CAPULÁLPAM NO SE SOMETE A LA MINERÍA

Este poblado de la Sierra Norte de Oaxaca parece un paisaje pintado. Los bosques serranos, los ríos, la flora y fauna endémica cubren un subsuelo atravesado por 50 kilómetros de túneles y socavones construidos por las mineras en la zona boscosa, acuíferos y tierras de cultivo, lo que, entre otras afectaciones, ha provocado la desaparición de catorce manantiales que alimentaban a la comunidad y a su entorno natural. Capulálpam, Río del Capulín por su significado en náhuatl, aunque es tierra zapoteca, lleva tres lustros luchando contra la explotación minera y el daño ambiental que provoca. Hoy continúa a la espera de una resolución jurídica que determine la salida de la empresa Natividad y anexas.

“Este proyecto de minería a cielo abierto pretende acabar con todo”, advierte Francisco García, presidente del comisariado de Bienes Comunales de Capulálpam, quien refiere el “cinismo” de los empresarios que les dijeron: “si el problema era el agua, les llevamos pipas”.

La comunidad acusa que la explotación de minerales ha violado los artículos constitucionales 2, 4, 6 y 27, sobre los derechos a un medio ambiente sano, al agua potable, a conservar su hábitat y a mantener la integridad de sus tierras comunales. Por eso tiene más de 15 años resistiendo. “Pasamos de la parte social y de movilización a la parte jurídica. Nos obligaron, porque sabíamos que entrando a lo jurídico teníamos desventaja, pues las leyes están hechas para proteger a las empresas. Pero tenemos ya un amparo en contra de las concesiones mineras”.

Actualmente existen aquí tres concesiones en aproximadamente mil hectáreas para la extracción de oro y plata, pero en la primera década de este siglo se concesionaron 50 mil hectáreas en la Sierra Norte, conocida también como la Sierra Juárez, a la minera canadiense Continuum Resources, Ltd, a la compañía minera La Natividad y Anexas, y a la empresa Sundance Minerals, Ltd.

En 2005, cuando inició la lucha contra la minería, el pueblo levantó demandas por daño ambiental, pues la minera tiraba sus desechos directamente al río, y lograron que la sancionaran. La empresa generaba su propia electricidad, con una planta movida por agua del mismo río contaminado, y “en un momento dejaron de usar la planta y llenaron ese canal de jales. Hubo partes donde se derrumbó y todos los desechos de plomo y mercurio, del sistema de flotación para sacar el oro, cayeron al territorio, en unas 50 hectáreas de terrenos de cultivo”, explica la autoridad.

Las aguas del río Capulálpam, que la minera Natividad contamina, se vierten en el río Grande que cruza la Sierra Juárez y desemboca en el Golfo de México, afectando a distintas comunidades, pues esas aguas ya no son aptas para el consumo humano ni para el riego de los cultivos.

La salud de la gente empezó a deteriorarse. “Llegaron el cáncer, las malformaciones, toda una historia de muerte”. En ese momento, señala el comisariado, la comunidad formó el Comité Prodefensa, que investigó y documentó con fotografías, testimonios y datos los impactos de la minería.

Actualmente continúa la batalla en los tribunales. Ganaron en un primer momento un amparo en contra de la determinación del gobierno federal de otorgar concesiones en territorios indígenas, pues el Convenio 169 de la OIT advierte que si hay afectaciones o puede haberlas no se deben entregar.

Como en el resto de las comunidades indígenas en las que se quieren imponer proyectos de despojo, lo primero que hizo el gobierno federal fue desconocer su origen ancestral. “Dijeron que Capulálpam no es un pueblo indígena y que no podíamos ejercer ese derecho”. El paso siguiente fue contratar un peritaje antropológico e histórico para demostrar que son lo que son. Y fue entonces que se admitió el amparo que tiene ya cinco años sin resolverse.

En 2018, dos años y medio después de haber iniciado el proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no eran viables las concesiones. Fue entonces que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, junto con la empresa minera, interpuso un amparo en contra de la determinación, lo que llevó a la comunidad a nuevamente presentar todas las pruebas. “Acabamos de terminar los dos últimos peritajes: el mapa topográfico para el que un perito federal vino a ubicar y demostrar que las concesiones están en nuestro territorio; y el peritaje antropológico que hizo la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)”, explica el entrevistado mientras recorremos parte de la comunidad. El momento actual es estratégico, pues ya debe dictarse sentencia.

–¿Después de tantos años, qué representaría para ustedes el fallo a favor?

−Un fallo a favor no sólo sería para la comunidad, sino para todo el país. Sería posicionarnos como legítimos dueños del territorio, como lo dice el artículo segundo. Si ganamos el amparo las concesiones que ya están no se van a quitar, pero seguiríamos en la lucha. Entendemos que el subsuelo pertenece al Estado, porque así dice la ley, pero el suelo es de nosotros. Aquí está nuestra historia, están nuestros muertos.

La defensa del territorio está organizada por la asamblea comunitaria. Existen la asamblea municipal, en la que participan todos los habitantes; y la comunal, únicamente para los casi 300 comuneros (de mil 800 habitantes). En el movimiento de oposición a las mineras no entran partidos ni organizaciones.

La decisión de decir no a la minería no inició hace cinco años con el amparo, y no ha terminado. Las asambleas son constantes y en todas se ratifica el acuerdo y se levanta un acta.

LA HISTORIA

Capulálpam de Méndez cuenta con 3 mil 800 hectáreas de territorio ancestral. Aunque zapotecos de la sierra, perdieron su lengua en las décadas de los 60 y 70, con la política de castellanización que implementaron los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo. La minería, que se había instalado desde la Colonia, hizo su parte en esta pérdida, pues en busca de trabajo llegaron personas de Chihuahua, Sonora, Zacatecas y Michoacán que llevaban lo “nuevo”: hablar español. “Somos un pueblo zapoteco sin hablar zapoteco”, resume Francisco.

Hoy, con orgullo, señala el comisariado que la comunidad cuenta con una escuela de zapoteco: “Mapeamos los parajes y preguntamos con los abuelos. No lo podemos pronunciar, porque no es tan fácil, pero se están haciendo cosas”.

Pueblo minero desde hace más de 200 años, aquí se acabó la agricultura, pues, cuenta con la extracción de metales “la gente ganaba dos o tres pesos y compraba sus alimentos en la tienda de raya”. En la pasada pandemia por Covid la comunidad realizó un estudio que concluyó que son 99.9 por ciento dependientes alimentariamente. Aquí, contrario a otras regiones de la Sierra, como Santa María Yaviche, no se producen alimentos. “Esto es un problema fuerte que tenemos en la comunidad”, reconocen las autoridades.

Durante la Colonia los españoles llegaron a esta región en busca de oro. “Cuando arribaron los conquistadores a Veracruz, la gente de esta parte bajó a llevarles tributo, y entre las cosas que les llevaron había oro. Por eso se vinieron hacia esta zona. Las haciendas más antiguas, del siglo XVII, son precisamente la minera La Natividad y otra que está en Talea de Castro: Santa Gertrudis”.

Entre 1993 y 1994 la empresa minera cerró sus actividades en Capulálpam, se arregló con los sindicatos y despidió a todos los trabajadores. Dijeron que se había acabado la veta principal de oro y ya no les era costeable. Capulálpam inició entonces una economía diferente, pues ya contaban con una empresa de madera de la propia comunidad. En Natividad, Xiacuí, Madero, La Trinidad y Yavesía, los pueblos de alrededor que también dependían de la minería, los hombres migraron. Capulálpam, en cambio, tiene uno de los índices más bajos de migración. La explicación, señala el comisariado de Bienes Comunales, “es que empezamos otra vida, empezó el turismo, y creamos empresas comunitarias”.

Durante diez años la comunidad se olvidó del capítulo de la minería, hasta que en 2003 apareció nuevamente el fantasma con una iniciativa del gobierno federal para explorar en la parte alta del territorio. El asunto llegó a la asamblea. “Se le dijo al gobierno que viniera a explicarles a todos por qué querían regresar y nos contestó que era un nuevo proyecto. Los geólogos que vinieron a hacer estudios en apoyo a la comunidad nos dijeron que no sabían si nosotros éramos bendecidos o maldecidos, porque resulta que no se acabó la veta, sino que en algún momento la tierra se movió y hay una falla geológica desde la parte alta de Capulálpam, Ixtlán y Guelatao”.

El oro que estaba abajo subió a la superficie. La minera canadiense lo tenía rastreado vía satélite y quería ir a corroborarlo. Su proyecto era a diez años, tiempo en que “iban a sacar la misma cantidad de oro que habían sacado en 200 años, en una minera a cielo abierto”.

No contaban con que la comunidad dijera que no. García cuenta que los capulalpenses recordaron su historia: “Los abuelos dijeron: ‘¿a poco ya se les olvidó?, ¿queremos repetir nuevamente lo que viene?’. Entonces empezó la lucha, no como un movimiento de moda, ni político, ni de organización, sino un movimiento comunitario basado en 200 años de historia”.

A partir del 2007, como represalia por su oposición, empezaron a recortarle el presupuesto al municipio. “Le dan como 3 millones de pesos al año, pero nosotros como empresas comunitarias generamos cerca de 10 millones al año. El gobierno le dijo al municipio que le cortaría sus participaciones municipales y casi por un año no le dio dinero, pero la asamblea acordó que las empresas comunitarias lo mantuvieran todo ese tiempo”.

Además de la forestal, Capulálpam cuenta con otras tres empresas: una de ecoturismo, una trituradora de piedra para hacer arena y una embotelladora de agua. Cada empresa tiene sus administraciones comunitarias nombradas en asamblea, y le rinden cuentas al comisariado en un primer momento, y a la asamblea. Todos los recursos que se generan se regresan a la comunidad en obras y apoyos para las escuelas o las fiestas.

REAPROPIACIÓN DEL TERRITORIO

En los 80 hubo una reapropiación de los territorios iniciando con el tema forestal. Una política pública consistió en dar “a las comunidades” una posibilidad de desarrollo con base en sus recursos. Como en la región había árboles, pusieron en Tuxtepec una fábrica de papel. “Y a la comunidad nos dejaron todos madreados por la mina y por la papelera”.

En esa misma época se dio una fuerte movilización de las comunidades serranas (en la que participó, entre otros, el pensador Jaime Luna), que logró la cancelación de las concesiones forestales que se renovarían por otros 25 años. Cuando el entonces presidente José López Portillo decretó la cancelación, les dijo: “a ver qué hacen con sus montes”. La propuesta de las comunidades consistía en que ellas mismas manejaran la madera de sus bosques. Y demostraron que no sólo podían hacerlo, sino que su uso sustentable fue reconocido mundialmente.

Capulálpam, junto a Xiacuí y Comaltepec, es de las comunidades con mayor tiempo en el manejo forestal. El aserradero comunitario lo crearon en los 80. Semarnat les autorizó la explotación de 5 mil metros al año, pero la comunidad sólo utiliza 2 mil 500 “porque por acuerdo de asamblea sólo cortamos la mitad del término de conservación”. La empresa genera alrededor de 20 empleos directos, y junto con los otros tres emprendimientos, ellos solos generan 150 empleos directos.

El discurso del “progreso” no pega en Capulálpam porque aquí la comunidad construye su propia alternativa al desarrollo.