EN MARCHA, LA NUEVA POLÍTICA CONTRAINSURGENTE EN GUATEMALA

Hay algo que debemos recordar de estos últimos días, a raíz del desalojo de la comunidad Nuevo Chicoyou, que vale decir que no es lo mismo que Chicoyoguito. Ambas comunidades pueden estar en el mismo territorio, pero son diferentes, aunque las dos las conforman población maya q’eqchi’. Este desalojo fue ejecutado por un juez de apellido q’eqchi’, pero bueno, tampoco es tan importante ahora, porque igual quien ahora está persiguiendo a ex fiscales, ex jueces, ex funcionarios de CICIG es también maya, sólo que kaqchikel; como muchos en la institucionalidad del Estado, posiblemente vive una crisis de identidad por la carga colonial que tiene encima. Funcionarios como él no pueden desobedecer a sus amos y colonizadores. No olvidemos que muchas sedes del organismo judicial y del ministerio público están en inmuebles de finqueros o narcos.

Un día después del desalojo, la Asociación en la Defensa de la Propiedad Privada, dirigida por Carlos Torrebiarte,1 convocó a una conferencia de prensa en la ciudad de Cobán, recitando al pie de la letra un artículo publicado en la página de Acdepro, como pluma invitada,2 en donde sostiene que “el Estado ha tardado en hacer su trabajo de desalojar a estas personas”, al mismo tiempo que tipifica los delitos que cometen los que él llama “usurpadores” porque “secuestran, intimidan”, delitos que no se “tipifican como tal, por el sistema de justicia”. Hace referencia al artículo 39 de la Constitución guatemalteca, relacionado a la propiedad privada, haciendo énfasis en la propiedad privada como “derecho humano”. Por otro lado, manifiesta que según la Constitución el “presidente es el encargado de la seguridad pública nacional”. Hay una violación al derecho al trabajo, porque según él, la “ocupación” de tierras paraliza toda la producción en las fincas.

Cuando hace referencia al código penal y manifiesta que “no debiera de existir un proceso legal en donde tengan que probar las personas su propiedad”, porque en el artículo 256 y 257 del código dice: “las personas que están en una propiedad y pretenden usurpar deben ser desalojados y aprendidos inmediatamente”, porque la “usurpación es un delito flagrante”. Y pone de ejemplo “el secuestro de una persona, o cuando a una mujer la están violando, no tiene que haber orden de juez para que la policía o hasta una persona privada intervenga para que no siga ocurriendo ese hecho”.

Se queja que “la Policía, el MP, el OJ, no están haciendo su trabajo correcto” y dice “vemos con mucha satisfacción lo que ocurrió el día de ayer de desalojo de estas personas que estaban en Chicoyoguito”, y lo pone como una esperanza, celebra que las instituciones sigan haciendo su trabajo y envía una felicitación a todas las personas y funcionarios que participaron en dicho desalojo, pero igualmente se queja, cuando afirma que esto ocurrió “en el año 2020 y ellos debieran haber sido desalojados inmediatamente”. Para Torrebiarte, pasaron “dos años para que destruyeran árboles, cortando árboles y propiedad” y según él, para que no suceda esto, debe ser en el momento. A pesar de ello, ve con mucha satisfacción que hayan hecho el desalojo y que sigan con la cantidad de desalojos que se tienen que hacer en el país.

Lo anterior sirve para comenzar el análisis del discurso de los miembros de ACDEPRO, del Observatorio para la Propiedad Privada y de la Cámara del Agro en relación a las “ocupaciones” de tierras y territorios por campesinos e indígenas que sólo están pidiendo lo que histórica y ancestralmente les pertenece; aunque a los terratenientes no les guste la categoría “ancestral”, ésa es la realidad. A los pueblos indígenas históricamente les fueron y les han arrebatado sus tierras y territorios, convirtiéndolos en mozos colonos y que ahora podemos tipificar como “una forma de esclavitud del siglo XXI”.

Este discurso de confrontación y odio que sale de la boca de los grupos de poder puede ser tomado como “nuevos tambores” de guerra, al utilizar no sólo el discurso del “desalojo”, sino la confrontación con los que llaman “chairos o comunistas”.3 Un discurso de odio que está generando más división en el país. Basta analizar los comentarios en las redes sociales, donde la mayor parte de la población, que ignora la historia de nuestro país, sigue creyendo el discurso confrontativo de los grupos de poder.

Un discurso de odio, que está generando nuevas formas de desalojo, como pasó el pasado 14 de septiembre contra la comunidad Marichaj en Cahabón, Alta Verapaz. Un intento de desalojo, perpetuado por policía privada y otros comunitarios. O los disparos y la destrucción de cultivos en la comunidad Dos Fuentes, en la Sierra de las Minas, de Purulha, Baja Verapaz, perpetuada por indígenas y campesinos, en donde se puede “suponer” que hay mano de algún finquero, por el interés de construir un destacamento militar en la Sierra de Las Minas y el fortalecimiento del destacamento militar “Santa Bárbara” de Salamá Baja Verapaz.4 El tema da para más.

__________

KAJK OJ MÁXIMO BA TIUL , antropólogo, filósofo y teólogo maya poqomchi.

Notas:

1.https://www.facebook.com/SamChunInforma/videos/494531979176958/, visto última vez el 15 de septiembre de 2022.

2. Luis Pedro Álvarez, https://www.observatoriopropiedad.org/pluma-invitada-el-derecho-de-propiedad-en-guatemala/, visto última vez el 15 de septiembre de 2022.

3. Carlos Torrebiarte, Feliz Cumpleaños Guatemala, https://twitter.com/acdepro/status/1569357010415632384/photo/1, visto última vez el 15 de septiembre de 2022.

4.https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/giammattei-anuncia-creacion-de-la-7a-brigada-de-infanteria-y-elejercito-revela-cuales-seran-sus-funciones/, visto última vez el 15 de septiembre de 2022.