LA 2° ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA. DE CARA AL SAQUEO Y DESPOJO

Después de seis meses de la primera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida celebrada en la comunidad nahua de Santa María Zacatepec entre la región de los Cholultecas y los Volcanes en Puebla, el pasado 18 y 19 de febrero se encontraron nuevamente pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos, redes y defensores en Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro. A partir de la convocatoria lanzada por el Congreso Nacional Indígena, se reunieron en el Barrio Quinto del pueblo ñhöñhö más de 500 personas provenientes de 18 estados del país y originarias de otras seis naciones para “encontrarse y escucharse, visibilizar, denunciar y construir en conjunto”.

“Venimos acá para aprender”, se escuchaba en la asamblea, y compartir que “somos agua”, que “el agua es fiesta, es alegría, es la vida”, pero también para pensar en colectivo y de manera conjunta. Bajo el principio de que “no es sequía, es saqueo” y en un contexto de incremento de la violencia, la criminalización y persecución de defensoras y defensores del agua y el territorio, estuvieron presentes quienes han sido despojados de su vida o de los que aún no hay certeza: Antonio Díaz y Ricardo Lagunes, los 43 normalistas de Ayotzinapa, los comuneros de Ostula, Samir Flores Soberanes y las decenas de periodistas, activistas y mujeres asesinadas, y los miles de desaparecidos.

Desde esa crudeza, pero también con la esperanza, las guardianas del Río Metlapanapa e integrantes de Pueblos Unidos recordaron lo que se logra cuando los pueblos con organización deciden poner en sus manos la justicia y defender su agua, liberarla para el bien común y la vida. Es el ejercicio de la autodeterminación y la lucha por la autonomía, lo que han llamado la “Ley de los Pueblos”, lo que han trazado las comunidades congregadas en el CNI como la “construcción colectiva de acciones coordinadas y concretas en nuestros territorios, en nuestras geografías, promoviendo la autogestión, la autodeterminación, la resistencia, la organización y la autonomía de nuestros pueblos”.

La lucha es por el agua, y también por la tierra, la salud, una alimentación sana, educación, trabajo y vivienda: por la existencia de ser pueblos y el derecho a seguir siéndolo, desde luego en el territorio propio, pero, de igual manera, en los lugares adoptados como comunidades desplazadas y migrantes en las ciudades. Es así que esta 2° Asamblea por el Agua y la Vida se distinguió por la participación de pueblos que se encuentran en las grandes urbes, y en las cuatro mesas de trabajo se puso de relieve la relación campo y ciudad y la condición de los pueblos, tanto originarios como migrantes, ante la urbanización y los procesos de industrialización.

A través de integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca de la Anáhuac y del Pueblo Otomí residente en la Ciudad de México se destacó la resistencia histórica ante la colonización, urbanización e industrialización y, en tiempos recientes, la intensificación del despojo a partir de la expansión de la industria inmobiliaria junto con múltiples obras de infraestructura. Además de sustraer millones de metros cúbicos de agua y favorecer procesos de gentrificación y desplazamiento, ha despojado a los pueblos de sus humedales, bosques y tierras de cultivo con la anuencia de las autoridades e impactos de sus planes de desarrollo que amenazan con extenderse a partir de sus políticas de Registro de Pueblos y Ordenamiento Territorial.

En las ciudades y en las regiones campesinas, los pueblos y comunidades, al ser sustraídos del líquido vital “han trastocado su corazón”, se declara en asamblea, y se preguntan en colectivo: ¿quiénes son los que nos despojan, para qué y para quiénes? Se deja ver que los rostros del despojo son múltiples, tienen nombre, marca corporativa y partido político, pero hay un contexto compartido y una constante que destaca Carlos González, asesor jurídico e integrante del CNI, a partir de los compromisos consignados en los Acuerdos de Libre Comercio y con la ratificación del T-MEC, la continuidad de una política neoliberal y un marco legal que favorece el acaparamiento de la tierra y las concesiones del agua a intereses privados; todo eso en un contexto de continuidad del extractivismo, el despliegue de megaproyectos y militarización del país.

En voz de Sara, del pueblo ñhöñhö de Santiago Mexquititlán, se entrevé ese entramado y lo que se debate y está en juego como comunidad, pero también como país. El 31 de marzo de 2021, después de tres meses sin agua, por autodeterminación tomaron el pozo que provee del líquido vital al pueblo para evitar que pipas siguieran sustrayendo el líquido vital. Desde entonces su laguna, que ya estaba seca, da muestras nuevamente de su recarga y recuperación. No sólo están a la vista las consecuencias por la pérdida y recuperación de la gestión comunitaria del agua —tal cual lo destacaran también Pueblos Unidos ante la cancelación del pozo del cual sustraía agua la embotelladora Bonafont—, sino también el saqueo por obras hidráulicas, la perforación de pozos, el trasvase de los ríos, las tuberías y acueductos, que acaparan el líquido vital para los invernaderos, industrias y centros urbanos.

También “son sus leyes”, que favorecen y aceleran aún más el despojo, y de manera específica, la aprobación de la que se conoce como “la Ley Kuri”. Bajo el nombre de “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento”, aprobada el 19 de mayo de 2022, se prevé una mayor privatización del agua en Querétaro, su acaparamiento por la ciudad y la industria, y especialmente por la especulación inmobiliaria, como ya han alertado múltiples colectivos, organizaciones, activistas y académicos a través de la Red en Defensa del Agua y la Vida (Redavi).

En un contexto en el cual es evidente la confrontación por el uso y manejo del agua, es notable también, como constatara Ricardo López Ugalde (2014),1 la reducción de la producción milpera y la descarga de manantiales, mientras se prolongan las sequías y merman los bosques al paso que proliferan los proyectos inmobiliarios e invernaderos, y se desplaza la tierra de uso común por dominio pleno. Cabe recordar lo que este antropólogo distingue como el K’am dehe, que del otomí se traduce como “dejar flores, florear”, sentido que remite al “manantial al que se le hacen fiestas”. En torno de estas “aguas floreadas”, “de los manantiales donde brota el agua”, no sólo los ñhöñhö, sino la humanidad entera a lo largo de su historia, han conformado su sentido y relaciones de comunidad. Que siga entonces “floreciendo el agua” y el encuentro de los pueblos con su territorio y el líquido vital.

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1. Agua, territorio y poder. Análisis de la gestión y manejos diferenciados en torno a los manantiales de San Idelfonso Tultepec, Amealco. Tesis de Maestría En Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas. Facultad de Filosofía, Universidad Autónoma de Querétaro.