LA RESISTENCIA DE COVAS DO BARROSO. TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN TIEMPOS DE SERVIDUMBRE

Tesis sobre el concepto de historia

En el norte de Portugal, en la región de Trás-os- Montes, se encuentra la freguesía —unidad administrativa local— de Covas do Barroso, que pertenece al distrito de Vila Real, formada por tres aldeas: Covas, Romainho y Muro. En 2021 llegó a Covas do Barroso la Gira por la Vida, encabezada por el Congreso Nacional Indígena y el EZLN, para conocer la lucha y resistencia de la Europa de abajo. De ese encuentro quedaron ecos y semillas. La población de estas aldeas lucha actualmente contra la imposición de un proyecto de minería de litio a cielo abierto en tierras privadas y comunales —llamadas baldíos—; no sólo defienden los dos logros fundamentales en la vida de esas comunidades: la restitución de las tierras comunales tras la revolución del 25 de abril de 1974 y el reconocimiento, en 2018, de Barroso como Patrimonio Agrícola Mundial por la FAO. Su lucha implica también desmantelar las políticas de devastación que garantizan beneficios rápidos en nombre de la supuesta “transición energética”.

Elisabete Pires, vecina de la freguesía de Covas do Barroso, comienza un vídeo publicado en marzo de 2025 por la asociación local UDCB (Unidos em Defesa de Covas do Barroso) diciendo: “Estoy aquí con mis amigos para demostrar que quieren acabar con nosotros, pero nosotros no vamos a desistir”. Detrás de ella se ve un grupo de treinta habitantes. En una camiseta se lee: “No a la mina / Sí a la vida”. El vídeo continúa con una interpretación folclórica conocida como rancho, de la canción “Trova do vento que passa” (Canción del viento que pasa) de Adriano Oliveira. La letra dice: “Incluso en la noche más triste / En tiempos de servidumbre / Siempre hay alguien que resiste / Siempre hay alguien que dice no” (traducción propia). La palabra “servidumbre” tiene un doble significado: por un lado evoca los tiempos de opresión que inspiran la canción original, refiriéndose a la época de la dictadura salazarista —la más larga de Europa en el siglo XX—; por otro, denuncia la realidad que se vive hoy en las aldeas de esa freguesía. En el momento de la publicación del vídeo, e incluso ahora mientras escribimos, la empresa Savannah Resources, quien promueve el proyecto de la mina de litio en Covas do Barroso, estaba perforando, contra la voluntad de la población, en terrenos privados y baldíos, amparada en un recurso gubernamental conocido como “servidumbre administrativa” otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente de Portugal.

Esta “servidumbre administrativa”, activada en diciembre de 2024 bajo la justificación de un supuesto interés público, autoriza a dicha empresa a entrar por la fuerza en los terrenos en cuestión durante un año para realizar prospecciones. Las compensaciones económicas se fijaron unilateralmente, basados en valores de mercado, sin tener en cuenta la complejidad de los usos y relaciones territoriales locales. Tanto los propietarios como el Consejo Directivo de los Baldíos rechazaron estas indemnizaciones, negándose a participar en este proceso y devolviendo el dinero.

La violencia de esta imposición se torna aún más flagrante en un contexto donde el deber de memoria y el respeto por el sacrificio de los ancestros moldean profundamente la relación de las comunidades con la tierra. En varias ocasiones, la propia población local ha tenido que intervenir sobre el terreno para impedir trabajos fuera del área autorizada por la concesión. Esta realidad coincide con las palabras de un representante de la Dirección General de Energía y Geología (DGEG), quien, durante una visita a Covas, afirmó que, ante la incapacidad del Estado para supervisar adecuadamente el proyecto, la población local debería actuar como “los ojos del Estado”. Esto pone de relieve la paradoja de estas comunidades: excluidas de la capacidad de definir su propio futuro, pero obligadas a garantizar, por sí mismas, el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos individuales y colectivos.

La situación se agrava por el entorno de vigilancia que la empresa ha establecido en las aldeas, amparada en la misma servidumbre administrativa, instalando cámaras de vigilancia y con la presencia, las 24 horas, de guardias de seguridad privados que recorren la aldea, lo que genera gran inquietud entre los residentes. Cuando una medida cautelar suspendió las actividades de la empresa, el propio Ministerio de Medio Ambiente asumió el rol de promotor del proyecto y emitió una resolución motivada en nombre de un supuesto interés nacional, revalidando la licencia de operación de la empresa. Entretanto, se ha presentado una segunda solicitud de servidumbre administrativa que actualmente se encuentra en revisión.

Pese a esta serie de actos violentos, la resistencia local no flaqueó. Bajo el lema “O tempo da servidão acabou” (El tiempo de la servidumbre acabó) y en una inspiradora muestra de resistencia característica de los últimos ocho años de lucha, la comunidad organizó manifestaciones, movilizó apoyos, interpuso demandas, cuestionó las narrativas hegemónicas, hizo oír su voz en los medios locales, nacionales e internacionales y recopiló estudios científicos críticos con el proyecto minero. Covas do Barroso nos recuerda que el futuro de la región no está en venta ni pertenece a nadie. Y que el pueblo no necesita quien dicte su destino desde fuera.

La privatización de los bienes comunes y la amenaza al patrimonio. El 19 de abril de 2018, la región del Barroso fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). La inscripción de la región en esta categoría patrimonial refleja la continuidad de un modo de vida particular en el territorio. Éste reproduce un metabolismo armonioso entre la naturaleza y la sociedad que da forma a los paisajes y deja su huella en las tierras que bordean las montañas, los prados y los muros de piedra que los delimitan. También se manifiesta en la domesticación de diversas especies vegetales y animales, como la vaca barrosã, y en la producción apícola con abeja nativa ibérica.

Los baldíos son una forma de propiedad colectiva de la tierra, esenciales para la gestión local de estos territorios. Durante la dictadura de Salazar, el Plan de Asentamiento Forestal (PPF por su nombre en portugués) ordenó la plantación forzosa y masiva de pinheiros-bravos (Pinus pinaster) en las tierras comunales del país. De este modo, el Estado impuso su autoridad sobre la soberanía de los dueños de las tierras comunales y prohibió el pastoreo, la caza y la recolección de leña. El objetivo del PPF era transformar estas áreas comunales, consideradas ociosas, en espacios de producción intensiva al servicio de la industria maderera nacional, en ese entonces una de las principales industrias mundiales. Así, el Estado desarticuló el tejido económico de las clases campesinas menos favorecidas, que dependían de las tierras comunales para sobrevivir, favoreciendo el éxodo rural y, por consiguiente, la proletarización de la población rural.

Esta expropiación de tierras comunales, que encontró una feroz resistencia por parte de la población local, sólo se revirtió con la devolución de dichas tierras a sus comunidades tras la Revolución del 25 de abril de 1974. La posterior creación de consejos directivos locales para la gestión de estas tierras, como ocurre en Covas do Barroso, es un ejemplo de recuperación de la soberanía local y de la posibilidad de revitalizar las prácticas colectivas en torno a un bien comunitario. Si bien hoy el pinar se extiende por las tierras comunales de Covas do Barroso, como legado del Estado Novo —periodo de la dictadura—, es la asamblea de compartes —comuneros— la que tiene la última palabra sobre su destino.

Hoy, como antes, el Estado amenaza la soberanía local al imponer un proyecto de “modernización”: la mina de Barroso, proyectada en su mayor parte en tierras comunales.

Así, dos logros sociales —la restitución de tierras comunales y su reconocimiento como patrimonio agrícola mundial— se ven hoy asediados por un proyecto extractivo cuyo objetivo principal es la acumulación de capital. Si la primera expropiación de tierras comunales se produjo en nombre de un supuesto progreso civilizatorio, hoy la minería se justifica con el mantra del “desarrollo verde”, incluso si esto implica la destrucción de montañas y ríos. Un ejemplo más de una política de devastación orientada al beneficio a corto plazo, sin ninguna perspectiva de resolver los problemas estructurales.

Las instituciones internacionales reconocen la importancia de estos territorios, no sólo para la región y el país, sino también para el mundo. Reconocen en ellos un modo de vida que no se limita a la subsistencia, sino que se basa en la integración territorial y la producción sostenible, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático en Portugal. Estos territorios de sacrificio en aras de la descarbonización resultan paradójicos, cuando que estas comunidades y sus modos de vida no son responsables de las emisiones nacionales de carbono. En tiempos de crisis para las instituciones internacionales —y ante el auge de proyectos liberal-fascistas—, la Unión Europea planea reactivar su economía a través de la industria militar. Para ello, será fundamental un consenso social en torno a la necesidad de invertir en la industria minera. Cuestiones como la militarización de Europa y su descarbonización se entrelazarán de las maneras más sutiles y peligrosas.

Este nuevo avance del capital minero, patrocinado por el gobierno nacional, representa un grave riesgo para la ecología local, la seguridad y la salud pública. También pone en peligro la categoría SIPAM otorgada por la FAO a la región, que demostró ser una estrategia para valorar los productos regionales y, por ende, contribuir a retener a la población. Covas do Barroso no es la única región afectada. Aprovechando una supuesta transición energética, la fiebre extractivista obtiene un importante respaldo institucional que se extiende. Por lo tanto, apoyar la lucha de Covas do Barroso no es sólo defender un territorio. Es luchar contra la tiranía y la supremacía del lucro. Es luchar por un mundo justo y ecológicamente armonioso, donde prevalezca la autodeterminación de las comunidades. Una lucha que es bien conocida en América Latina y el Caribe.

Los dilemas de la “transición energética”. El proyecto de la mina de Barroso, vinculado al suministro de litio para la industria de automóviles eléctricos, está ligado al marco político de la llamada “transición energética”. Más allá de su seductora publicidad, que evoca escenarios idílicos ecomodernos, es fundamental comprenderlo en sus efectos concretos: a través de lo que hace y lo que se hace con él. Para muchas comunidades en contextos electoralmente insignificantes y que, a ojos de la economía dominante, carecen de productividad en sus modos de vida, la “transición energética” significa la expropiación forzosa de montañas, campos agrícolas y zonas costeras para instalar minas, parques fotovoltaicos y eólicos, con grandes beneficios para empresas privadas.

En un contexto donde las “soluciones” a los problemas sociales inevitablemente generan oportunidades para los mercados, la “transición energética” debe entenderse como un instrumento ideológico, en gran medida en manos del poder político y económico, que moviliza discursos, fondos, inversiones, instituciones y mercados. Se vuelve así una herramienta política que legitima democráticamente la violación de los derechos de las comunidades rurales, la violenta alteración de sus modos de vida y la expansión de las fronteras del capitalismo, en la misma periferia europea.

Es importante recalcar que ninguna solución es eficaz sin un diagnóstico adecuado. El discurso hegemónico de la “transición energética” surge de una interpretación simplista y despolitizada de las emisiones de carbono. Según esta narrativa, la crisis climática es en esencia un problema técnico: es una elección errónea de la matriz energética. Bastaría con sustituir los combustibles fósiles por fuentes “limpias” y renovables. Esta lógica plantea tres problemas fundamentales: 1. Invisibiliza el costo ecológico de las supuestas energías verdes, que operan en sinergia con la industria de los combustibles fósiles y dependen de una extracción de materiales insostenible. 2. Reduce la crisis ecológica a una métrica de carbono, ignorando otras dimensiones críticas como la pérdida de biodiversidad, la erosión del suelo o la contaminación de las fuentes de agua. 3. Incluso aceptando este diagnóstico, se observa menos una transición que una expansión de los métodos de producción de energía para sostener una economía que sigue exigiendo un crecimiento ilimitado.

Esta imposición de “soluciones” hegemónicas en el ámbito tecnológico cumple una función política crucial. Se trata de una estrategia narrativa que invisibiliza el componente de elección política, relegándolo al terreno del sentido común, en contraposición a las voces críticas, que serían esas sí ideológicas. Esto genera un consenso “desideologizado”, que reduce el debate público y el abanico de alternativas viables. Sin embargo, optar por una transición centrada en la masificación del automóvil eléctrico privado —su bien fetichizado— es, sin duda, una decisión política. Invertir en políticas de transporte público, sistemas de reciclaje y la reducción del consumo energético disminuiría significativamente la dependencia del litio. Una verdadera transición energética exige un cambio en el paradigma económico y político. De lo contrario, seguirá siendo un mero instrumento para gestionar y maximizar los beneficios.

Para sostener esta propuesta hegemónica de transición energética, que en el contexto portugués encuentra un promotor clave en la Unión Europea, no basta con controlar el debate público, contar con la aprobación de los mercados o someterse a las instituciones. Es necesario, además, moralizar la disidencia. Por ello, las comunidades que se oponen a los proyectos de “descarbonización verde” se ven presionadas con frecuencia mediante una serie de argumentos cargados de moralidad: acusaciones que van desde “perpetuar las relaciones coloniales”, hasta ser movimientos “no en mi patio trasero”, pasando por querer un determinado estilo de vida sin aceptar los sacrificios necesarios, e incluso ser obstáculos para el progreso y el desarrollo nacional. Se crea así una economía moral en torno a la “transición”, que busca deslegitimar la resistencia y silenciar la crítica, convirtiendo los territorios sacrificados en daños colaterales de una causa mayor. En resumen, buscan imponer de nueva cuenta esa dicotomía sobre la que se ha asentado el capitalismo y el colonialismo: civilización o barbarie.

Más que un futuro abierto, fruto del debate público y orientado a una solución fundamental, la “transición energética” construye un futuro estrecho, inevitable y vertical. Un futuro basado en las baterías de litio como panacea climática y una visión tecno-optimista del progreso lineal. Si bien es cierto que manipular el futuro es un poderoso instrumento de dominación social, también lo es que esta transición hacia un futuro único encuentra resistencia. Por doquier surgen luchas populares que rechazan el sacrificio de sus territorios en aras de una transición en la que los grandes intereses industriales se erigen como héroes. Estas contratransiciones, o transiciones repensadas desde abajo, demuestran que el futuro no está escrito: es un campo de disputas, delgado, efervescente y en constante construcción. La solidaridad y las alianzas internacionales entre los pueblos, en tiempo convulsos, es fundamental. Covas do Barroso, desde la periferia europea, está haciendo su parte y se hermana con luchas en distintas partes del planeta.

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Diogo Sobral, candidato a doctor en Antropología en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nova de Lisboa (FCSH-UNL), y Rodolfo Oliveros, presidente del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales A.C., candidato a doctor en Antropología y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).