LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS DE CHIAPAS / 315

Mayo de 2023

Baso el presente testimonio en mi experiencia cotidiana como reportero, enviado permanente del periódico nacional La Jornada para cubrir el movimiento social y político desencadenado el año nuevo de 1994 en todas las regiones indígenas de Chiapas. Residí en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en la región Altos del estado, desde la primera semana de enero de 1994 hasta mediados de 2014. En ese periodo, sobre todo los primeros 15 años de mi estadía, también pasé tiempo en diversas comunidades de los pueblos mayas en la selva Lacandona, los Altos y la Zona Norte. En algunas comunidades tojolabales, tseltales, tsotsiles y choles llegué a sentirme en mi casa, la de ellos.

Mi trabajo fue escucharlos, presenciar sus acontecimientos y tragedias, documentar la evolución de su autonomía y la guerra soterrada emprendida contra miles de comunidades por el Estado mexicano, sus Fuerzas Armadas, sus servicios de inteligencia, sus versiones oficiosas de los hechos, las agresiones con frecuencia graves contra la población originaria de las montañas de Chiapas, de estirpes maya y zoque. De ello di cuenta cotidianamente en reportajes, crónicas y notas informativas publicadas en La Jornada y con frecuencia traducidas a otros idiomas y difundidas en el extranjero.

El movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), inicialmente bélico, pronto se tornó pacífico, aunque en resistencia, merced a una frágil tregua. A ésta, las acciones encubiertas y represivas del Ejército Mexicano y las corporaciones policiacas nacionales, estatales y municipales la ponían en riesgo una y otra vez.

Resultaba sorprendente e inusitada la extensión y coherencia del movimiento zapatista, compuesto prácticamente sólo por indígenas, con demandas muy precisas, expresadas desde el primero de enero de 1994 en la Declaración de la Selva Lacandona. Mostrando siempre una disciplina rigurosa y un control sensato de su capacidad de fuego, el EZLN tenía bases de apoyo organizadas en todos los municipios oficiales de población exclusiva o mayoritariamente indígena en Chiapas.

El conflicto ocupó centralmente la agenda política nacional y al gobierno de México. Encerrado en una cadena de negaciones, falsedades y medias verdades, el Estado se orientó a contener y destruir el movimiento rebelde desde los primeros días de 1994, aun durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, y de manera más clara y profunda desde el inicio de la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, en diciembre del mismo año.

Antes de llegar al punto central del presente testimonio, que es la desaparición forzada en la cabecera municipal de Sabanilla de Antonio González Méndez, choly base de apoyo del EZLN, el 18 de enero de 1999, cabe mencionar cómo se vivía cotidianamente la no declarada,ni reconocida por las autoridades, guerra encubierta contra el movimiento zapatista y organizaciones simpatizantes pero pacíficas, cercanas a la diócesis de San Cristóbal deLas Casas, a cargo del obispo Samuel Ruiz García. Estas últimas sufrieron con frecuencia masacres, desapariciones y desplazamientos. Pero el objetivo evidente eran las bases de apoyo zapatistas, buscando provocar respuestas armadas por parte del EZLN y anular la tregua decretada por el Congreso de la Unión con la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, en marzo de 1995. Apenas un mes antes, el 9 de febrero, el presidente Zedillo había ordenado la ocupación militar de los recientemente declarados municipios autónomos zapatistas; esto es, casi todas las regiones indígenas de Chiapas.

El Estado mexicano, a través del Ejército federal, puso en marcha el Plan de Campaña Chiapas 94 (dado a conocer el
3 de enero de 1998); con ello se establece la ofensiva contrainsurgente que definirá los acontecimientos posteriores. Las verdaderas implicaciones de la estrategia se verían en los siguientes cinco años.

La militarización fue directa en decenas de comunidades rebeldes, o bien gobiernistas y asociadas mayormente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), todavía entonces hegemónico, mimetizado con el Estado nacional, el gobierno de Chiapas y las Fuerzas Armadas. Para quienes observábamos el llamado conflicto de manera constante y presencial, se fue haciendo evidente un cambio drástico en la forma en que el Estado buscaba “resolver” el conflicto. Introduciéndose “en el corazón y el alma” de los pobladores, y “quitándole el agua al pez de la guerrilla”, tal como dictaban los manuales de contrainsurgencia del Pentágono aplicados en Guatemala y Vietnam.

Si bien estas estrategias se buscaron implementar en toda la zona de influencia del zapatismo, no en todas prendió (por ejemplo, en las cañadas de la Selva Lacandona). Donde se manifestaron primero de manera clara los “grupos armados civiles”, eterno eufemismo de paramilitares, fue en la Zona Norte de Chiapas, habitada mayoritariamente por mayas choles. En los municipios de Tila, Sabanilla, Salto de Agua y Tumbalá, la hegemonía oficial del PRI se transformó en el predominio real de la organización Desarrollo, Paz y Justicia, que pronto inició sus acciones violentas.

Algunos de sus líderes principales tenían antecedentes criminales en la región desde la década anterior; ahora se convirtieron en evidentes aliados del mando militar que ocupaba cabeceras municipales, caminos y poblados indígenas. Las cabeceras municipales de Tila y Sabanilla estaban controladas por Paz y Justicia; los respectivos párrocos vivían prácticamente sitiados en sus templos y el de Sabanilla, ciudadano español, pronto sería expulsado del país por el gobierno mexicano.

En otras regiones rebeldes, pese a la militarizaciónse mantenía la presencia pública de los zapatistas, que resguardaban abiertamente territorios en resistencia, organizados en torno a cinco “Aguascalientes” (centros de reunión y autogobierno zapatista). En la Zona Norte esto fue mucho más difícil, sobre todo a partir de 1995. La violencia del grupo civil armado se manifestaba constantemente. Comunidades de Tila y Sabanilla tuvieron que desplazarse, huyendo de los saqueos, las violaciones de mujeres y las ejecuciones, bajo la mirada impasible de las tropas federales y los cuerpos policiacos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene conocimiento de los importantes reportes publicados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y otros órganos defensores (incluyendo al Relator para los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas). La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha enviado observadores presenciales. Allí abundan los detalles, los testimonios y la documentación de los hechos ocurridos durante la guerra encubierta, también llamada de baja intensidad, “delegada” en grupos armados no militares ni pertenecientes al Ejército federal.

En agosto de 1995 iniciaron los Diálogos de San Andrés Larráinzar entre el gobierno mexicano y la comandancia general del EZLN, con la mediación de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) encabezada por el obispo Samuel Ruiz García y la asistencia de una comisión de senadores y diputados designados por el Congreso de la Unión, la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA). En más de una ocasión, las tensas y delicadas pláticas entre los rebeldes y el gobierno resultaban saboteadas por ataques armados en la Zona Norte, quema de ermitas, muertes y desapariciones.

Ya por entonces la Zona Norte se había vuelto difícil de transitar. Era particularmente peligrosa para observadores civiles, defensores de derechos humanos y periodistas. Con su cuartel general en Miguel Alemán, comunidad de Tila, Paz y Justicia diseminaba el terror entre los zapatistas y sus simpatizantes (identificados vagamente como miembros del Partido de la Revolución Democrática y de la iglesia católica del obispo Ruiz García).

Cuando en mi trabajo periodístico visitaba las comunidades y los campamentos de desplazados en Tila y Sabanilla, procuraba entrar por un lado y salir por otro, para no regresar a los controles militares, y sobre todo “civiles” de Paz y Justicia. De por sí pensaba siempre dos veces realizar esos recorridos. Entre 1996 y 2000, en más de una ocasión fueron agredidos, incluso baleados, observadores externos. El propio obispo Ruiz García fue atacado en dos ocasiones; la segunda, el 4 de noviembre de 1997, en compañía de Raúl Vera, obispo adjunto de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

Un aspecto digno de mencionar es la cercanía, por decir lo menos, del máximo mando militar en Chiapas, el general Mario Renán Castillo, con Paz y Justicia. Graduado en Fort Bragg y especialista en prácticas contrainsurgentes, puede ser considerado el arquitecto del plan contrainsurgente del gobierno que militarizó y paramilitarizó deliberadamente las regiones indígenas con presencia zapatista. Todo ello está debidamente documentado en informes que la CIDH conoce desde hace años.

Cabe mencionar también la paramilitarización posterior de Los Altos, en la región tsotsil. Con el inicio del año 1997 se generalizó en el municipio de Chenalhó la presencia de un nuevo grupo paramilitar que nunca se identificó bajo un nombre preciso. Como un contagio de la vecina Zona Norte, grupos civiles armados en visible connivencia con las tropas federales y los cuerpos policiacos (tanto para operar y entrenar como para el trasiego de armas) desencadenaron una cadena de agresiones contra comunidades zapatistas y de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas. La masacre de Acteal el 22 de diciembre de ese mismo año fue una tragedia anunciada. A diferencia de lo que ocurría en Tila, Sabanilla, y pronto Chilón (donde operó el grupo criminal-paramilitar Los Chinchulines), en Chenalhó la observación periodística y la documentación por parte del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) y otros organismos independientes fueron continuas; hubo incluso conmovedores reportajes en la televisión comercial. De nada sirvió.

Como parte de los corresponsales y enviados de La Jornada, cubrí los hechos de Chenalhó a lo largo de 1997. Diez años después publiqué el libro Acteal, crimen de Estado (Ediciones La Jornada, México, 2008), recapitulando lo ocurrido en Chenalhó ese año y los meses posteriores. La notoriedad de los hechos, en particular la masacre contra seguidores del grupo pacifista Las Abejas, no impidió que el Estado ocultara y negara su responsabilidad. La aplicación de justicia fue limitada y a la larga traicionada. El grupo armado nunca fue desarmado, no se castigó a los autores materiales, y la aplicación de la justicia contra algunos operadores del gobierno estatal de Chiapas fue insuficiente.

En 1998 la violencia paramilitar cundió en Los Altos de Chiapas. En el municipio El Bosque actuaba el grupo criminal de Los Plátanos, asociado abiertamente con el Ejército federal y la policía judicial. Ellos realizaron una masacre en la comunidad de Unión Progreso, ésta sí contra bases de apoyo zapatistas, mientras la cabecera municipal, declarada autónoma, fue ocupada violentamente por el Ejército federal, que a la vez realizó otra masacre, en la comunidad de Chavajeval. Ya desde 1997, el 14 de marzo, el Ejército y los cuerpos policiacos habían realizado la masacre de San Pedro Nixtalucum (El Bosque), asesinando a cuatro civiles zapatistas y desplazando a 80 familias tsotsiles.

En la Selva Lacandona opera entonces, con relativo éxito, el grupo MIRA. En Chilón, Los Chinchulines destruyen viviendas, roban y asesinan a simpatizantes del EZLN. En 1998, el gobierno de Chiapas, apoyado en este tipo de grupos extraoficiales, “desmantela” violentamente los municipios autónomos zapatistas de San Juan de la Libertad (El Bosque) en Los Altos, Amparo Aguatinta (Las Margaritas) en la frontera, y Ricardo Flores Magón en la Selva Lacandona de Ocosingo.

De alguna manera, en el periodo se “normaliza” la acción de grupos paramilitares, siempre negados oficialmente. Entre 1995 y 2000, en Tila, Sabanilla, Tumbalá y Salto de Agua se vuelven recurrentes los asesinatos, incluso con mutilación de los cuerpos, las desapariciones forzadas,las violaciones sexuales, la destrucción de poblados y el desplazamiento forzado de cientos de familias choles. El EZLN establece nuevos poblados, en tierras recuperadas tras el levantamiento, para sus bases de Los Moyos y otras comunidades de Tila y Sabanilla.

Se han documentado 37 desapariciones forzadas, 85 ejecuciones extrajudiciales y unas 4 mil 500 personas desplazadas por el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia en estos municipios choles. Como destaca en CDHFBC, la situación es conocida por la CIDH dentro del caso 12.901 Rogelio Jiménez López y Otros vs México.

Sirva toda esta relación para dar contexto a la desaparición forzada de Antonio González Méndez, investigada a fondo por el CDHFBC desde entonces, sin que hasta la fecha el caso haya recibido el beneficio de la justicia por parte de las autoridades.

Antonio González Méndez, integrante de las Bases de Apoyo del EZLN, al momento de su desaparición era responsable de la tienda cooperativa “Arroyo Frío” ubicada en la cabecera municipal de Sabanilla. Esto le hacía una figura visible del zapatismo, en un poblado que, como ya quedó asentado, se encontraba bajo el control de Paz y Justicia. Miembros suyos gobernaban los municipios de Sabanilla, Tila y Tumbalá. Esto es, la policía municipal y sus instancias de investigación trabajaban para Paz y Justicia, a su vez abiertamente asociada al Ejército federal ocupante.

Está identificado el presunto responsable de la desaparición, miembro de Paz y Justicia. Ello no ha servido para aclarar la desaparición de Antonio, y menos para hacer justicia reparadora para su familia. Aquí encontramos, como en decenas, quizás centenares de casos, la repetición de la impunidad como parte del patrón contrainsurgente. Resultaba evidente la protección de las fiscalías al actuar de los grupos paramilitares.

Es indispensable subrayar que, a la fecha, el gobierno federal mantiene una postura en la que niega haber desarrollado esta estrategia contrainsurgente. Esta negación inamovible representa un serio obstáculo para la resignificación de las víctimas, la búsqueda de verdad y justicia. Para avanzar en la procuración cabal de la justicia, resulta indispensable que el Estado mexicano supere esa postura que los mismos hechos han desmentido, lo cual además ha quedado ampliamente documentado.

Considero que la desaparición forzada y el muy probable asesinato de Antonio González Méndez forma parte del esquema de operación de la Organización Desarrollo Pazy Justicia. Es de hecho uno de los últimos episodios de ese lustro atroz en la Zona Norte. Con el cambio de gobierno(y de partido gobernante) en el país y en la entidad chiapaneca a finales de 2000, la beligerancia de Paz y Justicia disminuye, y más aún cuando el nuevo gobierno estatal de Pablo Salazar Mendiguchía encarcela a algunos dirigentes de dicha organización, aunque nunca son procesados ni condenados por su participación en los crímenes de la organización paramilitar.

En conclusión, estoy convencido de que la desaparición de Antonio González Méndez forma parte del modus operandi establecido en la Zona Norte de Chiapas por la Organización Desarrollo Paz y Justicia y sus aliados, con responsabilidad directa de los tres niveles de gobierno. Obedece a los lineamientos del Plan de Campaña Chiapas 94, del mismo modo que los numerosísimos incidentes y hechos violentos que a la sazón venían ocurriendo contra las comunidades que se encontraban en resistencia y construían pese a todo su autonomía como pueblos originarios.