LA POBLACIÓN CIVIL NO ES UN OBJETIVO
Patrullaje militar, Ciudad Juárez, Chihuahua, 2010 (Hecho en Ciudad Juárez, Ojo de Venado). Foto: Germán Canseco
Nos unimos a las voces, incluidos los llamados realizados por las Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y Tapachula, que se han pronunciado por la indignante situación de violencia que se vive en gran parte de Chiapas a causa de la complicidad y permisividad de las autoridades de todos los niveles ante la actuación de grupos de la delincuencia organizada, quienes disputan el control del territorio para las economías legales e ilegales.
Desde hace más de dos años se ha venido agudizando esta disputa caracterizada por un fuerte control social a partir del terror y la violencia armada. De acuerdo a notas periodísticas, y testimonios anónimos, alarma que entre las tácticas de los grupos criminales se toma como rehén a la población civil, utilizada como escudo de guerra, forzándola a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos.
El corte de suministros básicos, como alimentos, gasolina, gas lp, luz eléctrica o servicio de compañías telefónicas mantiene a la población en vilo y zozobra con impactos psicosociales importantes. Existe angustia, escasez e incluso la imposibilidad de desplazarse por miedo a represalias de los grupos en disputa.
Si bien la situación ha sido álgida en la Región Frontera, también en otros territorios se presentan situaciones de violencia, y existe el riesgo inminente de que se agudice.
El Estado tiene un deber urgente de protección. Es latente que la situación genere afectaciones y riesgos a la seguridad e integridad física, mental y emocional de la población, que en estos municipios se encuentran en terrible vulnerabilidad con múltiples violaciones graves a sus derechos humanos, lo cual se suma a la histórica marginación del territorio.
Denunciamos:
El incremento de distintas formas de violencia: asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, amenazas, agresiones, extorsiones como “cobro de piso”, toma o irrupción de asambleas comunitarias, reclutamiento forzado, desplazamiento forzado, despojo de bienes y de medios de vida. La población ha estado en una intermitente incomunicación que ha derivado en desabasto y encarecimiento de productos básicos
como alimentos y gasolina.
La interrupción de la vida cotidiana a partir del corte de servicios básicos como luz y señal de celular, así como la suspensión indefinida de clases y servicios de salud.
Múltiples violaciones a Derechos Humanos: el derecho a la alimentación, a una vida digna, a la seguridad, a la educación, a la salud, a la justicia, al libre tránsito y a vivir en paz.
La minimización de la violencia por parte del discurso oficial.
La criminalización de la población por parte de algunos medios de comunicación, desligando de su responsabilidad al Estado, y reproduciendo una narrativa estigmatizante y descontextualizada.
La respuesta insuficiente del Estado ante las denuncias de la población desde hace varios meses; pues no ha habido una estrategia integral que atienda las necesidades y que abone a una pacificación real.
Exigimos al Estado mexicano brindar atención integral a la población afectada directamente por
la violencia y a las víctimas por desplazamiento forzado. Atender las necesidades humanitarias de alimentación, salud y refugio. Garantizar seguridad para el libre tránsito. Una investigación imparcial y exhaustiva que identifique a los responsables de la violencia, y una estrategia integral, garantizando la seguridad de la población; no se considera la militarización como una respuesta duradera. Garantizar la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, defensores del territorio, y ciudadanía, particularmente en la Región Frontera y Sierra.
FIRMAN MÁS DE UN CENTENAR DE ORGANISMOS CIVILES Y COLECTIVOS DE TODO EL PAÍS.