COMUNIDADES DEL ISTMO Y COSTA DE OAXACA CONTRA EL “CÁRTEL DEL DESPOJO” / 338

RESISTENCIA REGIONAL ANTE LA PRIVATIZACIÓN DE PLAYAS Y LOS MEGAPROYECTOS INMOBILIARIOS

Ante la avasallante privatización de playas, el imparable desarrollo inmobiliario y el crecimiento del “cartel del despojo” en Oaxaca, 14 organizaciones se pronunciaron contra la imposición y construcción de megaproyectos que destruyen manglares, dunas y reservas costeras.

Reunidos en el Foro por la Defensa del Territorio y Derechos Agrarios de Comunidades y Campesinos de la Costa Oaxaqueña, representantes y organizaciones de distintos pueblos de Oaxaca denunciaron la existencia de “una red de intereses empresariales, políticos y criminales que opera con total complicidad de autoridades agrarias, municipales, estatales y federales”.

Las organizaciones también denunciaron “las alianzas criminales” que sostienen empresarios, políticos y notarios, quienes, acusaron, junto con las autoridades de los tres niveles de gobierno impulsan el discurso del “desarrollo, que sólo beneficia a unos cuantos y profundiza la desigualdad”.

El despojo, señalaron en el pronunciamiento final del encuentro, ahora se llama “inversiones”, “progreso” y “desarrollo”, pero “detrás de esos discursos se esconde el modelo capitalista y neoliberal que busca convertir nuestras tierras sagradas y playas comunes en mercancía para el turismo de élite, expulsando a nuestras comunidades, destruyendo los ecosistemas y robando nuestra historia”.

Reunidos el pasado 7 de junio en Playa de Salchi, Cuatunalco, San Pedro Pochutla, los defensores del territorio denunciaron el arrebato y privatización de sus tierras y la violencia por parte de empresarios y particulares, que se suma a la omisión de las autoridades que “guardan silencio o actúan como cómplices, permitiendo ventas ilegales de tierras comunales, concesiones a espaldas del pueblo y criminalizando de quienes defienden el territorio”.

Destacaron como ejemplo el intento de edificación ilegal de proyectos inmobiliarios a través de la entrada de personas armadas en las tierras del poblador Miguel Sánchez Hernández, originario de Playa de Salchi, Cuatunalco, en San Pedro Pochutla. De acuerdo con las organizaciones, los involucrados en el “cártel del despojo” irrumpieron con violencia en la vivienda de Sánchez y lo amenazaron con la intención de construir un proyecto turístico.

Añadieron a su denuncia la persecución judicial contra Ernesto Chávez Ramos, Oralia Ramírez, Hortensia Chávez y Noé López Rojas, defensores del territorio en Playa San Agustín y El Coyote, en Santa María Huatulco, quienes han sido criminalizados con delitos fabricados por “los despojadores, encabezados por Israel Carreño Morales”, y “con el apoyo de jueces y la fiscalía regional”.

En su declaración política refirieron la criminalización de 21 defensores del territorio de la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul, ante el intento de despojo por parte de Alfredo Manuel Mena Alonso, Rigoberto Cruz Cartas y Joel Ricardez López, “quienes se amparan en una sociedad agrícola apócrifa y la organización corporativista UNECACI”.

Las comunidades de la región Costa-Istmo de Oaxaca explicaron que existe un proceso de reestructuración económica que instrumenta el Estado mexicano desde la década de los ochentas, que “consiste en la privatización de empresas estatales, apertura a la inversión extranjera, modificación del marco jurídico para garantizar la seguridad de la propiedad privada y de las inversiones, precarización de derechos laborales y desmantelamiento de la seguridad social, entre otras medidas que se implementan con la finalidad de crear condiciones favorables para la inversión y reproducción del capital, trayendo consigo profundos cambios en el marco jurídico de núcleos agrarios, comunales y ejidales”. Este es el fondo del despojo y se llama neoliberalismo.

“¿Qué tipo de desarrollo es éste que se construye sobre el despojo, la represión, el saqueo y la mentira?”, se preguntaron. Y la respuesta fue múltiple: “No es desarrollo: es despojo. No es modernización: es desplazamiento. No es inversión: es violencia colonial”. La realidad para sus pueblos, quedó claro, es otra.

Las comunidades participantes tienen claras las intenciones de los los programas estatales como PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos), FANAR (Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar) y RRAJA (Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios) que, dijeron, “han sido instrumentos legales para concretar la privatización de ejidos y comunidades, por medio de la entrega de certificados parcelarios, certificados sobre tierras de uso común, títulos de propiedad de sitio solar, y la posibilidad de declarar la terminación del régimen comunal o ejidal y adoptar el dominio pleno”. Se trata, insistieron, “de convertir la tierra de núcleos comunales y ejidales en bienes mercantiles, susceptibles de ser comprados y vendidos al mejor postor”.

Frente al panorama, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio convocó al próximo Encuentro Nacional contra la Gentrificación, que se llevará a cabo en diferentes sedes de la ciudad de Oaxaca en julio de 2025, con el fin de articular las resistencias y hacer frente a las problemáticas de la región.