DIFERENTES REGIONES Y ENCLAVES: EL MISMO RECLAMO / 344

Conforme termina el año atravesamos más y más tormentas y huracanes políticos y vendavales reales que arrasan con sus correntadas y sus vientos de 75 y hasta 95 kilómetros por hora, inundando extensas zonas del noreste del país. Tlacuilotepec, Itzatlán, Papaloctipan y Cuautepec “se encuentran prácticamente aisladas debido al colapso de los principales accesos”. En Pahuatlán, la situación fue también grave. Las intensas lluvias y deslaves fracturaron la mayoría de los puentes y carreteras que conectan al municipio con el resto del estado, dejando totalmente incomunicadas sus zonas nahua, otomí y mestiza. Testimonios locales afirman que existen más de 500 viviendas devastadas, así como personas desaparecidas y fallecidas, “aunque las cifras oficiales aún no han sido confirmadas”. Estas calamidades se entreveran con la violencia que arremete desde dentro y en esas regiones asoladas por los huracanes y en otras muchas regiones del país esa violencia toma curso.

Los productores de alimentos, agricultores de todas las regiones, y los transportistas que se percatan de la complejidad invocada por este sector de agricultura comercial, en sus protestas públicas y mediante sus bloqueos, están tocando un punto concomitante a la tremenda realidad de desastres que viven las regiones. Y lo que están diciendo insiste en lo mismo que dicen los pueblos: mientras nos den respuestas fragmentarias, y por ende soluciones aisladas, realmente no está habiendo un diálogo entre las organizaciones y las instancias oficiales. Siguen sin reconocerlos desde el poder. Su manifestación continúa entonces a contrapelo de las respuestas fragmentarias porque las instancias de gobierno no parecen hacerse cargo de la complejidad del problema. Y el fondo del problema es que no hay un reconocimiento de las personas, de las organizaciones que se están manifestando. Lo que importa es controlar la situación, no resolver las demandas ni los problemas planteados.

De un modo muy extraño pero entendible, eso mismo dicen participantes al Encuentro en Defensa de los Territorios que tuvo lugar en México a fines de septiembre de este año en Casa Xitla.

Dijo la gente, de 17 estados del país: “La violencia rompe los lazos comunitarios y los vínculos con nuestros territorios. Vivimos en un estado de guerra impuesto. Esta violencia aumenta como una nueva forma de represión, contención e imposición de un sistema económico y político que busca minar nuestro derecho a ser pueblos libres, con nuestra propia historia y nuestra propia visión de futuro. En síntesis, nuestra autonomía”.

Para quienes participaron, “en las regiones indígenas el crimen organizado es hoy un actor principal que cada vez detenta más poder y que se ha fortalecido en los últimos cuatro años: arrasa nuestras comunidades, nos despoja y destruye nuestros bienes naturales, intenta controlar nuestros territorios, cobra derecho de piso, levanta a los y las jóvenes para enrolarles en sus ejércitos o sus negocios, utiliza alta tecnología de vigilancia y control, desplaza a familias de sus comunidades, asesina a compañeras y compañeros, amenaza nuestra forma de vida. El crimen organizado se va consolidando por sus relaciones con el poder político y su participación en las campañas electorales. En muchas regiones selecciona a las autoridades municipales”.

Las y los participantes pertenecientes a comunidades y organizaciones de muchos rincones podrían expresar diferentes condiciones o conclusiones si el problema fuera solamente local, solamente algo puntual que ocurre casi que fortuitamente. Pero los problemas son semejantes porque estamos ante un problema totalmente sistémico.

Las corporaciones y diferentes instancias del gobierno a diferentes niveles y, según las regiones, de diferentes partidos políticos, tienen el empeño de arrancar a la gente de sus territorios, les estorba que sea gente que tenga una ancestral relación con sus cultivos, con sus semillas, con sus bosques, con sus manantiales. Gente que considera sagrado sembrar, que realiza rituales para revivir los niveles del agua, que se escandaliza porque las embotelladoras o las cerveceras y las industrias automotrices se roben el agua y esto vaya orillando a la gente a la migración y al exilio.

No les importa que en el país haya tantas que concesiones a las empresas, y que Sinembargo haya identificado a los grandes usuarios privados que acaparan las concesiones otorgadas por la Conagua, entre ellos, Kimberly Clark y Banco Azteca, empresas de los millonarios Claudio X. González Laporte y Ricardo Salinas Pliego, así como FEMSA, Bachoco, Herdez, Lala, las mineras GoldCorp, y Buenavista de Grupo México, propiedad del otro millonario Germán Larrea Mota- Velasco, como lo señala “Los millonarios del agua”, el estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM, 2020) que reporta que esos 3 mil 304 grandes usuarios privados acaparan las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al concentrar 13 millones 183 de hectómetros cúbicos anuales para fines lucrativos, en su mayoría en acuíferos sobreexplotados, datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda) hasta enero de 2020.

Por eso en el Encuentro del que abrevamos testimonios y visiones surgidas de todos los rincones, la gente insiste: “En todo el país hay una guerra por el agua en contra del campesinado; el acaparamiento del agua ha ido de la mano de su privatización. El Estado quiere desviar el agua hacia las ciudades, cuando la mayoría de las concesiones las tiene la industria”.

Así lo reporta en el encuentro también el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa de La Parota (Cecop) en Guerrero, cuya lucha inició hace 23 años en oposición a la construcción de  la presa sobre el río Papagayo, y aunque las comunidades y los ejidos ganaron les costó once asesinados y muchos presos. “En 2021, Vicente Suástegui, integrante del Cecop, fue desaparecido. En 2025 mataron a balazos a Marco Antonio Suástegui, fundador y vocero, en Acapulco, pero la organización se mantiene y defiende el agua del río para los pueblos, frente a los nuevos planes del gobierno de establecer pozos radiales en el río Papagayo para surtir al puerto”.

La gente se escandaliza entonces de que en el nuevo Plan Hídrico les pida el gobierno federal “que devuelvan el agua que no tienen”.

La situación en las diferentes regiones va expandiendo su modelo de mayores controles que en muchos casos son ejercidos por operadores de los grupos delincuenciales, y por las mineras o los proyectos forestales o de deforestación, otros por las corporaciones que mantienen invernaderos como forma de urbanizar el campo. Dice la gente en el pronunciamiento emitido en noviembre de 2025: En distintas regiones de Puebla, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, el cambio de patrón de cultivos de los terratenientes hacia cultivos de exportación como agave, hortalizas, berries, aguacates, ha significado el acaparamiento del agua del subsuelo, el desvío de ríos y arroyos, la construcción de hoyas de agua ilegales, lo que ha dejado a los ejidos y comunidades secos y sin posibilidad de sembrar.

La sequía que afecta a los cultivos de temporal se agrava porque los terratenientes y la industria utilizan cañones antigranizo y avionetas para bombardear nubes y ahuyentar la lluvia.

Para el trabajo intensivo en los invernaderos, en Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y otros estados, enganchan a migrantes de distintas regiones como jornaleros: los mantienen en las instalaciones y les obligan a consumir metanfetaminas para que soporten las arduas jornadas.

El agronegocio es también una forma de lavado de dinero de la economía criminal. Rentan la tierra, destruyen los suelos, acaparan el agua, ahuyentan la lluvia, utilizan agrotóxicos en exceso, usan plástico en grandes cantidades, contaminan los ríos, la tierra, el aire y mantienen un control sobre toda la cadena de suministro.

Todo esto está más que documentado, pero lo importante es que la gente afirme estas cuestiones públicamente y en presencia de otras muchas comunidades de diversas regiones y que habla diferentes lenguas indígenas: “yaqui, rarámuri, yoreme, wixarika, p’urhépecha, ñuhju, me’phaa, binnizá, didza leaj, ñuu savi, angpøn, ayuuk, chinanteco, chontal, ikoots, nhomto, nahua, tutunaku, tseltal, ch’ol, chuj, tsotsil, tojolabal, lacandón, maya”. Y es importante ese tejido que crece al cotejar cómo todas las luchas son sus mismas luchas, las historias que escuchan son sus mismas historias.

Sus testimonios cotejan también, de nueva cuenta, lo expresado y documentado por el estupendo reportaje participativo Antes de que anochezca, coordinado y publicado por Desinformémonos, que volvió a recorrer los lugares donde se han reportado las afectaciones del tren llamado maya, del corredor transístmico y del proyecto integral Morelos.

Dice Desinformémonos: “Tres equipos de periodistas, comunicadores, videoastas y fotógrafos convocados por Desinformémonos reportan en este Especial dos impactos sobre el medio ambiente y la vida comunitaria de cada uno de los megaproyectos mencionados. Se trata de equipos interculturales, la mayoría de comunicadores originarios de cada región reportada, con un conocimiento profundo de las localidades sobre los que se extienden las obras”, pero también entraron a constatar los daños que el rompeolas de Salina Cruz, como parte del corredor transístmico, trae a las comunidades ikoot, pues se está comiendo un poblado completo por la subida del mar tierra adentro.

En el encuentro de todos estos pueblos y comunidades, la gente volvió a testimoniar lo que ocurre y está más clara que nunca de que cada quien desde su región defenderá su territorio. Dice la gente: “El corredor interoceánico crece, afectando ya a 19 pueblos indígenas de México. En este giga-proyecto se concentran múltiples actividades extractivas y energéticas: líneas férreas, oleoducto, gasoducto, 16 parques industriales, dos puertos, minas, presas, plantas fotovoltaicas y eólicas, que cambiarán la geografía y forma de vida de una de las zonas con mayor diversidad biológica y cultural. Esto incluye una serie de proyectos relacionados de todos niveles, desde desarrollos turísticos e inmobiliarios hasta invernaderos y granjas de crianza masiva”. Proyectos que rentan la tierra, destruyen los suelos, acaparan el agua, ahuyentan la lluvia, utilizan agrotóxicos en exceso, usan plástico en grandes cantidades, contaminan los ríos, la tierra, el aire y mantienen un control sobre toda la cadena de suministro.

El encuentro abordó también la violencia extrema que se vive en Chiapas, que parece calmarse en una “paz simulada”, como le dicen, porque “los grupos del crimen organizado siguen operando y controlan la mayoría de las regiones. La estrategia de seguridad del gobierno del estado no ha funcionado. A pesar de que no hay bloqueos carreteros, persiste el terror, continúan ejecuciones en Tuxtla Gutiérrez, enfrentamientos en San Cristóbal de las Casas, en parte de la Frailesca; continúan las desapariciones y levantones y el control por la delincuencia organizada en la Zona Lacandona, el Istmo y Frontera Comalapa. En la Trinitaria hay una gran venta de parcelas, incluso en las áreas naturales protegidas uno de los principales compradores proviene de los grupos delincuenciales que fuerzan a las comunidades a soportarlos”. Y por supuesto todo lo sufren, hasta “las familias desplazadas que retornan”, pues padecen falta de alimentos por haber perdido sus semillas y animales. “Los cárteles les despojan de sus tierras, de sus raíces y de su identidad”.

“En el territorio ancestral zoque de los Chimalapas en Oaxaca —la biorregión más importante del país— continúa la invasión y depredación pese a mandatos incumplidos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Finalmente, el planteamiento es el mismo que han estado insistiendo en todos los espacios donde la gente se pronuncia: comunidades campesinas, originarias, afromexicanas, ubicadas en 17 estados. Más de cuarenta organizaciones, comunidades o movimientos que señalan: “buscamos reforzar nuestras organizaciones comunitarias y nuestros vínculos con otros pueblos indígenas. Seguimos impulsando nuestras asambleas como la máxima instancia de decisión, buscamos lograr autogobiernos y formas de autonomía que garanticen la defensa del territorio. Llevamos a cabo una férrea defensa de la vida por medio de nuestras prácticas tradicionales, como hacer milpa, conservar y recuperar nuestras semillas, mantener nuestros sistemas de cargos, impulsar nuestras fiestas y mayordomías, fortalecer a las autoridades agrarias, cuidar nuestros bosques, mantener nuestra lengua y nuestra concepción del mundo, fortalecer nuestra autonomía política, económica y cultural, conservar y proteger nuestros bienes naturales, en fin, nuestro territorio”. Eso implica nombrar “sus autoridades comunitarias para no dejar la intromisión de personajes ajenos que no sean propios de la comunidad”, lo que obliga a que sea la propia comunidad quien lleve “todo el autogobierno entre los hermanos del mismo pueblo”, dicen en los grupos. “La elección propia de autoridades, eligiendo los mecanismos adecuados a cada comunidad”, declaran enfáticamente, “es uno de los fundamentos de nuestra posible autonomía, sin que el Estado se entrometa ni que escatime los presupuestos que son facultad de los municipios y de algún modo de las comunidades”.

Y eso les impulsa a exigirle al Estado que garantice la seguridad de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, así como proteger y garantizar los derechos políticos y los derechos humanos “deteniendo de forma determinante y permanente al crimen organizado”. Exigen un alto al despojo y la devastación de bienes y ámbitos de comunidad y formas de vida a manos del gobierno, las empresas y los grupos delincuenciales. Un punto central es que se respeten “las decisiones de las comunidades sobre cualquier proyecto que pretenda instalarse en sus territorios, haya consulta o no”. Y exigen “reconocimiento y respeto a nuestras instituciones comunitarias y regionales, a nuestros sistemas normativos y de impartición de justicia. Respeto a nuestra libre determinación y a nuestra autonomía plena con base territorial”.

La exigencia es también “la cancelación de las 156 órdenes de aprehensión contra las compañeras y compañeros ikoots criminalizados. La liberación inmediata de los cinco presos políticos y la reubicación inmediata de la colonia Cuauhtémoc, en San Mateo del Mar, que ha sido afectada por el desplazamiento del mar”. Y siguen exigiendo justicia para los y las dirigentes a quienes asesinaron o desaparecieron por defender sus territorios.

Al filo de la publicación nos llega la noticia de que México le ganó al Grupo Access Business, careta mexicana de la empresa AMWAY, la querella que presentó ante el CIADI, donde se pretendía que México le pagara a la empresa 2 mil 700 millones de dólares por haber permitido que se “expropiaran” en favor del ejido San Isidro en Jalisco, predios que la empresa había comprado en 1992 y 1994. Access Business perdió este juicio porque la comisión encargada atendió al procedimiento y toda vez que la querella se fundamentó en el TLCAN y éste ya no existe, entonces ya no había jurisdicción para hacer ningún reclamo. Como sabemos el fondo del asunto es mucho más complejo y San Isidro lleva más de 80 años defendiendo su territorio de la invasión de caciques y de dicha empresa AMWAY. Ni siquiera se ha concluido el proceso de entrega de los terrenos que le corresponden al ejido, pero para la gente de San Isidro, el resultado del arbitraje del CIADI es considerado una victoria porque 1) constata que es posible frenar a una empresa de este tamaño y 2) porque impide que la empresa se capitalice con esos tantos miles de millones de dólares que pedían y le quita 1.3 millones de dólares a la corporación transnacional. Escribiremos pronto en extenso sobre el caso, pero terminaremos reafirmando lo dicho por la gente de San Isidro. “Es posible frenar a estas corporaciones”, y en eso tienen empeñada la vida entera.

Ver En defensa de nuestros territorios y nuestra vida campesina: https://www.ceccam.org/node/4504