REPRESIÓN EN LA GRANJA: LOS CERDOS Y EL MERCADO MUNDIAL

En lo que va del año, el gobierno del estado de Yun lo que va del año, el gobierno del estado de Yucatán ha conducido e intensificado una política calificada de persecución judicial contra la comunidad de Sitilipech y simpatizantes de su lucha por el territorio.1 La empresa Kekén, subsidiaria de Grupo de Kuo S.A.B. de C.V. (GK), una de las principales productoras de cerdo en México, busca instalar una granja porcícola de grandes dimensiones que, en el suelo poroso de la península, únicamente causará devastación en los cuerpos de agua, el suelo y el aire que respira la comunidad de Sitilpech.

No obstante, la intensidad de la respuesta del Estado —que ha derivado en ocho personas con cargos penales en su contra y cuatro detenciones extrajudiciales por manifestarse— evidencia el gran proyecto económico de regionalización e integración de la península al mercado mundial. No es coincidencia que el mal llamado Tren Maya (TM) pasará en la proximidad de Izamal y Sitilpech, ni tampoco el aumento de la especulación inmobiliaria, la instalación de más fábricas, centros turísticos y el incremento acelerado del volumen de producción de cerdos. De 2006 a 2021, el valor de la producción de carne de cerdo se triplicó en Yucatán y el volumen en granjas aumentó 58%. Tan sólo en 2021, el estado registró la producción de 155 mil toneladas de carne y 193 mil toneladas de cerdos en pie.2

Mérida y los municipios colindantes concentran un volumen significativo de la producción porcícola dada su cercanía al puerto de Progreso, las fábricas de procesamiento de alimento de cerdo en Umán y las de empacado de carne en la zona metropolitana de Mérida. Esta región, aledaña al TM y compuesta por 38 de los 106 municipios, concentra el 91.7% del volumen de cerdos de la entidad. El municipio de Izamal, en el que se ubica Sitilpech, está tan próximo a esta región que está siendo absorbido por una dinámica de producción pecuaria para el mercado mundial.

En 2018, Semarnat autorizó a Grupo Porcícola Mexicano, S.A. de C.V. (también subsidiaria de GK) la instalación de una megagranja de 3 mil hectáreas y más de 24 mil cabezas de cerdo en Maxcanú, Yucatán.3 En la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se afirma que la megagranja requerirá una inversión de mil millones de pesos y que recuperará toda la inversión en menos de 5 años. Después de este periodo, la empresa puede continuar acumulando capital para invertir en más granjas y conectar con más corredores logísticos, como el México-Puebla-Progreso, mencionado desde el decreto de Zona Económica Especial de Progreso del entonces presidente Enrique Peña Nieto, implícito en el Acuerdo de Sustentabilidad de la Península de Yucatán y aún vigente con el TM. No es fortuito que Amazon instalara un centro logístico en Umán y Walmart otro en Mérida. De hecho, la logística de la industria porcícola es de alta escala y conecta con otras industrias: destaca la planta de Kekén en Umán, que tiene su propio gasoducto conectado a la red nacional de gas natural.4

La MIA antes mencionada afirma que en conjunto la “disponibilidad de agua” y la cercanía a la carretera Mérida-Celestún “representan atributos de gran ventaja logística, de abastecimiento y comunicaciones”. Por otro lado, la MIA justifica la construcción de lagunas artificiales utilizadas en las megagranjas para “tratar” agua residual con una norma que no sólo se aprobó en 1996, sino que ha demostrado ser insuficiente para atender la compleja problemática del agua a nivel nacional.5 Al tono de un acto de caridad, la empresa dice haber otorgado 800 de las 3 mil hectáreas para la “conservación” y facilitar “la participación de autoridades locales y académicas para realizar estudios de biodiversidad”. No deja de relucir cómo descartan a las comunidades ancestrales que han habitado ahí por siglos.6 Kekén en Sitilpech, la comunidad refiere que las autoridadesni siquiera les han entregado la MIA.7

La comunidad de Sitilpech se enfrenta con intereses del capital internacional, no sólo a una megagranja local. En 2020, GK reportó ventas netas por 45 mil millones de pesos, de los cuales 58.4% resultaron de la exportación a “mercados de Oriente... Japón, Corea del Sur, China, así como Estados Unidos, Canadá, Hong Kong y Chile”. En comparación, el gobierno de Yucatán registró un ingreso de 38 mil millones de pesos ese mismo año.8 En cuanto a toda la producción porcícola de Yucatán, la aduana de Progreso registró operaciones comerciales de exportación de productos derivados del cerdo por 17 mil millones de dólares en 2021, de los cuales 94.4% tuvieron como destino Japón y China. 9 Resulta extraño que pese a las denuncias de ambientalistas, comunidades afectadas y académicos, el gobierno del estado premió a GK con la certificación del programa “Entorno Activo y Saludable”.10

No es la primera vez que se reclama al gobierno del estado la persecución política de defensores de derechos humanos, laborales y ambientales. A 49 años del asesinato del líder sindical peninsular Efraín Calderón “El Charras”, es preciso recordar que no podemos permitir que siga ocurriendo la represión.11 No podemos jamás olvidar a los defensores del territorio, los 43, las y los periodistas a quienes se ha asesinado, y todas las personas que han sido silenciadas por darlo todo en aras de la justicia, sin recibir más que la muerte o el exilio. No es difícil deducir que el proyecto de integración regional de la península pueda decantar hacia un Estado de mayor autoritarismo, con los militares haciendo labores de civiles, el aumento de cuerpos de seguridad privada para resguardar zonas estratégicas, y el uso del aparato público para criminalizar a quienes ejercen su derechos constitucionales a la autodeterminación, manifestación y libertad de expresión.

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NOTAS: