¿QUIÉN LE TEME AL MAÍZ MEXICANO LIBRE DE TRANSGÉNICOS?

Crece y se complejiza el enredo entorno a si el gobierno de México está protegiendo su maíz, y cómo, ante los embates del gobierno de Estados Unidos. En el escenario hay gente que hace eco de las acusaciones del lobby estadunidense, por lo que se considera una transgresión a las reglas del llamado T-MEC, reencarnación del TLCAN que este año cumplió treinta años.

Los términos del enredo y su juego de espejos fueron puestos en evidencia hace más o menos un año por GRAIN en un texto que intentó bucear entre las plantas acuáticas que atrapan las piernas y te obligan a los traspiés. Lo que parece irreal es que después del tiempo transcurrido —y pese a la continuidad de increpaciones, explicaciones y descalificación por parte del gobierno de Biden, y de los esfuerzos del gobierno mexicano por mostrar empeño en la defensa del maíz y a la vez probidad en acatar los términos del T-MEC— el empantanamiento en el entendimiento continúe. En su valoración GRAIN decía:

Según varios analistas, México ha emprendido un camino de defensa del maíz frente a las corporaciones. Para otras personas, incluidas las comunidades originarias guardianas con su vida del maíz, los argumentos públicos del gobierno mexicano no expresan el suficiente compromiso con la gravedad de la afectación.

Del lado estadounidense, el discurso de congresistas, lobbies y el propio secretario de Agricultura no manifiesta sino regaños y la amenaza de sanciones y juicios si no se obedecen los compromisos pactados en el tratado de libre comercio, absolutamente desigual, entre las partes. México está atado a ese acuerdo al haberlo aceptado con un estatus muy alto en las normativas del país. No sólo está en juego la soberanía alimentaria de la población, y su salud, el futuro de uno de los cultivos fundamentales de la humanidad, la integridad del biodiverso territorio nacional y latinoamericano, sino la soberanía del pueblo de México.

Esto hace eco con lo que el Tribunal Permanente de los Pueblos dijo en su sentencia relativa al maíz ya hace 10 años. El Tribunal, que incluyó sus valoraciones relativas al maíz en sus consideraciones finales para juzgar el proceso mexicano completo, afirmó:

En esta visión, que asumimos, los TLC son matrices de gobierno sustitutas que suplantan la legalidad de los Estados en todos los órdenes de la vida. Acuerdos, que pueden llamarse de cooperación o comercio o culturales o de transferencia tecnológica, pero que en el caso de las actividades agropecuarias, de pesca, pastoreo y producción rural de alimentos, establecen una serie de normas, criterios, requisitos, estándares, procedimientos, programas, proyectos y asignación de presupuestos, incluida la gestión de vastos segmentos de la actividad gubernamental como lo es la gestión y administración del agua, la sanidad alimentaria, las normas de calidad y sobre todo la competencia de los tribunales para dirimir asuntos cruciales, que implican que la normatividad que prevalece es la derivada de acuerdos comerciales o de cooperación, en detrimento de la legalidad nacional y de los derechos de la población.

En el entrevero del asunto está un decreto emitido a finales de 2020 con la intención de expresar que se prohibía el glifosato como insumo agrícola en nuestro país, pero de pasadita también el maíz transgénico. Las comunidades que se reconocen en la Red en Defensa del Maíz consideraron muy tibio el documento por remitirse siempre a las normativas vigentes, poniendo un candado nada tácito a la aplicación cabal del mencionado decreto.

Pero la declaración del gobierno estaba hecha y como hemos dicho se celebró el gesto y esto hizo ver al gobierno de México como un paladín de las causas ambientales, campesinas e incluso indígenas. GRAIN puntualiza en su valoración:

Para Estados Unidos, el decreto de 2020 fue suficiente para activar las alarmas y cuestionar que México prohíba, aun de modo paulatino, la importación de maíz GM y el uso del glifosato. Después de todo, Estados Unidos es la fuente principal de las importaciones mexicana de maíz (y 90% de la producción maicera estadounidense es GM).

A principios de 2023 México emitió un segundo decreto donde reduce sus exigencias casi al mínimo, pero poco después la representante comercial de EUA, Katherine Tai, anunció que “la Casa Blanca se muestra impaciente en torno a la disputa comercial que sostiene con México sobre el maíz GM” y anunció consultas de “resolución” apegadas a las reglas del T-MEC.

Este segundo decreto ha pesado mucho en las posturas estadunidenses que se enredan en los términos de referencia del documento, y lo contraponen con sus insistencias principistas y subjetivas, aunque el decreto de 2023 le haya bajado muchísimo más a los términos de referencia. Ya GRAIN lo aclaraba: “En este nuevo decreto, México afirma que no se trata de prohibir el maíz transgénico para uso industrial que se ha venido importando hace años y que de algún modo está en el centro de la disputa. Ahora, la fecha de cerrar las importaciones está abierta a cuando haya la disponibilidad de que ese maíz industrial pueda producirse internamente”.

El decreto del 2023 llanamente afirma: “de conformidad con la normativa aplicable, se revocarán y se abstendrán de otorgar permisos de liberación al ambiente en México de semillas de maíz genéticamente modificado, y se revocarán y se abstendrán de otorgar autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente modificado para alimentación humana”.

La Secretaría de Economía aclaraba: “Hoy en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación se publicó el Decreto por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado. Con este acto, queda abrogado el Decreto de diciembre de 2020 sobre la misma materia”. El núcleo del decreto es muy concreto: “El decreto prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla. Lo anterior no representa afectación alguna al comercio ni a las importaciones, entre otras razones, porque México es de sobra autosuficiente en la producción de maíz blanco libre de transgénicos”.

El camino ha sido muy largo. Desde las primeras constataciones de una contaminación transgénica y cuando la sociedad en pleno salió a defender el maíz a principios de 2002, con presencia de 124 organizaciones mexicanas y 14 organizaciones internacionales, el entonces Seminario en Defensa del Maíz dijo: Las importaciones de maíz de Estados Unidos que contienen mezclado maíz transgénico son la principal fuente de contaminación de las variedades de maíz nativo. Desde la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), las importaciones de maíz de Estados Unidos han alcanzado volúmenes récord: alrededor de 6 millones de toneladas anuales [la cifra actual es de 17 millones].1 En contra de la opinión de las organizaciones de productores el maíz fue incluido en las negociaciones del TLCAN, con un compromiso de protección “extraordinaria” a través de aranceles cuota que operaría hasta el año 2008. El gobierno mexicano en complicidad con las empresas importadoras, muchas de ellas transnacionales, ha permitido sistemáticamente la importación de maíz por arriba de la cuota y sin cobrar el arancel que era el único mecanismo de protección de los agricultores maiceros nacionales.

Siguieron años de mucha movilización y este foro o seminario terminó convirtiéndose en la Red en Defensa del Maíz, por un lado, con más de mil comunidades, organizaciones, entidades de investigación independientes y académicas, con una labor de plazo permanente por abajo en las regiones, y por otro la Campaña Sin Maíz no Hay País, que nuclea a otros grupos campesinos e indígenas y activistas que han buscado visibilizar las relaciones desiguales entre el gobierno, las corporaciones y el público en general.

No haremos toda esa historia que ya está contenida en muchas páginas web y en el libro El maíz no es una cosa, que narra los avatares de la Red en Defensa del Maíz y suma textos de pensadoras y pensadores, más declaraciones de la propia Red a lo largo de muchos años, por lo menos hasta 2012.

Pero después la sociedad mexicana, encarnada en colectivos, agrupaciones, comunidades y organizaciones de al menos 22 regiones del país, pudimos convocar al Tribunal Permanente de los Pueblos a venir a México. Se establecieron cinco razones centrales para la defensa del maíz que podemos resumir diciendo:

1. El maíz no es una cosa, es un tramado de relaciones. El ataque contra su cultivo y plenitud es un ataque contra los pueblos con quienes ha convivido durante milenios pero también es un ataque contra el sustento de millones de familias de agricultores. Su rentabilidad puede fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria del país si se contara con las políticas públicas apropiadas para lograrlo. Es el TLCAN (hoy T-MEC) lo que empujó el desmantelamiento de las condiciones para que la vida en la agricultura fuera viable, pues se privilegió la agroindustria corporativa.

Hoy en el panel de controversia en torno al maíz entre México y Estados Unidos lo que se juega no es sino la autoridad omnipresente que el gobierno de Estados Unidos y sus empresas buscan imponer. Todo lo demás son solamente modos de mentir y soslayar.

2. Las grandes corporaciones en todo el mundo se han propuesto el despojo, la erosión e incluso la criminalización de una de las estrategias más antiguas de la humanidad, que es el resguardo, el intercambio y sobre todo la reproducción libre de semillas nativas ancestrales y de sus variantes comerciales a partir de esquemas nacionales. Tienen dispuestas leyes para impulsar ese ataque y el T-MEC le da peso a estas leyes.

Los ejemplos más contundentes son la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, o “Ley Monsanto” y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. Pero también la Ley de Fomento y Protección del Maíz que ahora surge en el panel de controversia como la opción para que México proteja su maíz sin transgredir el T-MEC.

3. Lo que promueve ahora Estados Unidos es profundizar el registro y la certificación de variedades, lo que atenta directamente contra nuestro universo de variedades vegetales al promover la propiedad intelectual de las mismas.

4. También estamos ante una devastación general de la vida campesina en aras de conseguir vaciar los territorios que les importa acaparar para promover agroindustria corporativa, que debemos distinguir todo el tiempo de la agricultura comercial mexicana.

5. Por último insistir que tras de estos ataques hay un posicionamiento que busca profundizar el desmantelamiento jurídico, erradicar la producción independiente de alimentos, monopolizar la rentabilidad de un cultivo tan versátil —eliminando así toda la gama de sembradores que no sean corporaciones, desde pueblos indígenas hasta agricultores de mediana o pequeña escala.

Amparándose en el decreto actual del 2023, el gobierno mexicano insiste en que no ha violado ninguna regla del T-MEC y el gobierno estadunidense insiste en que sí. Como dice el gato de Alicia en el país de las maravillas, lo importante es ver quién manda. Sigue insistiendo como hace un año en la supuesta falta de pruebas que demuestren que el maíz transgénico es nocivo para el consumo humano y quisieran que México asuma sin chistar la aprobación automática de sus productos biotecnológicos. Más allá del enredo del panel de controversia, Ana de Ita ha puesto en claro una pieza que falta en todo este diferendo, al escribir: La propuesta de autosuficiencia alimentaria en un mercado abierto como el mexicano y con un T-MEC que impide cualquier obstáculo a las importaciones de Estados Unidos y Canadá deja como única posibilidad aumentar la producción y los subsidios de tal forma que el maíz nacional pueda cubrir las necesidades de la población a un menor costo que el extranjero. Si esto no ocurre, las importaciones inundarán el mercado interno independientemente de que exista producción mexicana.

En el mercado abierto asegurado por los tratados comerciales, el gobierno no puede establecer aranceles o barreras no arancelarias a las importaciones de otro país integrante. Así, las empresas pueden comprar el maíz donde mejor les convenga. La medida son los precios internacionales y las promociones ofrecidas por los gobiernos extranjeros como subsidios a la exportación, créditos blandos, tiempos de entrega, costos de transporte y un largo etcétera.

Entonces, sabiendo que las importaciones de maíz son por lo menos en parte transgénicas, que México está atrapado por el T-MEC y que las políticas nacionales de “autosuficiencia” no han estado “acompañadas por una política de fomento” sino “sometidas a una política de austeridad que redujo el presupuesto real”, estamos ante el lío de cómo no permitir las importaciones pero a la vez no abandonar a los agricultores comerciales (al desaparecer los mecanismos de financiamiento y los sistemas de comercialización) “a merced de la competencia en el mercado abierto sin ningún apoyo”.

Estar atrapados en el entrevero de las regulaciones internacionales y las políticas públicas nacionales vuelve más endeble la postura de México, pese a que no dejó de invocar el antiguo artículo 20 del GATT (de excepciones que deberían considerarse en los tratados) que a la letra dice: “Las Partes entienden que las medidas a que hace referencia el Artículo XX(b) del GATT de 1994 incluye las medidas en materia ambiental necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal, y que el Artículo XX(g) del GATT de 1994 se aplica a las medidas relativas a la conservación de los recursos naturales vivos o no vivos agotables.

Volvemos entonces a las conclusiones del artículo de GRAIN de hace un año: no es posible defender al maíz si no defendemos a los pueblos que tienen una relación con este cultivo; si no defendemos la agricultura comercial mexicana, que no podrá remontar la competencia desleal indisoluble de los Acuerdos de Libre Comercio como instrumentos para sojuzgar al Derecho y establecer sus designios en contra de la soberanía nacional.

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Nota: 1. Comunicación personal con Ana de Ita, directora del Centro de Estudios en el Campo Mexicano (Ceccam).