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CEPIADET, 20 AÑOS EN DEFENSA ESPECIALIZADA DE LOS DERECHOS INDÍGENAS

ROCÍO FLORES

Hace dos décadas un grupo de jóvenes del estado de Oaxaca, motivados por la experiencia personal o familiar, se propuso una gran hazaña: servir a sus comunidades utilizando el sistema jurídico como guía y fundamento. Los integrantes del colectivo recuerdan ese tiempo con gran satisfacción, sobre todo porque ese período marcó el comienzo de una gran alianza que con los años los apuntaló como pioneros en el tema de los derechos lingüísticos y referentes en el país en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Juan Carlos Morales López es parte de ese grupo de ocho oaxaqueños y oaxaqueñas que decidieron enfocar sus esfuerzos en enfrentar la discriminación, el racismo y las dificultades que viven las personas y comunidades indígenas para acceder a la justicia. Hablante del zapoteco, es originario de Díaz Ordaz, una localidad del municipio de Tlacolula, de donde emigró a los 15 años para estudiar el bachillerato en la Ciudad de México.

Fue ahí cuando comenzó a notar la desigualdad y la discriminación. “A veces se burlaban de mi forma de hablar. Me propuse que eso ya no iba a pasar, estudiaba muy bien los textos antes de participar. Nunca fui tan natural al hablar, porque si no era motivo de burla”, recuerda el zapoteco, quien tiempo después migró por motivos laborales al estado de Sonora.

En 1998 Juan Carlos regresó a Oaxaca, donde comenzó su labor como intérprete voluntario, primero apoyando a una persona indígena en un trámite en Telmex y luego en el Instituto Nacional Indigenista (ahora INPI). Poco después decidió ingresar a la Universidad a estudiar Derecho a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

 

LOS COMIENZOS DE LA ORGANIZACIÓN Y LA PERSPECTIVA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL

Desde esa fecha, ya existía en la legislación de Oaxaca la obligatoriedad de proveer un intérprete a cualquier persona que no hablara español o no comprendiera el idioma oficial, o que perteneciera a un pueblo indígena. Pero en concreto muy pocas instituciones se preocupaban por incluirla en los hechos dentro del sistema de justicia o de salud.

“Era un texto romántico”, recuerda Juan Carlos, quien, motivado por su interés en el tema, se sumó a la iniciativa de once universitarios de la UABJO para proponer a la Defensoría Pública la capacitación de intérpretes. Lamentablemente no fueron recibidos. “Al final logramos verlo como un primer encuentro”.

“Como muchas cosas en la vida, a veces no las planeamos, tenemos una idea y salen otras”, destaca. Su frase sintetiza el legítimo deseo de estos jóvenes por capacitarse y formar un grupo para generar propuestas, aunque no sabían cómo exactamente. Después de varias reuniones, de los once jóvenes, ocho decidieron crear un colectivo. “Queríamos retribuir a nuestras comunidades, apoyar con gestorías o talleres sobre la Constitución o Derecho Penal. Pero había que pensar también a futuro, pensamos en un centro profesional no sólo por nuestro perfil sino por nuestra calidad de trabajo. Entonces ideamos un centro profesional indígena porque esa es nuestra identidad”, cuenta Juan Carlos Morales, ahora convertido en abogado penalista y experto en Derechos de Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional.

Todos eran hablantes de una lengua indígena, estudiantes de Derecho y como casi todos los estudiantes indígenas del país, habían enfrentado una serie de adversidades para llegar a la Universidad, unos más, otros menos. Eran conscientes de que, si bien en ese momento eran intérpretes, con su formación como abogados y capacitaciones diversas podían ser asesores, defensores y traductores. De esa manera fue surgiendo el nombre de su colectivo y en 2005 pudieron consolidarse como Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción (Cepiadet).

Su trabajo fue creciendo. Hoy concentran su labor en la interpretación y traducción de español a lenguas indígenas en el ámbito público y privado; establecen alianzas, redes y observatorios con otras ONGs, trabajan en la profesionalización de servidores públicos en derechos indígenas y en la formación de intérpretes y traductores de lenguas indígenas, además organizan talleres con autoridades estatales y comunitarias.

 

DIÁLOGOS ENTRE JUSTICIAS

La sinergia con las autoridades tanto comunitarias como estatales ha permitido resolver en conjunto problemas en el ámbito de la justicia que quizá de manera aislada hubiera sido imposible. Un ejemplo de eso es el caso de San Andrés Chicahuaxtla, Oaxaca, donde una familia reclamaba a la autoridad una indemnización por más de medio millón de pesos.

El exagente municipal Fausto Sandoval Cruz explica que el antecedente ocurrió en 2022: una persona en estado de ebriedad fue detenida por agredir al agente municipal, lo llevaron a los separos y ahí se quitó la vida. Los familiares denunciaron ante el Ministerio Público una presunta omisión, concretamente señalaron que la Policía Comunitaria no le quitó las agujetas de las botas con las que se suicidó y pidieron la indemnización, a pesar de que siguiendo su sistema normativo, habían llegado a un acuerdo con la autoridad municipal.

Cepiadet trabajó en la defensa y en 2023, el juez determinó que al tener el Estado una composición pluricultural, los argumentos del MP no se sostenían, y que debió investigar el contexto bajo los principios del sistema normativo la responsabilidad del policía comunitario imputado y no como integrante de la Policía del Estado, por lo que éste fue liberado de la responsabilidad.

Años atrás, en Santiago Quiavicuzas, Oaxaca, una persona fue detenida cuando transportaba en su camioneta a varios centroamericanos, fue acusada de tráfico de indocumentados, fue procesada y sentenciada sin el auxilio de un defensor ni traductor. El caso sentó precedente en materia jurídica, debido a que el juez declinó la competencia a favor de la comunidad.

El magistrado Rubén Paulo Pérez Ruíz, quien dictó la declinación, explicó: “se revocó la sentencia condenatoria y se ordenó reponer el juicio, hasta antes del auto de formal prisión, a fin de que un juez de distrito declinara la competencia a favor de las autoridades tradicionales de la comunidad a la que pertenecía el inculpado”, es decir, para que se resolviera desde su asamblea, el máximo órgano rector en una comunidad.

Para apuntalar su resolución, el juez se reunió con autoridades comunitarias, invitó a servidores públicos, académicos de diversas instituciones y a los abogados de Cepiadet. La opinión consultiva de ellos fue clave en la resolución, así como los aportes de los usos y costumbres de los representantes de Quiavicuzas. El caso fue resuelto el 23 de septiembre de 2013. Fue el primero de Declinación de Competencia en México y probablemente en América Latina. Desde esa fecha ha habido al menos 10 casos más en los que Cepiadet ha participado directa o indirectamente.

 

LÍDERES EN LA FORMACIÓN DE INTÉRPRETES

La profesora e investigadora de la Universidad Veracruzana Cristina Victoria Kleinert, especialista en educación intercultural y en traducción e interpretación, considera que en el país pocas organizaciones civiles realmente tienen la incidencia que tiene este colectivo de profesionales. Ella ha colaborado con este colectivo desde hace algunos años. En 2019 realizaron de manera conjunta con un grupo de académicas de otras universidades estadounidenses y canadienses, una (des)conferencia con más de 100 intérpretes que llegaron a Oaxaca.

“Para mí siempre es muy enriquecedor trabajar con ellos. Han estado vigentes haciendo en gran parte el trabajo que le correspondería al gobierno. Gracias a ellos es que algunos servidores públicos y actoras o actores del sistema de justicia reciben una formación en cuanto a interculturalidad y derechos indígenas”, comparte en entrevista.

La investigadora destaca que es obligación del Estado proporcionar intérpretes para el acceso a cualquier servicio público, no sólo a la justicia, también a la salud, también a la educación, a la administración, pero, dice, aun cuando está en la Constitución y antes en el Convenio 169 de la OIT, no lo está haciendo.

“En gran parte se realiza gracias a asociaciones como la de Cepiadet, que es líder entre éstas, porque ahora hay algunas otras, pero ninguna tiene 20 años y la experiencia de establecer convenios con instituciones, un padrón bastante amplio de intérpretes, que no solamente están en Oaxaca, sino también en otros estados de la República, y la capacidad de proporcionar el servicio de interpretación también a Estados Unidos”, destaca.

A lo largo de estos años, el colectivo ha impulsado procesos que promueven una sociedad más justa y por esa labor comprometida e ininterrumpida durante 20 años y su contribución en la construcción de un sistema de justicia más inclusivo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación le otorgó el Premio por la Igualdad y la No Discriminación 2024.

Dos décadas después de su fundación, estos oaxaqueños y oaxaqueñas buscan abrir las vías para la construcción de un nuevo Estado pluricultural.

Juan Carlos Morales López, quien fue el primero en presidir la organización, recuerda que, por fortuna, Cepiadet fue dimensionando su trabajo. No sólo ha sido una apuesta por el bien común, también han logrado trascender académica y profesionalmente. Cepiadet, ahora presidido por Tomás López Sarabia, ha apoyado a estudiantes indígenas para participar en posgrados internacionales.

Aun cuando él y Norma González Jiménez, otra de las fundadoras, se desempeñan ahora en otros espacios institucionales, no se han desligado de la organización: “Ahora aportamos con opiniones técnicas y de armonía grupal. Todos los que han sido parte de Cepiadet lo han hecho con pasión siempre, con sentido de identidad, creo que ésa es la clave. Al final tenemos la misma necesidad en común, pero también los valores de nuestra comunidad, de nuestros abuelos, de nuestros padres y ésa es nuestra riqueza”.

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