LARGO CAMINO A DÓNDE? LA CREACIÓN DEL NUEVO CONSEJO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS VUELTAS DE LA HISTORIA (II DE II) / 329

Concluye aquí el ensayo histórico del investigador universitario Sergio Sarmiento sobre el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, cuya primera encarnación ocurrió en 1975, a finales del sexenio de Luis Echeverría, aquí CNPI (1). En 2024, a finales del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se estableció un nuevo organismo con el mismo nombre, CNPI (2). Esta segunda entrega va del periodo neoliberal hasta el día de hoy. La primera parte apareció en nuestro número anterior (https:// ojarasca.jornada.com.mx/2024/08/10/vueltas-de- la-historia-cnpi-1975-2024-328-6988.html).

La imposición del modelo económico neoliberal se tradujo en una disminución de la participación del Estado en la economía y se abandonó todo aquello que oliera a populismo. El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, CNPI (1), no encontraba un lugar seguro en el espectro político a pesar de que su coordinador era diputado. Con un escaso apoyo del gobierno, la organización realizó su cuarto congreso nacional en Cuetzalan, Puebla. Poco antes, el secretario de gobernación Jesús Reyes Heroles decide dar un golpe de timón en el Instituto Nacional Indigenista (INI) y ordena encarcelar a su director. Las protestas por la detención de Salomón Nahmad no se hacen esperar a nivel nacional e internacional. Un sector del movimiento indígena apoya al exfuncionario ya que lo considera un aliado. Cirila Sánchez, chatina de Oaxaca, y el Jarocho de la CNPI (organización homónima y afín), toman las instalaciones del INI en defensa de su director. El CNPI (1) también lo defiende, pero ya no tiene la fuerza suficiente para lograr su excarcelación.

El CNPI (1) lleva a cabo su Cuarto Congreso Nacional al que no asiste el presidente Miguel de la Madrid y por lo tanto no escucha los reclamos de los dirigentes indígenas reunidos en la Sierra Norte de Puebla. Cuando los recibe en Los Pinos para conocer sus conclusiones, el mandatario habla de un nuevo indigenismo, de un etnodesarrollo y sobre todo de la actualización del INI. El nuevo director del INI, Miguel Limón Rojas, plantea la constitución de un Consejo Consultivo de las Comunidades Indígenas como parte del instituto para que puedan expresar y participar activamente los pueblos en el diseño y ejecución de la política indigenista del gobierno. Ya no menciona al CNPI (1), que se vuelve algo desechable ya que de ahí en adelante se crea una estructura dentro del INI para que, como parte de la institución, los pueblos participen en el nuevo indigenismo. El CNPI (1) deja de ser una organización y lo poco que queda de él pasa a convertirse en un apéndice del indigenismo.

El primer presidente neoliberal tuvo miedo a los pueblos indígenas organizados por el gobierno anterior y lo que hizo fue descabezar al CNPI (1) porque eso era simple y llanamente populismo. Pero algo tenía que hacer con los pueblos indígenas. El nuevo régimen tenía claro que con los pueblos originarios debía inventar algo novedoso que le permitiera tener una representación indígena organizada, pero bajo el control institucional. Después de destruir al CNPI (1) y desprenderse de los funcionarios “populistas”, De la Madrid creó un Consejo Consultivo en el INI en el que participarían mayoritariamente representantes de los pueblos indígenas, pero no era una organización y mucho menos una agrupación de los indígenas. Era parte de la estructura de la administración pública.

El gobierno neoliberal sabía de la potencialidad política de los planteamientos de los pueblos originarios. Se daba cuenta que el rumor indígena de rebeldía venía creciendo a lo largo y ancho del continente. El golpe al CNPI (1) se dio a mediados de los ochenta, cuando el gobierno mexicano ya se había comprometido con el gobierno español de festejar el V Centenario del descubrimiento de América.

Aun cuando fue un sexenio gris para los pueblos indígenas, sentó las bases de lo que serían las políticas “multiculturales”. Ante la organización independiente de los pueblos, los gobiernos neoliberales apostaron por la “inclusión” de representantes indígenas en las estructuras burocráticas, como parte de la burocracia indigenista y no como líderes de comunidades y menos como representantes de autoridades tradicionales. El caso más claro es cuando se entrega la educación indígena a la ANPIBAC.

El gran temor de los gobiernos del continente hacia los pueblos originarios es su organización independiente y la potencialidad de sus planteamientos filosóficos y políticos, que no encuadran en los esquemas teóricos ortodoxos occidentales, sino que apuntan hacia horizontes inéditos. Por este motivo, los gobiernos neoliberales y algunos progresistas desarrollaron un discurso multiculturalista que en el fondo tiene como objetivo absorber los planteamientos políticos de los pueblos y procesarlos para que pierdan su potencialidad política disruptiva.

Una vez establecidos los parámetros de la adecuación de los planteamientos políticos indígenas, los gobiernos bien podían hablar de multiculturalidad, plurietnicidad, etnodesarrollo, e incluso poner en manos de dirigentes indígenas las instituciones indigenistas, pero nada de autonomía y menos de autodeterminación de los pueblos originarios y los ahora denominados afromexicanos y mucho menos aquellas demandas que tengan que ver con sus territorios, recursos naturales y formas de organización política propia.

La desintegración del CNPI (1) no significó la desaparición del movimiento indígena nacional. Por el contrario,  generó una amplia gama de expresiones organizativas que se consolidaron a lo largo de los años ochenta y se manifestaron de forma madura alrededor del Consejo Mexicano 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, durante las acciones contra el llamado V Centenario. Sin mucha imaginación política, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari recurrió al viejo esquema corporativo priísta de los años setenta y desempolvó la estrategia echeverrista hacia el campo cuando constituyó el Consejo Agrario Permanente, en el que integró a varias organizaciones campesinas independientes con las oficiales para restarles beligerancia (Isabel Altamirano, 1991).

Frente al gran movimiento indígena que se construyó alrededor de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, el gobierno salinista creó el Consejo Indio Permanente, CIP, en el que participaron la CNPI, con Genaro Domínguez, la Unión de Comuneros Emiliano Zapata, UCEZ, con Efrén Capiz y Eva Castañeda, el FIPI con Margarito Ruiz, y la CNC por medio de su secretaria de Asuntos Indígenas. Al principio del CIP, el FIPI formo parte de dicha estructura, pero posteriormente la abandonó.

Fue tal la fuerza del movimiento indígena nacional que se desplegó contra el V Centenario a nivel continental con la Campaña 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular que obligó al gobierno a echar atrás su idea de una estructura indígena dentro del aparato del INI. La insurgencia del EZLN en 1994 hizo volar todo intento de neocorporativismo y de abrir espacios en la estructura del INI a las organizaciones indígenas. Pero la idea no estaba del todo desechada.

Cuando Vicente Fox está en campaña para la presidencia se reúne con dirigentes y organizaciones indígenas y les promete poner en sus manos la dirección del INI y enviar la iniciativa de la Cocopa a la Cámara de Diputados. El presidente Fox lo hace, pero no la defiende.

Ya como presidente, Fox nombra a Marcos Matías director del INI y, al mismo tiempo, crea una nueva oficina cercana a él para que diseñara una nueva estructura e idea sobre el indigenismo panista. A la cabeza de esa oficina nombra a Xóchitl Gálvez, una empresaria originaria del Valle del Mezquital que venía haciendo trabajo filantrópico en algunas comunidades indígenas. Con la creación de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el INI ve disminuida su acción hasta que su titular renuncia y poco tiempo después desaparece el viejo instituto. Durante los primeros años de su labor al frente de la CDI, Gálvez no había expresado abiertamente su autoadscripción indígena como ñhañhu, es mucho tiempo después que descubre la potencialidad política de su identidad étnica.

En el decreto de creación de la CDI se establece que, como parte de la nueva estructura del indigenismo panista, debe existir en su estructura un Consejo Consultivo en el que estén representantes indígenas para que puedan participar y proponer, diseñar, evaluar, etcétera, las políticas del gobierno. Este esquema se reproduce con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y resulta tan intrascendente que no provocan alguna reacción en el movimiento indígena nacional.

DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS AL FRENTE DE LA CDI, XÓCHITL GÁLVEZ NO HABÍA EXPRESADO ABIERTAMENTE SU AUTOADSCRIPCIÓN COMO ÑHAÑHU, ES MUCHO DESPUÉS QUE DESCUBRE LA POTENCIALIDAD POLÍTICA DE SU IDENTIDAD ÉTNICA

La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia fue resultado de un intenso trabajo político a ras de suelo del tabasqueño, principalmente en las regiones más pobres del país. Producto de ese encuentro fue la confianza que depositaron en él diversos pueblos indígenas y afromexicanos. En 2018 el candidato morenista ganó las elecciones por una amplia mayoría, fundamentalmente en las zonas pobres del país. Con el discurso de “primero los pobres”, se ganó la confianza de los pueblos originarios y afromexicanos.

La desaparición de la CDI, creación panista y paradigma del modelo neoliberal multiculturalista y de la transversalidad, despertó interés porque se pensaba que en el sexenio lopezobradorista habría un nuevo modelo de indigenismo alejado del neoliberalismo. Nombró a Adelfo Regino titular del nuevo Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). En el decreto de su creación existen elementos importantes sobre el espíritu que anima a la nueva institución, pero pervive un componente de la antigua CDI y que tiene su antecedente en el sexenio de Miguel de la Madrid cuando se decide a desaparecer el CNPI después de su cuarto encuentro nacional en Cuetzalan. En ese momento, el asunto pasó desapercibido porque López Obrador sorprendió al menguado movimiento indígena nacional al apropiarse el concepto de resistencia indígena y utilizarlo como elemento sustancial en el reclamo que hizo a la Corona Española y al Vaticano para que pidieran perdón a los pueblos originarios durante el proceso histórico llamado la Conquista de México.

Poco tiempo después, el presidente tomó la iniciativa ante la coyuntura política que se abría con las conmemoraciones en 2021 de los 500 años de la caída de la gran Tenochtitlan. Para evitar que esa coyuntura se convirtiera en un problema como le sucedió a Salinas de Gortari en 1992 durante el V Centenario, el presidente se adelantó a todos y recuperó la consigna de resistencia indígena que fue bandera del movimiento continental 500 años de resistencia indígena, negra y popular.

La coyuntura de los 500 años de la caída de la gran Tenochtitlan fue completamente diferente a los acontecimientos de 1992. Un sector importante del movimiento indígena nacional se sentía identificado con el gobierno lopezobradorista y se sumó a sus iniciativas. La parte independiente del movimiento estaba fragmentada y sumamente replegada en sus regiones y las más combatientes se encontraban enfrentadas a los megaproyectos del gobierno.

El EZLN y las organizaciones afines decidieron dar un giro histórico y en lugar de expresar su posición en la geografía nacional, decidieron realizar una “travesía por la vida”, es decir, un viaje por los cinco continentes, empezando por Europa y particularmente España, porque estaban convencidos de que el capitalismo no se puede humanizar y por lo tanto era necesario realizar encuentros desde abajo y con todos aquellos sectores sometidos por el gran capital. Con esta decisión de los zapatistas, el gobierno encontró la oportunidad para convertirse en el actor principal de las conmemoraciones de los 500 años de la caída de la gran Tenochtitlan. No se esperaba la pandemia de COVID-19, que hizo que las actividades con motivo de los 500 años se realizaron sin público. Lo que no impidió que se desarrollara una amplia discusión académica sobre la llamada conquista de México y el papel de los protagonistas y, también, algunas manifestaciones por las calles de la Ciudad de México, sobre todo de indígenas residentes y de los pueblos originarios de la capital.

El INPI apoyó de manera decidida los megaproyectos y realizó una consulta amplia para elaborar una iniciativa de reforma de ley sobre derechos indígenas y afromexicanos que recuperara lo que quedó fuera de la de 2001, conocida como la Ley Bartlett-Fernández de Cevallos, y que además reconociera a las comunidades como entidades de derecho público con el fin de que puedan recibir recursos de manera directa, sin esperar la buena voluntad de las presidencias municipales. En el marco de esta consulta, el INPI aprovechó asambleas para la elaboración de la iniciativa y sometió a consideración de los asistentes el Documento Marco para la conformación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, mismo que fue aprobado en sus términos como consta en las actas de asambleas con lo que se daba cumplimiento a la legislación nacional e internacional (Diario Oficial de la Fede­ración, 22 de septiembre de 2021).

Pero ¿qué es el nuevo CNPI? En el artículo 3 de su Reglamento se dice: “El Consejo es un órgano colegiado de colaboración, participación, asesoría especializada, consulta y enlace de los pueblos indígenas y afromexicanos con el Instituto y otras dependencias y entidades de la Administración Pública para analizar, proponer, opinar, recomendar y dar seguimiento a las políticas, programas y acciones públicas a fin de garantizar el reconocimiento y la implementación de los derechos y el bienestar integral de dichos pueblos”.

Dentro de los principios que rigen al CNPI (2), el Artículo 5, fracción VI respecto a la Participación dice: “es el derecho que tienen los pueblos indígenas y afromexicanos, a través del Consejo (subrayado mío) para incidir en la toma de decisiones en el ámbito del Estado mexicano”. Esto es, que ese derecho a la participación sólo se dará a través del CNPI (2).

En la estructura del CNPI (2) el cargo de Secretario Técnico es estratégico, pues no solamente es el funcionario del INPI que brinda asesoría y apoyo logístico a los integrantes del organismo, sino que tiene “el control de todas las personas integrantes del Consejo, incluyendo sus datos personales”.

La consulta indígena para la elaboración de la reforma tomó un par de años y una vez concluida, el comité de expertos creado exprofeso la entregó al presidente durante el evento en el que el primer mandatario pidió perdón al pueblo yaqui y se presentó el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. Una vez que entregaron la iniciativa, los que la elaboraron esperaban que el presidente la enviara, pasada la revisión de la Consejería de la presidencia, a la Cámara de Diputados. No fue enviada, se quedó atorada en la consejería jurídica presidencial y al parecer no estaba en las prioridades presidenciales.

Ante la cercanía del fin del sexenio y la evidente falta de voluntad presidencial de enviar la iniciativa al Congreso, el INPI se dio a la tarea de dar vida al CNPI (2) como una estrategia para tener presencia en la opinión pública en el momento del proceso electoral, apoyar a la candidata de Morena a la presidencia y llamar la atención sobre la necesidad de defender la iniciativa de derechos indígenas y poblaciones afromexicanas.

El 5 de febrero de 2024 el presidente envió 20 iniciativas de ley, entre las que estaba la de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Ese mismo mes el INPI convocó a los representantes que habían sido elegidos mediante una metodología que garantizaba la paridad de género y la representatividad de todos los pueblos indígenas y afro a la instalación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas en un acto en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. En su conformación se incluían tanto representantes indígenas de las comunidades del país como de aquellos que habían cruzado la frontera y se encuentran como migrantes en Estados Unidos y Canadá, además de las poblaciones afromexicanas.

Tras la instalación, el CNPI realiza su primera sesión ordinaria en un hotel de la colonia Nápoles. En esta reunión los asistentes proponen la elaboración de un pronunciamiento en apoyo total a las iniciativas, sin antes analizar la propuesta enviada por el ejecutivo.

En ese pronunciamiento, los representantes indígenas y afromexicanos del CNPI aseguran que el “corazón de esa iniciativa es el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio”. Con ello, continúan diciendo, “se reconoce la capacidad que tienen nuestros pueblos para hacerse cargo de su vida y destino, tomar sus propias decisiones de manera responsable y colectiva, administrar los recursos públicos y ejecutar las obras comunitarias y participar en la vida pública como entes colectivos en ejercicio de su libre determinación y autonomía, con pleno respeto a sus culturas, sus formas de gobierno y sus sistemas normativos”. Además, exigen a los diputados y senadores y a los congresos locales que aprueben la iniciativa e indican que los indígenas y afromexicanos del CNPI estarán pendientes de los avances del proceso legislativo. Por último, hacen un llamado a todos los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del país y en el extranjero a que “se sumen a esta histórica lucha para el reconocimiento de nuestros derechos colectivos”.

Una vez aprobado el pronunciamiento, los asistentes a la primera sesión ordinaria empiezan a discutir en mesas varios temas y en las relatorías se observa que algunos de los asistentes hacen observaciones en el sentido de que la iniciativa no es la que fue entregada al presidente porque faltaban temas como el del territorio y la representación política. En el inciso d de la relatoría se establece: “Hay dos temas importantes que no quedaron incluidos en la reforma, el derecho al territorio y el derecho a la representación política, por lo que se debe buscar por todas las vías dialogar con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para que en la medida de lo posible se incorporen estos temas”.

En el inciso f se abunda sobre la ausencia del derecho a la representación política, “...para participar en la vida política, económica, social y cultural y formar parte de los organismos y entidades públicas del Estado relacionados con el derecho de los pueblos como lo es el INE, los OPLEs, etc., y los Tribunales Especializados en la materia”.

Las observaciones hechas en esa sesión por algunos miembros del CNPI (2) eran compartidas por las organizaciones y comunidades indígenas, así como organismos de la sociedad civil como Servicios del Pueblo Mixe, Tlachinollan, Flor y Canto, Pro Juárez, entre muchas otras asociaciones, agrupadas en la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, ALDEA.

Esa primera sesión ordinaria concluyó con el nombramiento de Yaneth del Rosario Cruz Gómez, tojolabal de Chiapas, como coordinadora general del Consejo Nacional de Pueblos indígenas con 123 votos de un total de 162. En la sesión extraordinaria de junio de 2024 realizada en la Nápoles, el CNPI (2) analizó la situación del proceso de la iniciativa de reforma enviada por el presidente, así como la Reforma al Poder Judicial y su relación con los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicanos.

No obstante las voces que decían que en la iniciativa del ejecutivo faltaban temas de gran relevancia para los pueblos indígenas y afromexicanos, los asistentes insistieron en seguir apoyando la propuesta del presidente y también que continuarían vigilantes de las discusiones en las comisiones camarales.

En esta sesión extraordinaria se discutió la conveniencia que el CNPI (2) participara en las discusiones que se estaban dando con motivo de la reforma judicial, porque era importante que en ese proceso de reforma se consideraran los temas que tienen que ver con los pueblos indígenas y afromexicanos, como el reconocimiento de sus sistemas normativos internos, sus formas de aplicar la justicia comunitaria y también el derecho de que en los altos tribunales, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existan ministros indígenas. Esta propuesta fue aceptada y se formó una comisión que se pondría en contacto con los diputados de asuntos indígenas para solicitar estar presentes en las sesiones.

No obstante que muchos de los representantes indígenas y afromexicanos estaban conscientes de que a la iniciativa del presidente le faltaban temas importantes como el territorio, la tierra y los derechos políticos, continuaron con la posición de seguir apoyándola. Un hecho que puede resultar anecdótico, pero que adquiere un cierto sentido si se observa de manera general, se presentó en el momento en el que quien organizaba la reunión propuso a los asistentes los diseños que fueron elaborados para elegir el logotipo que identificara al CNPI (2). La mayoría de los presentes estuvieron de acuerdo en lo general en las propuestas que les presentaron. Estas consistían en un círculo que representaba los símbolos de la palabra mesoamericana y un bastón de mando, todo dentro de un círculo con las palabras Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Los representantes de las poblaciones afromexicanas no estaban completamente de acuerdo, ya que no se sentían representados por el diseño. No había un símbolo de los negros, por lo que proponían que se pusiera un tambor que los identificara y se añadiera el concepto de afromexicanos, porque siempre se ha usado únicamente el concepto de Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, a pesar de que también participan integrantes de las poblaciones afromexicanas desde la creación del Consejo.

No obstante que en esa reunión algunos de los presentes propusieron que el CNPI (2) convocara a la movilización de los pueblos originarios y afromexicanos cuando la iniciativa de ley indígena pasara a la discusión del pleno para mostrar su fuerza y de esta manera presionar a los legisladores para su aprobación, lo cierto es que no se llegó a ninguna fecha para movilizar a los pueblos. Al parecer el nuevo CNPI (2) no le apuesta a la movilización, sino más bien al cabildeo y la negociación. Y mucho menos se propone convocar a la sociedad no india y no afro como aliada para sacar adelante una Ley que reconozca sus derechos plenos y no como la que fue presentada el 5 de febrero de este año, en la que los mismos miembros del CNPI (2) reconocen que no contempla el tema del territorio, la autonomía y autodeterminación plena y los derechos políticos.

EPÍLOGO

El proceso mediante el cual se crea el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, CNPI (1), en octubre de 1975 terminó en tragedia, pues el gobierno que impulsó aquella primera organización indígena de carácter nacional la abandonó a su suerte hasta dejarla morir y a uno de sus principales artífices, el antropólogo Salomón Nahmad, lo envió a la cárcel. Los gobiernos neoliberales quisieron abandonar para siempre las acciones populistas y con ello cerrar el paso a la creación de una organización nacional propia de los pueblos indígenas y, ahora, también de las poblaciones afromexicanas.

Nahmad aseguraba que la determinación de Miguel de la Madrid de acabar con el CNPI (1) era porque decía que los gobiernos le tienen miedo a la organización política indígena independiente. A los gobiernos tanto populistas como neoliberales les asusta que los pueblos indígenas se organicen políticamente por fuera de las estructuras gubernamentales y los partidos políticos.

Después de desestructurar al CNPI (1), los gobiernos neoliberales diseñaron una nueva estrategia para contener y someter a las acciones de descontento de los pueblos; su inclusión como parte de la institución del gobierno e inclusive poner en sus manos la dependencia encargada de atenderlos. Salinas no pudo hacerlo porque el movimiento indígena nacional nucleado alrededor de las protestas del V Centenario se lo impidió y lo obligo a recurrir al viejo corporativismo populista como el CIP. Ernesto Zedillo no pudo hacer nada porque la movilización indígena en apoyo al EZLN le impuso una agenda que no logró resolver y por lo tanto terminó desconociendo los Acuerdos de San Andrés.

Fueron los gobiernos panistas los que consiguieron construir esa nueva estructura en la institución indigenista, aunque para ello hayan tenido que entregar el INI a los dirigentes indígenas, sólo para desaparecerlo posteriormente y crear la CDI. Es en esta nueva institución en la que se constituye el Consejo Consultivo de los pueblos indígenas como un órgano de consulta.

Como cara del indigenismo panista, la CDI con Xóchitl Gálvez a la cabeza cumple cabalmente con su papel de liquidar al INI y por medio de su incorporación en el Consejo Consultivo someter a los pueblos a una nueva dinámica que busca encontrar y desarrollar el lado empresarial de los indígenas.

El INPI continua con la lógica de contener y someter a los pueblos originarios, sólo que como parte de un gobierno que sostiene que quiere liquidar al régimen neoliberal, bautiza a dicho Consejo Consultivo como Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, CNPI (2), cuando claramente su reglamento establece que es un “órgano” de la institución, por lo que no es una organización de los pueblos indígenas y mucho menos de los afromexicanos. Como un órgano, el CNPI (2) es parte del cuerpo del INPI.

Según Hugo Aguilar, coordinador general de derechos indígenas del INPI, el CNPI (2) no es una organización sino un espacio de los pueblos en el Instituto que está sancionado por la ley que crea el INPI. Sólo incide en el INPI, y en algunas instituciones del gobierno federal puede pedir ser consultado para opinar sobre alguna política destinada a los pueblos indígenas, pero no tiene poder y no es una organización independiente, carece de personalidad jurídica propia. Si la futura dirección del INPI quisiera desaparecerlo, no podría porque forma parte de la estructura y lo respalda la ley.

A los cuestionamientos de algunos integrantes del CNPI (2) sobre por qué no aparecen los temas del territorio y la representación política en la iniciativa que envió AMLO en febrero de este año, Hugo Aguilar responde que hay sectores en Morena que aún no comprenden el alcance del tema y, además, porque hay que tener cuidado con los conceptos que pueden espantar a ciertos sectores de la población. Para no provocar temores que pongan en riesgo el avance de los derechos de los pueblos indígenas la estrategia es poner en práctica la “ambigüedad jurídica”, que quiere decir usar conceptos que no provoquen miedo en los sectores de la población y también entre los integrantes de Morena, para que poco a poco estos términos vayan avanzando y madurando entre la población y que cuando lleguen a esa madurez puedan ser integrados en la Constitución. Y pone como ejemplo el tema del reconocimiento del derecho de las comunidades como sujetos de derecho público que ya está prácticamente reconocido, y que otras voces, principalmente de Michoacán, planteaban un cuarto piso de gobierno. Según el funcionario del INPI, el tema político no fue integrado a la iniciativa porque no existen condiciones para llevar a cabo la discusión. Según Aguilar, este presidente no tuvo miedo a la representación política interna de las comunidades y ahí está la transferencia de recursos para que ellas hicieran sus obras. Pero a nivel externo, a nivel nacional es muy difícil dar la discusión en este momento, aunque en realidad no es un problema porque este gobierno es un gobierno del pueblo, y por lo tanto el pueblo se siente identificado con él y así, dice, lo demostró con la votación en las pasadas elecciones.

Con la constitución del CNPI (2), el gobierno lópezobradorista continúa manifestando el temor de los gobiernos anteriores a la organización política indígena independiente. Como dice Salomón Nahmad, es una cuenta pendiente de López Obrador el no atender el tema político de los pueblos indígenas y afromexicanos. El tema de la organización política indígena fue un problema en el pasado, pero continúa en el presente gobierno. Es un tema mundial, abunda el antropólogo, que asusta a todos los gobiernos. Ese tema no se va a resolver fácil, porque quieren meter a los pueblos en un partido, en nuestro caso Morena. No se puede caer en el error del pasado, cuando el gobierno del PRI era el que organizaba a los pueblos y todos debían ser priístas. Hoy no se puede recrear esa idea en la que, como es el gobierno de Morena el que los organiza, todos deben ser morenistas. Yo no sé qué aconsejar, dice Nahmad, para abordar el tema político para los pueblos indígenas porque en Morena hay un problema: aunque el presidente dice que no se mete, sí lo hace.

Si hay algo que salvaría a los pueblos indígenas y a los afromexicanos de que el CNPI (2) termine en una farsa, como decía Marx en el Dieciocho Brumario, es su diversidad y su pluralidad. Querer homogenizarlos en una dimensión partidista es ir en contra de su naturaleza. Aún se está a tiempo de detener la farsa.

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Sergio Sarmiento Silva ha estudiado y acompañado los movimientos indígenas y campesinos de México durante medio siglo. Pertenece al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

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