ECUADOR: DEL PARO AL TRIUNFO DEL NO1

El 22 de octubre culminó el paro en Ecuador. Duró 31 días y es hoy por hoy el paro más largo registrado en la historia reciente del país.1 La decisión del presidente Daniel Noboa de retirar el subsidio al diésel fue “la gota que derramó el vaso”, pero detrás había otros motivos que daban cuenta del hartazgo popular frente a las políticas neoliberales y el entreguismo al FMI. Durante ese mes la gestión del gobierno visibilizó que la militarización está siendo usada para el control de la protesta social bajo el discurso de “la guerra contra el crimen organizado” y la narrativa del “terruqueo” prestada de Perú contra quienes protestan. Con el paro se vuelve evidente que la aplicación del ajuste estructural en Ecuador requiere la instalación de un régimen de dominación, racista, antidemocrático y violento. Finalmente, este largo paro alumbra las otras formas que adopta el tejido social en el país.2

Cabe recordar que, en el último año, la militarización de la costa ecuatoriana para “controlar y erradicar el crimen organizado”, así como su presencia en territorios con intereses mineros y de intensa conflictividad, evidenciaban ya el riesgo de colocar a las Fuerzas Armadas como único actor para resolver la crisis de seguridad. Este mismo hilo conductor se hace presente en el paro. La respuesta militar del gobierno a la protesta social implicó un alto costo para las comunidades indígenas y los pueblos y nacionalidades de Imbabura, provincia al norte del Ecuador y epicentro del paro.

El informe de la Alianza por los Derechos Humanos3 reporta 391 vulneraciones a los derechos humanos, dos personas fallecidas (los comuneros Efraín Fuérez y José Guamán),4 473 personas heridas, 16 desapariciones5 y 206 detenciones. En esos días, tanto Amnistía Internacional6 como Human Rights Watch7 se pronunciaron sobre la represión en el paro, la ausencia de independencia judicial8 y las 43 desapariciones forzadas desde 2023 en manos de los militares,9 las restricciones a la libertad de reunión, el despliegue militar y el uso excesivo de la fuerza. Sólo en Quito, el 13 de octubre el gobierno desplazó el abrumador número de 7 mil militares y 6 mil policías para evitar la marcha pacífica en respaldo al paro; mientras tanto el país cerraba septiembre con 6 mil 797 muertes violentas.10 Como sostiene Camila Parodi, “las organizaciones de derechos humanos y los medios comunitarios han documentado ingresos forzados a viviendas, uso de armas letales en la represión, allanamientos arbitrarios y detenciones indiscriminadas”.11

Sin duda, aplicación de estrategias usadas en otros países como Perú para deslegitimar, estigmatizar y judicializar a quienes ejercen la resistencia han sido ya incorporadas al gobierno de Noboa. El terruqueo, término usado por los diferentes gobiernos peruanos desde la dictadura de Fujimori en 1992 para “convertir” en terroristas a manifestantes, defensores de derechos humanos, comunidades indígenas y campesinas, intelectuales, estudiantes y hasta ONG que cuestionan el programa extractivista neoliberal o el mismo status quo de la política, ha llegado al Ecuador como estrategia de las élites. Desde el inicio del paro, el presidente y varios de sus ministros y funcionarios aseguraron que existían vínculos sin pruebas entre los comuneros y grupos del crimen organizado.12 Además se desplegaron prácticas sistemáticas de racismo y xenofobia, así como narrativas falsas e incompletas que buscaron generar una opinión pública adversa al paro, en donde se evidenciaron “las estructuras racistas que condicionan el acceso a derechos, la visibilidad de los pueblos indígenas y la forma de tratar sus protestas”.13 La operación del gobierno y los medios de comunicación fue asociar la identidad indígena con actos de violencia.14

Lupa Media demostró cómo se construyeron noticias falsas para deslegitimar a los actores sociales y criminalizar la protesta social: se verificaron 92 piezas de desinformación,15 de las cuales “38 casos de contenido fueron completamente falsos, destinados a saturar el ecosistema informativo, 25 casos de rumores y 3 de opinión, diseñados para generar desconfianza e incertidumbre al llenar vacíos informativos con especulación”. Además, hubo suplantación de identidad, distorsión de contenido genuino y fabricación total de videos a través de IA.

En síntesis, este paro evidenció el verdadero interés del presidente Noboa: “instituir la lucha en contra de la izquierda […], en un elaborado entramado de una presunta estructura internacional de alianza narcoterrorista contra el progreso de América Latina”.16 Pero aún más grave, deja claro que el objetivo es asfixiar toda posibilidad de protesta social en el país y allanar el camino para materializar un proyecto de dominación neoliberal, extractivista y en cogobierno con el capitalismo ilegal.

Y es que el paro de este 2025 fue una expresión colectiva y descentralizada que surgió de las comunas, mayoritariamente rural, crítico de las dirigencias nacionales y regionales, creativo y de construcción de liderazgos colectivos. de mujeres y jóvenes indígenas.17 En esos 31 días también se desplegaron iniciativas populares y urbanas: asambleas ampliadas,18 centros de acopio para enviar medicinas y productos no perecibles a las comunas, marchas lideradas por feministas, mujeres y disidencias, movilizaciones estudiantiles, plantones artísticos y despliegue gráfico, así como un estratégico diálogo entre formas organizativas urbanas y dirigencias locales de mujeres pertenecientes a pueblos y nacionalidades.19 Hubo 377 cortes de vías. A diferencia de los anteriores levantamientos cuyo eje giraba en torno a la dirección política de la Conaie, este paro desplazó las decisiones políticas y estratégicas a una diversidad de actores que politizaron desde el cuidado como forma de rebeldía hasta la creatividad popular que apuntaba a desmontar los imaginarios racistas y ultraviolentos del régimen de Noboa.

Luego de finalizar el paro, el tejido social tuvo que enfrentar un nuevo escenario electoral: la consulta popular del 16 de noviembre, convocada por el presidente Noboa, en donde se le preguntó al pueblo ecuatoriano A) si estaba de acuerdo con la instalación de bases militares extranjeras, B) con el financiamiento público a partidos políticos, C) con disminuir el número de asambleístas y D) si aprobaba una nueva Asamblea Constituyente cuyo objetivo era desmantelar la Constitución del 2008 y que es sin duda una de las más garantistas e innovadoras a nivel mundial.

Fue ese mismo tejido que se articuló en el paro, pueblos y nacionalidades, ecologistas populares, feministas, disidencias, jóvenes y estudiantes, medios comunitarios, campesinxs, sumado a una serie de iniciativas de artistas, investigadoras, docentes, gestoras culturales, un progresismo de bajo perfil, cierto sindicalismo, una parte de la izquierda institucional electoral. Durante semanas desplegaron iniciativas diversas para hacer de la campaña por el NO una opción orgánica y sistemática, pedagógica y creativa, popular, territorial y en redes. Es así que el NO se impuso en las cuatro preguntas: A) ganó con 60.82%, B) 58.3%, C) 53.7%, y D) 61.8%.20 Éste es el primer golpe político nacional al gobierno de Noboa, y evidencia que “la pérdida fue uniforme en todo el electorado, incluyendo los segmentos en los que Daniel Noboa normalmente recibe fuerte apoyo electoral”.21

Hay varias razones que explican estos resultados. Sin embargo, basada en información estadística y en el carácter de la campaña,22 “pese a las múltiples crisis que atraviesa el país, la victoria del NO dejó claro que ideas y conceptos como democracia, soberanía, derechos humanos y medio ambiente siguen teniendo un valor central para los ecuatorianos”.23 La defensa de la naturaleza, un antiimperialismo popular, el paro y la respuesta del gobierno son, entre otros factores, sentidos que se despliegan en esta victoria.

Lamentablemente, pareciera que al gobierno no le interesa lo que el pueblo decidió. Para 2026 se vislumbra un nuevo escenario de conflictividad en Ecuador ligado al precio real del transporte y su efecto dominó en la economía. Urge que el tejido social que se volvió corazón de la campaña en esta consulta levante una fuerza social y transforme ese NO en una alternativa popular, plurinacional y antineoliberal.

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Alejandra Santillana Ortiz es socióloga e investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos; forma parte de la Asamblea Transfeminista de Mujeres y Disidencias del Ecuador y del colectivo YASunidos.

Notas: