A FUERZA NI LOS ZAPATOS ENTRAN
La propuesta gubernamental de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, instrumentada en “consultas” a modo, ha generado rechazos contundentes en centenares de pueblos y organizaciones a quienes va dirigida de acuerdo a un catálogo de los que son “reconocidos” por el Estado. Se manifiestan en contra (en orden aletorio): comunidad autónoma Cherán K’eri, Michoacán; Colectivo Semillas de Resistencia Ñomtiuuncue, de nn’anncue ñomndaa, o amuzgos de Guerrero; diversos pueblos wixaritari, naayerij, o'dam y meshikan de la Sierra Madre Occidental; Consejo Supremo Indígena de Michoacán; Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de los pueblos mè’phàà y na savi en Guerrero.
Los pueblos chontales y itsemeños San José Chiltepec, Santa María Zapotitlán, Guadalupe Victoria, Santa María Candelaria, Santa María Ecatepec, San Miguel Suchiltepec, El Coyul de San Pedro Huamelula, Ciudad Ixtepec, El Espinal, San Dionisio del Mar, Piedra Blanca Guichicovi, 20 de Noviembre San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, Rincón Viejo Petapa, Jalapa del Marqués, La Chigola, Unión Hidalgo, Matías Romero y Santo Domingo Tehuantepec.
También Santa María y San Miguel Chimalapa, Oaxaca; Pueblo Negro AC de Guerrero; la asamblea de los pueblos masewual y totonaku de Puebla y Veracruz (“una ley que ofende la inteligencia”). Además: Movimiento Indígena de Hidalgo, y en la Península de Yucatán: el Consejo Maya Peninsular y las comunidades de Isla Aguada, Isla Arena, Ich Ek, Ixil, Telchaquillo y El Cuyo, Concejo Indígena Comunitario de San Francisco Suc Tuc, Concejo Indígena de Gobierno de Pisté de Chichén Itzá.
Y más que ya no cupieron en este espacio. Esa ley ¿a dónde va?