DE VERDADES Y MENTIRAS, ELLOS Y NOSOTROS. TERRITORIO, MODERNIDAD Y DESPOSESIÓN EN MILPA ALTA

José Saramago

La propuesta de proyecto Cablebús en territorio milpaltense no puede comprenderse únicamente como una política de movilidad ni como una intervención técnica orientada a mejorar la conectividad de la periferia con el centro urbano. Se trata, en realidad, de una manifestación concreta de la crisis estructural que atraviesa la Ciudad de México y, de manera más amplia, del agotamiento de un modelo de desarrollo que ha sostenido su expansión sobre la ocupación progresiva de territorios ajenos. Milpa Alta aparece, en este escenario, como el último reducto natural de una metrópoli que ha rebasado sus límites ecológicos y sociales, y que ahora busca sostener su funcionamiento desplazando sus costos hacia los territorios rurales e indígenas que aún conservan condiciones de equilibrio ambiental y formas de organización comunitaria.

El discurso que acompaña este tipo de proyectos se articula en torno a una noción de progreso que se presenta como incuestionable. La movilidad es planteada como un derecho abstracto, desvinculado de las condiciones históricas, territoriales y culturales en las que se pretende imponer. Bajo esta lógica, el Cablebús es presentado como una oportunidad, una promesa de futuro y una vía de acceso a mayores posibilidades para las nuevas generaciones. Sin embargo, esta narrativa oculta una serie de efectos que no son secundarios ni colaterales, sino estructurales: la transformación irreversible del territorio, la fragmentación del tejido comunitario y la subordinación de un mundo rural e indígena a las dinámicas de una ciudad que se encuentra en crisis. La Ciudad de México no enfrenta únicamente un problema de movilidad, sino una crisis civilizatoria expresada en la escasez de agua, la pérdida de suelo de conservación, la contaminación del aire y la creciente desigualdad social. Frente a este panorama, la expansión de infraestructura hacia territorios como Milpa Alta no constituye una solución, sino una estrategia de desplazamiento del problema. En lugar de cuestionar el modelo urbano que ha generado estas condiciones, se opta por profundizarlo, incorporando nuevos territorios a la lógica metropolitana y presentando esta incorporación como un acto de integración y modernización.

Milpa Alta, sin embargo, no es un espacio vacío ni una periferia pasiva. Es un territorio históricamente habitado, organizado y defendido a partir de una relación profunda entre comunidad, naturaleza y memoria. La vida comunal, los sistemas de cargos, el trabajo colectivo y el vínculo con el territorio no son restos del pasado, sino formas contemporáneas de organización social que han permitido la reproducción de la vida en condiciones adversas. La negación de esta contemporaneidad constituye una forma de violencia simbólica que reduce a los pueblos indígenas a objetos de política pública y no a sujetos con capacidad de decisión.

Uno de los efectos más profundos de la imposición de proyectos de infraestructura es la división interna de la comunidad. La fragmentación del consenso comunal no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de prácticas que buscan debilitar la capacidad colectiva de resistencia. La promesa de beneficios individuales, la generación de expectativas económicas inmediatas y la intervención selectiva en los procesos comunitarios operan como mecanismos para erosionar la cohesión social. En este proceso, la compra de voluntades y la instrumentalización de las necesidades materiales se convierten en herramientas para imponer un proyecto que no ha sido construido desde el territorio ni para el territorio.

Esta división se inscribe en una crisis más amplia que atraviesa a los pueblos indígenas en el contexto contemporáneo. La pérdida de identidad, de conciencia colectiva y de conciencia climática no puede entenderse como una falla interna de las comunidades, sino como el resultado de un proceso histórico de subordinación que ha buscado desarticular las bases materiales y simbólicas de la vida indígena. La presión por adaptarse a un mundo globalizado, bajo los términos de una racionalidad que privilegia la rentabilidad y la eficiencia, ha colocado a los pueblos en una encrucijada permanente entre la sobrevivencia inmediata y la defensa de sus formas propias de vida.

En este contexto, la reconstrucción del pensamiento indígena adquiere una relevancia central. No se trata de una recuperación romántica del pasado ni de una negación del presente, sino de un esfuerzo por pensar el mundo desde otros parámetros, anclados en la experiencia histórica de los pueblos y en su relación con el territorio. El pensamiento indígena se elabora hoy en condiciones adversas, atravesado por tensiones internas y externas, pero también como una respuesta crítica a un modelo civilizatorio que ha demostrado su incapacidad para sostener la vida.

La movilidad urbana, impuesta en un mundo rural, revela con claridad la incompatibilidad entre dos racionalidades. Por un lado, una lógica que concibe el territorio como soporte para la circulación de mercancías, personas y capital; por otro, una lógica que entiende el territorio como espacio de vida, de memoria y de responsabilidad colectiva. El Cablebús no responde a las necesidades históricas de movilidad interna de Milpa Alta, sino a la necesidad de la ciudad de extender sus redes de control y de integración territorial. La promesa de movilidad para las nuevas generaciones ignora las consecuencias a largo plazo de la deforestación, la fragmentación del territorio y la pérdida de bienes comunes en un contexto de crisis climática global.

Ya no se trata de una ocupación militar, sino de una intervención administrativa, técnica y discursiva que presenta la imposición como consenso y el despojo como desarrollo. En este proceso, los pueblos originarios son nuevamente colocados en la posición de obstáculos que deben ser superados para que el progreso avance.

La distinción entre “ellos” y “nosotros” no es, en este sentido, una oposición simplista, sino la expresión de una relación histórica de poder. Ellos deciden desde espacios institucionales y económicos alejados del territorio; nosotros habitamos, cuidamos y defendemos un espacio que garantiza no sólo nuestra reproducción social, sino el equilibrio ambiental de una ciudad que depende de él. Cuando esta frontera se desdibuja mediante la cooptación y la fragmentación interna, el proyecto de dominación se vuelve más eficaz, pues opera desde dentro de la comunidad.

En un momento histórico marcado por el colapso ambiental y la crisis de sentido del modelo dominante, la defensa del territorio milpaltense frente a la imposición del Cablebús adquiere un significado que trasciende lo local. No se trata únicamente de oponerse a un proyecto específico, sino de disputar el sentido mismo del futuro. Frente a un mundo que concibe la vida como recurso y el territorio como mercancía, los pueblos indígenas sostienen, aun en condiciones de asedio, otras formas de pensar y habitar el mundo. En esa diferencia reside no sólo su derecho a seguir siendo pueblos, sino una de las posibilidades más urgentes para imaginar un futuro distinto.

A este proceso de imposición territorial se suma un patrón conocido en la historia política reciente de México: la criminalización sistemática de quienes cuestionan. La disidencia no es atendida como un ejercicio legítimo de participación social, sino tratada como una amenaza al orden público y a la gobernabilidad. En el caso de Milpa Alta, las voces que se oponen al Cablebús han sido objeto de señalamiento, estigmatización y persecución, reproduciento una lógica de control que no distingue entre administraciones ni colores partidistas. La narrativa oficial construye a quienes resisten como actores irracionales, manipulados o contrarios al desarrollo, desplazando el debate del terreno político al terreno moral y penal.

Esta criminalización no opera únicamente a través de dispositivos formales del Estado, sino que se amplifica mediante una cacería simbólica y digital que busca aislar, desacreditar y desgastar a quienes dignamente alzan la voz. El asedio en redes sociales, la difusión de información parcial o falsa y la exposición selectiva de personas y colectivos funcionan como mecanismos de intimidación que buscan inhibir la organización comunitaria. La persecución ya no requiere de la presencia permanente de fuerzas represivas en el territorio; basta con la vigilancia constante, el señalamiento público y la amenaza latente de consecuencias legales o administrativas para producir un clima de miedo y autocensura.

Lejos de constituir una ruptura con el pasado autoritario, estas prácticas revelan una preocupante continuidad histórica. El señalamiento de opositores como enemigos del progreso, la utilización del aparato estatal para neutralizar la protesta social y la construcción de discursos que justifican la represión tienen profundas raíces en el priísmo y el panismo mexicanos. La diferencia actual radica menos en el contenido que en la forma: a la coerción directa se suma ahora una sofisticada maquinaria de comunicación que legitima la violencia simbólica en nombre de la modernización, la legalidad y el interés general.

En este contexto, cuestionar un proyecto de infraestructura deja de ser un acto técnico o administrativo para convertirse en un ejercicio de alto riesgo político. Defender el territorio, exigir consulta real y denunciar los impactos ambientales y sociales implica exponerse a un proceso de desgaste personal y colectivo que busca quebrar la resistencia antes de que se consolide. La criminalización cumple así una doble función: por un lado, desarticula la organización comunitaria; por otro, envía un mensaje ejemplarizante a otros territorios que pudieran intentar oponerse a proyectos similares.

La persistencia de estas prácticas confirma que el conflicto en torno al Cablebús no es únicamente una disputa por movilidad, sino una confrontación entre formas opuestas de entender la democracia, el desarrollo y la relación entre Estado y pueblos originarios, así como la creciente pérdida de identidad. Cuando el gobierno recurre a la estigmatización y al asedio para imponer su proyecto, queda en evidencia que el consenso proclamado es frágil y que la modernidad que se pretende edificar sigue necesitando, como en otros tiempos, del silenciamiento y la persecución para avanzar.

En este escenario, la disputa no se reduce a la aceptación o el rechazo de una obra específica, sino que interpela de manera directa el sentido de las verdades que se imponen y las mentiras que se repiten hasta volverse paisaje. La modernidad que se anuncia como inevitable se sostiene, una vez más, sobre la negación de otras formas de vida, sobre la descalificación de otros saberes y sobre la violencia —material y simbólica— ejercida contra quienes se niegan a aceptar como destino lo que ha sido decidido sin ellos. La fractura entre ellos y nosotros no es retórica: es histórica, territorial y política.

Mientras desde arriba se insiste en presentar el Cablebús como signo de progreso y oportunidad, desde abajo se experimenta como una forma más de despojo, como la continuidad de un proceso de reconquista que no necesita ejércitos, pero sí discursos, estadísticas y promesas. Ellos hablan de futuro, pero lo hacen desde un presente que ya colapsa; nosotros pensamos el porvenir desde un territorio que aún respira, aunque cada vez con mayor dificultad. Ellos miden el desarrollo en kilómetros de infraestructura; nosotros lo medimos en la posibilidad de que la vida —humana y no humana— continúe siendo posible.

La defensa de Milpa Alta no es, entonces, un gesto de nostalgia ni una resistencia al cambio, sino un acto de responsabilidad histórica frente a una crisis que rebasa los límites del territorio. En un mundo marcado por el colapso climático y la descomposición del tejido social, la persistencia de formas comunitarias de organización, de vínculos no mercantilizados con la naturaleza y de saberes construidos colectivamente constituye una reserva ética y política de enorme relevancia. Negar esa reserva en nombre de la modernidad no sólo empobrece a los pueblos indígenas, sino que priva al conjunto de la sociedad de alternativas necesarias para enfrentar el presente.

Ellos necesitan avanzar, aunque para ello tengan que dividir comunidades, comprar conciencias y criminalizar la palabra. Nosotros necesitamos detenernos, mirar, escucharnos y volver a preguntarnos qué significa realmente vivir bien y para quién se construye el futuro que se promete. Ellos hablan de integración; nosotros hablamos de autonomía. Ellos llaman desarrollo a la expansión de la ciudad; nosotros nombramos defensa a la permanencia del territorio.

Al final, la pregunta no es si Milpa Alta debe conectarse con la ciudad, sino si la ciudad es capaz de reconocer que su supervivencia depende de aquello que aún no ha logrado devorar por completo. No se trata de negar el mundo globalizado, sino de disputar las condiciones en que ese mundo se impone y los costos que exige pagar. Porque cuando la modernidad se edifica sobre cuerpos golpeados, territorios heridos y comunidades fracturadas, lo que se construye no es futuro, sino la repetición de una historia de dominación que se resiste a morir.

Entre verdades y mentiras, entre ellos y nosotros, lo que está en juego no es una obra pública, sino la posibilidad misma de imaginar otros mundos posibles. Mundos donde la movilidad no signifique desarraigo, donde el progreso no implique destrucción y donde la voz de los pueblos no sea tolerada, sino escuchada. Mundos que no se imponen desde arriba, sino que se construyen desde abajo, paso a paso, con memoria, con dignidad y con la certeza de que no todo está perdido mientras exista quien se atreva a decir no.