SAMIR FLORES, SIETE AÑOS DE IMPUNIDAD

El 20 de febrero de 2019 fue asesinado en su natal Amilcingo, Morelos, el defensor del territorio nahua Samir Flores Soberanes. A siete años del homicidio prevalece la impunidad. No hay castigo para los autores intelectuales.

Juan Carlos Flores, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) de Puebla, Morelos y Tlaxcala, asegura que la constante en las investigaciones ha sido “el montaje”. Desde el inicio, advierte, se pretendió “desviar la atención de este asesinato que se dio para obstruir la defensa del territorio y completar el Proyecto Integral Morelos, y hacerlo ver como un ajuste de cuentas entre dos grupos crimínales”.

Este intento, señala Flores en el foro “Tejiendo palabras”, organizado en las redes del Congreso Nacional Indígena (CNI) “no les salió”, pero después empezaron a generar testimonios en los que “parece que uno de los principales testigos, que señaló cómo se ordenó la muerte de Samir, fue desaparecido por la propia Fiscalía de Morelos. Obtuvieron la declaración a través de una privación ilegal de la libertad y presuntamente a través de golpes, entonces no conocemos la certeza de estos testimonios”.

El abogado, activista, amigo y compañero de Samir Flores, el primer defensor asesinado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, advierte que dos de los principales testigos “que dicen haber visto a los autores materiales del asesinato, han sido asesinados en este tiempo, por lo que no hay testigos que pueda presentar la Fiscalía en el juicio que ofrezcan la certeza de que la persona que se encuentra detenida, Javier N, haya participado como autor material del asesinato de Samir”.

Por su calidad de comunicador comunitario, fundador de Radio Amiltzinko, el caso fue atraído por La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), instancia que, explica Juan Carlos, “no tiene de otra, para el caso de Javier N, que seguir el guión que montó Uriel Carmona (ex fiscal de Morelos). En este sentido, en el contexto de las jornadas por los siete años del asesinato de Samir, comenzará el juicio para esta persona detenida”.

Serán cinco días de audiencia en los que se escucharán los testimonios de la Fiscalía y luego se dictará un receso. Posteriormente se ofrecerán los testimonios por parte de la defensa del detenido, para pasar a la resolución del caso, posiblemente en marzo. Pero, insiste Flores, “todo está enfocado en un montaje sobre la persona que está detenida”.

Las investigaciones que exi sten en la carpeta apuntan a un grupo o a una célula delictiva de la zona, denominada Los Aparicio, “de los que sí pensamos que fueron los autores materiales del asesinato de Samir y es el grupo criminal que tomó el control político y territorial de la zona. Pero la persona detenida no forma parte de este grupo criminal, es una persona adherida por la Fiscalía a toda esta l ógica”, insiste el integrante del Frente de Pueblos. Y, sin dudar, advierte que los verdaderos autores materiales, los mandos medios (crimen organizado) y los autores intelectuales, están libres.

“Esa es la falta de justicia que desde arriba existe en el caso de Samir”, afirma el abogado, pero también, dice, “está la justicia desde abajo, y pensamos que se tiene que seguir construyendo no sólo para Samir, sino para todos los compañeros y compañeras que han dado su vida y su libertad en la defensa del futuro de todas y todos nosotros contra este capitalismo salvaje que impone todos estos megaproyectos”.

De acuerdo a la SecretarÍa de Energía el PIM opera al cien por ciento los 365 días del año, con una generación eléctrica constante, pero, señala el FPDTA, “las compañeras de la comunidad de Huexca ven cómo la termoeléctrica no termina de funcionar, está apagada la mayoría del tiempo, muchas veces nada más hierve el agua y genera la evaporación, pero no el movimiento de las turbinas y por lo tanto no hay electricidad. En varias ocasiones que han intentado echarla a andar han escuchado tronidos sobre las turbinas”. Lo que es un hecho es que “sí se están llevando el agua para el funcionamiento de la termoeléctrica, lo hemos visto, pero no vemos que esté funcionando el proyecto”.

La prioridad del PIM no era generar electricidad, sino transportar gas y eso es lo que los empresarios no sueltan pues es para abastecer el corredor industrial de Morelos.

Legalmente, advierte el abogado Flores, “están haciendo el funcionamiento violando las suspensiones federales que existen. Hay una suspensión para el funcionamiento del gasoducto en el ejido de Amilcingo; hay una suspensión de más de cuatro ejidos del municipio de Ayala para que no disminuya su caudal de agua para riego con el funcionamiento de la termoeléctrica; una más de Huexca para que no se contaminen los cuerpos de agua por la descarga de la termoeléctrica. Y todas estas suspensiones son ignoradas por la empresa, mientras juzgados y tribunales, de manera cómplice, se hacen de la vista gorda para no hacer cumplir estas suspensiones”.