OLVIDO DE LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS

Los Acuerdos de San Andrés Sakamch'en de los Pobres, firmados el 16 de febrero de 1996 por el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), parecieran ser materia olvidada por el Estado mexicano, la sociedad política y la denominada sociedad civil nacional e internacional, si es que aún existen estas últimas. Para quienes de manera directa vivimos intensamente tan interesante proceso de nuestra historia reciente, desde el mismo sótano en que observamos y padecemos la realidad nacional, cotidianamente constatamos que, más allá del mero discurso retórico, el Estado mexicano no observa ni vigila en lo más mínimo que se garanticen las condiciones para materializar el objeto y sentido de los “primeros” Acuerdos de San Andrés, a saber, los referidos en la agenda como “Derechos y Cultura Indígena”. En este sentido, en el ánimo de incidir en un diálogo e intercambio ante 30 años del levantamiento del EZLN, con todo respeto, a título personal y asumiendo todos los riesgos que ello implica, va mi palabra y pensamiento en prenda.

El principal elemento contradictorio en la definición del sujeto de derecho en San Andrés sigue vigente: para el Estado mexicano continuamos siendo “entidades de interés público” y no “sujetos de derecho público”. La materialización de este sentido de las cosas se aprecia en la expectativa desde la cual el INPI se convierte en instrumento del Estado para “garantizar” la observancia, que no cumplimiento, de los diversos preceptos constitucionales y lo establecido en convenios internacionales que, supuestamente, nos permiten hablar de reconocimiento de derechos de nuestros pueblos por parte del Estado mexicano. Nada más falso a casi 30 años de San Andrés; sería demasiado utópico e infantil pensar que alguna instancia o institución debiera garantizar el reconocimiento, que no ejercicio, de los derechos a la autonomía y libre determinación de nuestros pueblos. Podría afirmarse que, a décadas de distancia, los actores y el contexto han cambiado y, efectivamente, muchos ya no se encuentran y tampoco dejaron un testimonio ni testamento político para los tiempos venideros.

Dentro de los legados más importantes de San Andrés está la misma experiencia histórica que posibilitó, como pocas veces en este país, un proceso de diálogo y acuerdo nacional, entre pueblos en un primer momento, entre pueblos y EZLN en un segundo momento, y en el debate y apretado y disminuído acuerdo y consenso con el gobierno federal, es decir, los mínimos Acuerdos de San Andrés que finalmente fueron firmados. Hoy parece imposible un escenario tal que permitiera desde los contornos autonómicos de nuestros pueblos arribar a una estrategia de articulación nacional y resistencia contra el modelo neoliberal privatizador de tierras, montes y aguas de nuestras comunidades, que avanza galopante a través de los promotores de distinto nivel de este gobierno, iniciando por el Ejecutivo. Sin exageración podemos constatar en el Istmo de Tehuantepec, pero también en amplias zonas del sur y sureste del país, cómo en medio de la devastación de los ecosistemas, subrayado por un grado de violencia por los cárteles que no existían en los 90, los agentes del Estado —leáse Ejército, Marina y Guardia Nacional— son transmutados a empresarios y peones para concretar el modelo hemisférico de seguridad, comunicación y control que, evidentemente, favorece sobre todo a los intereses de los Estados Unidos. Pareciera que a los analistas y académicos les cuesta mucho apreciar cómo los agentes de este gobierno se están valiendo de las reformas salinistas del 92 en materia agraria para promover la venta, renta y/o asociación del capital bancario privado nacional y extranjero, convirtiendo a comunidades agrarias y ejidos en supuestos socios de las bondades del desarrollo neoliberal, pero bajo el régimen actual, como ahora pretende con una absurda Ley tributaria el actual gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara. En esta misma entidad, desde agosto de 2020, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación cometió el absurdo de emitir un dictamen de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, cuando esta Universidad es el resultado de las aspiraciones de un sector importante del movimiento indígena oaxaqueño, que lleva décadas interactuando en la definición de programas de educación indígena en diversos niveles teniendo como fundamento la comunalidad, el modo de vida de nuestros pueblos, como fundamento de los saberes en un proyecto histórico emancipatorio de educación superior, por supuesto alternativo a los modelos convencionales de frustradas y contradictorias aspiraciones “desarrollistas”.

Cualquiera que cruce el macro-istmo en este tiempo no podrá menos que admirarse y tal vez lamentarse de los cambios radicales que se empiezan a presentar en los territorios de las comunidades ayuuk, zoque, binnizá e ikoots, entre otros. De aquella exhuberante montaña que Humboldt observara en la mayor parte de su travesía por el Istmo en el siglo XIX, y que todavía el “chamaco” Covarrubias, entrada la cuarta década del siglo XX, celebrara desde las ventanillas del ferrocarril que transbordara en Medias Aguas para turnar hacia Tehuantepec, se desconfiguró, se devastó por el ímpetu desarrollista de los años 50 del siglo XX —lo que Ronald Night y Nemesio Rodríguez llegaran a percibir como la “destrucción del paraíso”, a propósito de la construcción de las presas e hidroeléctricas Miguel Alemán y Rizo de Oro, en la sangrienta década de los 70, mientras se desplazaba a miles de familias mazatecas y chinantecas de la cuenca del Papaloapan al entonces “inhóspito” Valle del Uxpanapa. Más al oriente, a fines de los 70, las familias de Michoacán y de Guerrero llegaban a trabajar a “El Trébol” en los aserraderos de la familia Sánchez Monroy, con decenas de los primeros habitantes chimas que poblaron la zona oriente de los Chimalapas, hasta propiciar a inicio de los 80 la gestación de su particular revuelta agraria, donde la detención de Ernesto Castellanos, cacique de la familia chiapaneca, fue un prematuro augurio de lo que acontecería en las cañadas de Ocosingo, Chiapas, doce años después. La cereza del pastel se llama Corredor Interoceánico del Istmo, sus trenes, que ya no fueron TGV sino el mismo “pollero” de hace 50 años, seguirán pitando intermitentemente con militares pero sin sindicatos entre los pueblos y los diez “parques industriales” — antes “Zonas Económicas Especiales”— que quedarán como tarea prioritaria del siguiente sexenio; éste no alcanzó a montarlos, en un contexto nada fácil de pandemia y narco, “peores cosas se verán”, del paraíso y el edén “sólo las cruces quedaron”.

Si las comunas o comunidades agrarias y ejidos de casi todo el país, pero sobre todo del sur profundo, no estuvieran matizadas por revueltas e historias que abonaron con sangre un Artículo 27 desde el Constituyente de 1917 y su posterior Ley Agraria, que propiciara que durante el cardenismo y en décadas posteriores se consolidaran comunidades agrarias de bienes comunales y ejidos, diría sin cortapisas que admito íntegra la propuesta del común y la no propiedad, como alternativa para un nuevo horizonte histórico de las tierras y nuestras luchas por ella en nuestro país. No obstante, la raíz histórico-epistémica de la comunalidad agraria indígena, particularmente en México, difiere correlativamente del común; en ese sentido pensamos que no hay una propuesta alternativa única, retrospectiva y prospectivamente, seguimos siendo parte del pluriverso comunal, para algunos probablemente en extinción. Recuerdo que en San Andrés, ayer al igual que hoy, el Estado mexicano rehuía a dialogar el tema de las tierras y los múltiples conflictos entre comunidades y latifundios de particulares, supuestas extensiones de “pequeña propiedad” dentro de los bienes comunales y/o ejidales. Toda una contradicción que no alcanza a resolverse por el simple discurso antineoliberal.

Para algunos personajes como don Juan, don Efrén o don Maurilio, que ya partieron pero aquí están, que venían de luchas agrarias e indias otras, con los purhépechas, los wixaritari o los yaquis, San Andrés llegó a constituir un logro importante del movimiento indígena nacional. Hubo capítulos que dialogaban con una cultura política hoy casi obsoleta, como la representatividad proporcional legislativa de los pueblos y comunidades indígenas, que en ese simple ámbito siguen vigentes, pues sus protagonistas no tienen interés alguno por impulsar el reconocimiento de los derechos políticos de los pueblos. Es casi materia olvidada y prácticamente rebasada por propuestas autónomicas otras que emergen con ejemplos vivos de autonomías de facto, que casi siempre son disminuidas por sendos actos represivos del Estado mexicano, como ha venido ocurriendo con los casos de Ostula, Cherán, Amilcingo y/o las propias Juntas de Buen Gobierno. “No dejes de luchar”, decía don Efrén, “por un gobierno obrero, indio, campesino y popular”, preocupado por la inclusión de la resistencia india en las otras luchas nacionales y urbanas cuando todavía confluían en manifestaciones que se hicieron tradicionales cada 10 de abril en la Ciudad de México.

La verdad, el título de este artículo es sólo una provocación. San Andrés no se puede ni se podrá olvidar; se seguirá pugnando por que la política oficial para los indios desde el Estado reconozca todos los derechos de los pueblos y comunidades en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El cambio de siglo con una multiforme cultura política nos lleva a cuestionar ahora todo tipo de fronteras, que relativizan cada vez más el alcance de aquel “Nunca más un México sin Nosotros”, en cuya formulación mucho tuvo que ver don Gustavo y el movimiento autonomista oaxaqueño, por llamarle de alguna manera. La utopística de la autonomía expresada desde las regiones autonómicas pluriétnicas ha quedado reducida a diputaciones circunstanciales que se pierden en la parafernalia de una partidocracia donde ya no caben las cuotas ni las cuitas de representatividad étnica.

Los indios en resistencia y en diálogo estamos creando nuestros propios ámbitos de autonomía, desde las comunidades y las universidades, como lo es ahora el caso de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO), que ni la CNDH ni la SCJN en su obtusa racionalidad política y jurídica alcanzan a comprender, ni siquiera desde sus propios parámetros, y se autoerigen como reprobatorios jueces de un sujeto de derecho que en la práctica está rebasando los ámbitos constitucionales para su ejercicio en tanto sujeto de derecho autonómico. Lejos están los ministros de comprender las raices históricas de nuestras luchas, más allá de la simple retórica lejos están de comprender la existencia de nuestro pluriverso comunal.

Gubiña gue'te' bia' zedi'di' bi nanda lu iza zenanda xtiidxa' Rigoola.