NARCOTRÁFICO EN TERRITORIOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS

Marcelino Tangoa es el jefe de la comunidad nativa Unipacuyacu del pueblo Kakataibo, ubicado en Huánuco, en la Amazonía peruana. Asumió el cargo después de unos meses de consternación y temor al cabo del asesinato del anterior jefe de la comunidad, Arbildo Meléndez, en abril del 2020. A partir de allí su objetivo principal fue seguir exigiendo a las autoridades cumplir con la ley, asegurando jurídicamente su territorio a través de un título de propiedad colectivo y restableciendo la paz social en su pueblo.

Dos años y medio después aún no lo consigue. Lo que no ha cesado son las amenazas, el hostigamiento y la violencia en su territorio. Marcelino tuvo que abandonar temporalmente su comunidad. Sus compañeros soportan el asedio de intrusos y la profesora del único centro educativo, que se unió a los reclamos, abandonó la comunidad después de un intento de asesinato. Los responsables de este ambiente agreste en medio de la selva amazónica son invasores que se dedican a la siembra de coca, donde se produce y comercializa a través de vuelos en avionetas clandestinas.

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) acaba de publicar un reporte donde muestra que, en 2021, la siembra de hoja de coca avanzó especialmente en territorios indígenas, donde se reportan 15 mil 380 hectáreas, de las cuales 11 mil 102 corresponden a comunidades nativas (71% más respecto al 2020), y cuatro mil 278 a comunidades campesinas (22% más respecto al 2020). [1] Además, las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas, donde suelen estar asentadas muchas comunidades indígenas, han incrementado un 36% más respecto al año anterior, con un total de 12 mil 436 hectáreas de cocales.

El narcotráfico, en sinergia con otras formas de economía ilegal, está en disputa directa del control territorial amazónico. La información analizada refiere que, iniciada la pandemia de Covid-19, la débil institucionalidad estatal que existía en zonas lejanas se contrajo o desapareció, mientras que la criminalidad se fue expandiendo en algunas zonas de forma violenta. Prueba de ello son los 18 asesinatos en la Amazonía en dos años y medio,[2] una cifra récord para el Perú. El narcotráfico tiene además estrategias más sutiles para penetrar en zonas empobrecidas, donde ningún producto alternativo puede competir con la siembra de coca, demandada de forma abrumadora por los 21 millones de consumidores de cocaína del norte global.

Ocho comunidades del pueblo Kakataibo atraviesan esa situación, donde el caso de Unipacuyacu es representativo. Una comunidad cercada por el narcotráfico que muestra, a pesar de la buena voluntad de algunas autoridades del gobierno central, que la titulación colectiva, la erradicación de cultivos de coca o la protección efectiva de los miembros de la comunidad es una quimera porque en buena parte la implementación de esa buena voluntad se tendría que resolver en el mismo territorio, y allí no imperan las normas del Estado, impera el poder económico del narcotráfico capaz de corromper a todas las autoridades que se opongan a sus objetivos. Según información del Ministerio de Desarrollo Agrario, existen 64 comunidades nativas sin títulos de propiedad que se encuentran en zonas de conflicto y donde incluso se ha declarado estado de emergencia. Están asediadas por el narcotráfico, la tala y minería ilegal o el tráfico de tierras; es decir, territorios comunales cercados por la criminalidad organizada.

En nuestro trabajo de acompañamiento a estas comunidades, hasta el momento no existe una respuesta gubernamental efectiva para asegurar tierras indígenas donde existe violencia. Incluso con el reciente Mecanismo Intersectorial para la Protección a Personas Defensores de Derechos Humanos a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los avances son exiguos. A pesar que el mecanismo ha permitido la articulación de nueve instituciones gubernamentales, entre ellas la Fiscalía, los ministerios del Interior, Cultura, Ambiente, Desarrollo Agrario, Ambiente, DEVIDA, con la observación de organismos supranacionales, no se ha logrado entrar al territorio para titular la comunidad, ni proteger de manera efectiva las vidas de las personas defensoras que se encuentran amenazadas.

En estos dos años y medio de contracción institucional, ninguna institución pública puede garantizar cumplir sus funciones fiscalizadoras o simplemente hacer respetar la ley en estos territorios, si no son custodiadas por fuerzas militares y policiales. Los pueblos indígenas ya no son sólo barreras para evitar la destrucción de los bosques, hoy son también la primera línea que enfrenta a la criminalidad organizada, sin recibir ninguna ayuda pública ni estar preparados para ello.

Los resultados son claros: las víctimas del narcotráfico son pueblos indígenas, 11 de los 18 asesinatos son por esa causa. La presencia del Estado es urgente, pero antes, para operar en ese ámbito es necesario establecer protocolos de actuación en territorios indígenas donde existe narcotráfico u otro tipo de crimen organizado para evitar represalias, después de una interdicción. También es urgente cerrar las brechas de servicios oportunos y duraderos en territorio indígena, así como proyectos alternativos sostenibles que prioricen la economía indígena.

No se puede enfrentar por vías separadas la deforestación en la Amazonía para evitar el cambio climático, financiándolo con cuantiosos recursos, sin una efectiva protección a la vida e integridad de los pueblos indígenas en territorios donde las economías ilegales se imponen con violencia.

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LUIS HALLAZI es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos.