CONTINÚA Y SE EXPANDE EL GASODUCTO TUXPAN-TULA HACIA LA PUERTA DEL SURESTE

Mientras el gobierno actual ha hecho un despliegue mediático de su oposición a la compañía española Iberdrola, las alianzas con la corporación TC-Energía, de origen canadiense, han avanzado formidablemente para su expansión en América del Norte y ahora verse favorecida cual emisaria olmeca de “Puerta al Sureste”.

Haciendo gala de siete gasoductos, cinco en operación y dos en construcción, junto con los proyectos promovidos por el gobierno mexicano, esta empresa, antes TransCanada, acusada entre otros motivos por el uso de fractura hidráulica (fracking) y de violar múltiples derechos a su paso, con la generación y transporte de su “gas natural” se muestra como la alternativa energética para desplazar combustibles con alto contenido de carbono, destacando su anuncio de que participan en la reducción de las emisiones de gases con efecto de invernadero y otros contaminantes. La promoción de la empresa no queda ahí; también ostenta contribuir al crecimiento económico y al beneficio de los mexicanos y de la industria y, en particular, al desarrollo de los proyectos de infraestructura, léase la Refinería Dos Bocas, el Corredor Interoceánico Multimodal y el Tren Maya.

Ya el primero de agosto de 2021, Manuel Bartlett, director general de la Comisión de Electricidad, anunció el acuerdo de entendimiento entre TC Energía y la CFE para trabajar de manera conjunta, consolidar los proyectos de ambas empresas y “dar solución energética a los mexicanos”. En específico, comunicó que esto resolvería problemáticas heredadas de administraciones pasadas, entre ellas, el costo de cientos de millones al Estado mexicano —por un gas que se dice no fue transportado dadas las condiciones desventajosas de los acuerdos comerciales derivados del TLC y que por los problemas ocasionados a las poblaciones indígenas de Puebla.

Ante ello, Bartlett declara, por una parte, que habrá un papel más activo de la CFE y la unificación de los contratos de servicio en uno solo para beneficio del Estado y, por otra, terminar el gasoducto Tuxpan-Tula para concretar la transportación de gas del Golfo al centro del país. De manera adicional se deja ver la magnitud del entendimiento de ambas empresas y se da a conocer el desarrollo de un sistema de transporte de gas natural por mar desde Texas hasta el sureste del país con el fin de “resolver la falta histórica de gas en el sureste y generar un motor de desarrollo para la región”.

Si bien diversas organizaciones y medios han alertado del riesgo que implica este emprendimiento para el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México (CASGM), poco se ha reportado de la continuidad del gasoducto Tuxpan-Tula en la Sierra Norte de Puebla. Después de que AMLO anunciara a principios de 2020 el cambio de trazo como una forma de “salvaguardar los derechos comunitarios de los pueblos indígenas”, diciendo: “Sí les digo aquí, en San Pablito Pahuatlán, que aunque tengamos que pagar, pero no va a pasar el gasoducto por los cerros sagrados y no vamos a aceptar esas condiciones, vamos a proponer otros trazos que no afecten las zonas sagradas y no estarles pagando […] les digo, en el peor de los casos, no va a pasar el gasoducto por este cerro”. Siendo un cerro que está en la orilla de San Pablito Pahuatlán.1 Desde entonces hasta la fecha destaca la falta de información pública al respecto.2 Pese a la falta de información los plazos de las licitaciones y la operación misma, al seguir su curso, ha ido dejando rastros como éstos de Proyectos México (una entidad de “oportunidades de inversión” de Banobras y Hacienda) donde se actualiza el “diseño, construcción, equipamiento, instalación, operación y mantenimiento del Gasoducto Tuxpan-Tula en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo”, mostrando en su ficha del 14 de julio de 2021 el “Nombre corto del proyecto” que es el 0766 CFE: Gasoducto Tuxpan- Tula, con una inversión tipo Greenfield para el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas en un gasoducto de 283 kilómetros y una inversión de 9 mil 297 millones 400 mil pesos (o 458 millones de dólares a un tipo de cambio de $20.3).3 El contrato que se tiene dura hasta 2042. Según su propia localización todavía manejan el trazo “original” del gasoducto, como lo reportamos en Territorios del agua.4

Por parte de la Secretaría de Energía, a principios de 2022 se dio a conocer el cambio de ruta y una lista de localidades en el área de influencia de este nuevo trazo, el cual ahora abarca localidades de los municipios de Xicotepec y Huauchinango del estado de Puebla. De esa lista destaca las pocas localidades con la categoría de comunidades indígenas y su derecho a ser consultadas: de Xicotepec, sólo una de siete, y de Huauchinango, cuatro de diecinueve.5

Si hay ciertos indicios de que tocaría localidades de Xicotepec y Huauchinango, sabemos que llevan a cabo consultas y que si sus resultados son negativos comienzan a instrumentar la ingeniería de conflictos, los anuncios de prebendas a quienes acepten el paso del nuevo gasoducto y amenazas veladas a quienes sean vistos como críticos. Igualito que han estado haciendo con el Transístmico y el Tren Maya. Pero lo más grave y preocupante es que no hay un anuncio concreto por parte de la autoridad competente, no hay todavía un acto de autoridad contra el que la gente o las comunidades puedan ampararse. Pese al rumor creciente y a los rastros que crecen haciendo concreto que el gasoducto Tuxpan- Tula, aunque cambie de trazo, devastará y emprenderá despojos en toda la región de la Sierra de Puebla-Hidalgo, nadie sabe dónde realmente se geoposicionará, qué comunidades serán afectadas por donde cruzará el gasoducto.

Esto ha provocado un estado de zozobra permanente que ahora se extendió: ya no sólo tiene atemorizadas a las comunidades por donde se planteó el trazo original (que tocaría los municipios de Tuxpan y Tihuatlán en Veracruz; Francisco Z. Mena, Venustiano Carranza, Xalpan, Pahuatlán, Tlacuilotepec y Honey en Puebla; Tenango de Doria, Tulancingo, Epazoyucan, Zempoala y Atitalaquia en Hidalgo, más Hueypoxtla y Tula en el Edomex y San Antonio en Huehuetla, Hidalgo); ahora son las nuevas regiones donde la población teme cualquier gente extraña que prospecte, los camiones de la CFE, incluso las personas que desde los inicios del trazo original entraban en supuestos tours a hacer mediciones, sacar registros, grabaciones, videos, y palpar el ambiente sin que los pobladores se alertan que eran empleados del entonces TransCanada.

Mucha gente de ambas regiones “no siente la seguridad de que no vayan a pasar por aquí”, comentan aquí y allá. Además los síntomas de transformaciones ominosas están en todas partes. Se abren caminos que desembocan en “aserraderos que no conocíamos”. Se piensa incluso que mucha de esta gente que deforesta tiene tratos con los del gasoducto porque mientras más devastada esté la región, “menos pretextos podremos invocar los pueblos”. Tras los talamontes llegan quienes abren bancos de materiales y minas de todo tipo, pequeñas, casi hoyancos y otras de mayor envergadura y hasta tajos a cielo abierto que de pronto aparecen en diversos rincones de la región. Se han intentado incluso derribar bosques completos de encinos con tal de abrir minas, pero a veces esos bosques, y las comunidades que los cuidan, corren con la buena suerte de que hay autoridades que sí frenan el despojo y la imposición.

Parece un crecimiento de la devastación que alguien podría calificar de baja intensidad pero no es nada leve. Es ominosa y cínica, porque es casi una provocación para desestabilizar la región. Cuando la gente ha protestado por la apertura de minas o de bancos de material, el gobierno enfrenta a quienes protestan alegando que pagan sus impuestos.

En otras regiones nos comentan: “Llevamos seis años de lucha. A quienes nos quieren invadir los encontrábamos en todos lados. Midiendo con sus aparatos. Proyectos del gobierno, nos decían. Y la autoridad local nos mentía diciendo que no sabía nada, que ni los había visto”.

En general la gente no entendía y pensaba que tal vez iba a traer beneficios. Pero los viejos alertaban “esto es una bomba de tiempo”. Y comenzaron a informarle a la gente. Y así se fueron organizando porque no era posible que no se hiciera nada. Así llegaron varios abogados afines con la defensa de los pueblos y comenzó el ciclo de amparos. La empresa incluso hizo una comida enorme para convencerles. Y las autoridades con la empresa, según el decir de la gente, estaban “a la mano”. “Los vamos a llevar en autobús a un recorrido por sus propias tierras para que vean que no pasa nada. Varios de los hombres tenían miedo pero las mujeres se pusieron bravas y sacaron en varias ocasiones a gente de la empresa que llegaba a explorar. Se hicieron guardias de días para que nadie pudiera entrar a trabajar”. Pero como el territorio es vasto, las guardias no se daban abasto, la empresa y sus operadores no se estaban tranquilos. Vinieron con la Secretaría de Energía y hubo pueblos que tocaron las campanas y con toda la población de algunas comunidades los corrieron. En otras zonas comenzaron entonces a levantar a las mujeres y ellas resistían y finalmente los pudieron correr.

En toda la región se ha insistido en que la lucha haga “resistencia pasiva” sin violencia pero deteniendo las camionetas que han querido avanzar los trabajos.

Todo esto ha afectado incluso la relación de TransCanada con el gobierno porque durante varios años el gobierno les pagó por un gas que la empresa no ha transportado porque ni siquiera hay construcción.

Luego enviaron un perito para discernir “objetivamente” si eran indígenas o no y en las oficinas de gobierno le firmaron que no eran indígenas y la gente de diversas comunidades ha tenido que demostrar que sí son, lo cual no deja de ser aberrante en un país que dice reconocer la autonomía y la autodeterminación de los pueblos.

Como se ha demostrado ante múltiples emprendimientos, una de las primeras estrategias de las empresas es la falta de reconocimiento de los pueblos como comunidades indígenas para eludir la consulta a los pueblos originarios conforme al Convenio 169 de la OIT; tal cual sucedió a las comunidades agrupadas en el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo, las cuales se vieron orilladas a tener que “demostrar” su origen indígena en el marco de la lucha legal en defensa de su territorio. Finalmente, tras varias reuniones y diagnósticos paralelos independientes, el perito terminó reafirmando que sí eran indígenas... uf, cuánta duda y revolcón para darle la vuelta a los pueblos.

La lucha organizada de los pueblos evitó que el gasoducto cruzara por su territorio; no obstante, como bien advirtieron representantes del mismo Consejo, “se desplazará la afectación, pero la destrucción del ambiente será el mismo, cerca o alejados será el mismo” (La Jornada de Oriente, 28 de enero de 2022). Aun cuando la afectación y la destrucción sean las mismas, cabe destacar que las condiciones para la organización son otras: cuando se conformó la defensa por el territorio en contra del gasoducto, se hacía en un contexto en el cual se luchaba en contra de un gobierno neoliberal y sus reformas estructurales; ahora se declara que éste es otro régimen y que es otra la política.

En ese marco cabe preguntarse: .de qué soberanía energética estamos hablando? El gasoducto es de la misma corporación canadiense, antes TransCanada ahora TC Energía, que transportaría el mismo “gas natural” desde Texas. Ahora se promueve como un proyecto de la CFE o incluso como el “gasoducto de López Obrador”, pero nos encontramos con una novedad: bajo el buen entendimiento y mejores contratos, la empresa canadiense no sólo es favorecida sino también fortalecida con un nuevo proyecto: “El Gasoducto Puerta al Sureste”, alianza entre TC Energía y la CFE, abriendo el territorio a los intereses corporativos bajo la regulación del Estado. Así las transfiguraciones de la actual administración.

Y mientras sigue la evaporación y nueva aparición de discursos que ahora insisten en que éste es “un gasoducto del pueblo”, la descomposición de la amplia región de Puebla- Hidalgo continúa, se expande y recrudece.

Como decíamos, la gente no tiene la seguridad de que el gasoducto no cruzará sus tierras, o no se apoderará de sus manantiales. El agua, siendo un ámbito de comunidad que se ha cultivado entre la gente de todas esas cañadas, ahora se dan cuenta que se la roban hasta para proyectos turísticos que hacen cascadas artificiales para atraer a los visitantes dentro del perfil de Pueblos Mágicos, que como dice el refrán, “son mágicos porque por arte de magia te desaparecen todo lo que más le importa a las comunidades”. Ahora, pese a la cantidad de agua de esas cañadas, se empuja a que la gente pague el agua y se impulsa la construcción de embotelladoras, o que el servicio en casa se pague. O redes directas que llevan agua para el papel amate que se trabaja en San Pablito.

Y si bien con la pandemia bajó la tala, ahora que todo se abre también, como en el resto del país comienza la imparable deforestación en aras de invernaderos y plantaciones. Tan sólo se habla de 3 mil invernaderos en las partes “de arriba”. Muchos son invernaderos de jitomate y se habla de que en las cercanías hay gran presencia del ejército.

Se han perdido muchas variedades de maíz y lo único que importa es el dinero, como dice la gente: “Se produce zanahoria, pero también se trae zanahoria de fuera. Se quema gas y se importa gas, porque no importa la contradicción, sino el dinero que se mueve”.

Así entonces los pueblos comienzan a entender que tienen que emprender la lucha por solicitar la situación legal del gasoducto, porque sin papel legal termina siendo una maniobra ventajosa del gobierno para con la empresa. Se tiene que saber cuál es el trazo, cuáles las comunidades afectadas directamente, cuánto dinero implica la indemnización contemplada, el plano real de lo que va a ocurrir.

En tanto, las comunidades siguen reivindicando su Consejo Regional y comienzan a entender que tienen que establecer salvaguardas para sus ámbitos de comunidad, sus bienes comunes, sus asambleas y sus instancias de gobierno propio, con su presupuesto de la federación en directo, para protegerse de todo el universo de las afectaciones que quieren imponerles desde tantos rincones del poder y la corrupción. Y la gente tiene clarísimo que sólo serán las comunidades quienes defiendan su vida propia y sus territorios.

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