminentemente pescador) y su entorno biofísico lagunar, dicha alteración ecológica se constituiría en un consecuente etnocidio, siendo San Mateo el núcleo central de la resistencia histórica contra todo tipo de megaproyectos en la región.

En segundo lugar, las entonces autoridades municipales, encabezadas por el presidente Bernardino Ponce Hinojosa, fueron impuestas a través de una elección fraudulenta, con clara injerencia del gobierno de Oaxaca y del PRI, bajo una serie de acciones intimidatorias, violando abiertamente los sistemas normativos internos de San Mateo, a pesar de lo cual dicha elección fue avalada y reconocida por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

Como señalaron el 22 de mayo, los representantes de la autodenominada Unión de Agencias y Comunidades Indígenas Ikoots aceptaron de buena fe participar en una mesa de diálogo, la cual se instituyó solamente con instancias estatales y con muy bajo perfil, prevaleciendo el clima de intimidación y tensión en todo el territorio comunal y municipal, quedando latente el riesgo de nuevas y violentas agresiones, por lo cual, el siete de junio, el Alcalde Único Municipal y el grupo de agencias que lo respaldaban solicitaron formalmente a la CNDH el urgente otorgamiento de medidas cautelares, solicitud que fue respaldada por un colectivo de organizaciones civiles que apoyaban la resistencia ikoots de San Mateo del Mar.

Dicha solicitud de medidas cautelares fue negligente y criminalmente ignorada por la CNDH y por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, así como otras instancias federales como el INPI, que tuvieron pleno conocimiento del clima de violencia existente, y cuyas atribuciones y responsabilidades públicas les obligaba a actuar con diligencia, oportunidad y eficiencia para evitar esta masacre, dejándolo de hacer, por lo que resultan igualmente cómplices por omisión.

En cambio, el clima de impunes agresiones y provocaciones se intensificó el domingo 21 de junio a mediodía, cuando un grupo de comuneros que pretendían ir a la agencia de Huazantlán a preparar una asamblea general convocada para ese día en la tarde fueron emboscados a tiros por policías municipales y sicarios al servicio del presidente Bernardino, con un saldo de seis heridos de bala, tal como fue denunciado de inmediato mediante una Alerta-Comunicado público urgente.

Con la indignación popular desatada, la asamblea y autoridades tradicionales de San Mateo deciden continuar con su decisión de realizar la asamblea general convocada para esa tarde en la agencia municipal de Huazantlán del Río, trasladándose entonces a dicho lugar una veintena de camionetas colectivas llenas de gente, solicitándole a la Guardia Nacional que los escoltara.

Al llegar al lugar fueron recibidos con nuevas provocaciones y amagos de violencia, lo que finalmente desborda la ira popular, mientras que los elementos de la Guardia Nacional que, a petición expresa de los representantes de la Unión de Agencias y Comunidades Indígenas Ikoots estaban ahí presentes —mismos que, de acuerdo a su ley interna, tenían la obligación de mantener la paz y tranquilidad en el municipio y de resguardar la integridad y la vida de su población— literalmente huyen del lugar, resultando un lamentable saldo de 15 muertos y un número indeterminado de heridos.

Indignados por estos negligentes actos, el día 23 de junio del 2020, bajo la cobertura de Maderas del Pueblo del Sureste A.C., interpusimos ante la CNDH una queja contra la Guardia Nacional, por omisión y negligencia criminal, misma sobre la que, luego de un año nueve meses —y tras al menos dos solicitudes formales de parte nuestra— se emite la Recomendación 54/2022, misma que formalmente impugnamos el pasado 22 de mayo, debido a que, además de no considerar los derechos colectivos de San Mateo como pueblo indígena, emite únicamente una serie de medidas dirigidas a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, omitiendo por completo emitir recomendaciones explícitas tanto para la intocable Guardia Nacional, así como para la Policía Municipal y contra el ahora expresidente municipal, Bernardino Ponce Hinojosa, quien fue el responsable directo de toda la violencia desatada en el municipio de San Mateo.

Paralelamente, durante este periodo la Alcaldía Única Municipal y la Unión de Agencias y Comunidades Indígenas Ikoots realizaron formalmente un proceso de impugnación para el desconocimiento legal del cabildo y edil municipal espurios y para lograr el reconocimiento a sus sistemas normativos internos en la elección de sus autoridades locales, lográndose finalmente que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Xalapa, Veracruz, les diera finalmente la razón el pasado 17 de marzo de 2022.

Así, mientras la negligencia criminal queda impune, existen en cambio 161 órdenes de aprehensión giradas contra comuneros y comuneras indígenas, acusados de homicidio por los lamentables hechos del 21 de junio de 2020.

__________

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA AGUIRRE dirige la organización Maderas del Pueblo, con décadas de presencia en Los Chimalapas y el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.