HACIA LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO TRANSGÉNICO
Fotomontaje del proyecto Cherán K’eri, el Cantar del Bosque, que acompaña la memoria y la defensa del territorio en dicha comunidad p’urépecha. Cortesía: Malely Linares Sánchez
Una reciente convocatoria de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación ha reactivado las alertas en movimientos emblemáticos para la defensa de los maíces nativos y la milpa en México, y ha trastocado la propia normativa que rige al sector. En vez de fortalecer la ciencia pública y el diálogo de saberes como lo mandata la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, pretende hacer pasar proyectos de edición genética y biopiratería digital como esfuerzos a favor de la agrobiodiversidad y la soberanía alimentaria.
La convocatoria tiene varios problemas que de inmediato saltan a la vista. Para empezar, la soberanía alimentaria parte de la expresión de las necesidades y las aspiraciones de los pueblos acerca de los sistemas agroalimentarios. Pero, ¿cuándo fue que el pueblo de México decidió optar por la “secuenciación genética de especies nativas”, la “edición genética” y “otras herramientas biotecnológicas permitidas” para generar “nuevas variedades, razas o individuos mejorados genéticamente”? Sería oportuno que la Secretaría diera a conocer la consulta social, el diagnóstico científico y el dictamen legal con base en los cuales le pareció buena idea promover y justificar el financiamiento de este tipo de proyectos.
Por otro lado, es evidente que contradice la Constitución mexicana y la legislación vigente en materia de ciencia, alimentación y bioseguridad, ya que amenaza la soberanía alimentaria, en particular los cultivos tradicionales con semillas nativas, incluido el maíz, y las diversas formas de agricultura verdaderamente sostenibles. Además, reproduce la lógica neoliberal de la ciencia, una ciencia no para el beneficio de la humanidad sino de intereses privados, y pone en riesgo derechos fundamentales de pueblos y comunidades indígenas y campesinas, así como de personas consumidoras y de la población en general, que no pueden ser sacrificados en nombre de la innovación con pretensiones de privatización de los bienes comunes.
Aunque las personas autoras de la convocatoria intentan distinguir entre la edición genética y otras técnicas de modificación genética, como las transgénicas, la diferencia es más nominal que real. Al igual que la transgénesis, la edición genética implica riesgos para la salud humana y el ambiente, además de los efectos socioeconómicos y culturales al momento que los organismos genéticamente modificados (OGM) son liberados al ambiente. No es una tecnología segura ni precisa como es usualmente promovida por sus desarrolladores, altera el genoma de los organismos vivos en formas impredecibles y con efectos epigenéticos. Asimismo, la edición genética rebasa las barreras naturales de la reproducción y la recombinación genética.
Además, resulta obvio que las personas autoras de la convocatoria ignoran que ni la edición genética ni la biología sintética están reguladas en México, por lo que no hay reglas de bioseguridad al respecto. Senalan que las modificaciones genéticas están permitidas únicamente para “fines de interés público”, como la seguridad alimentaria, el rescate de variedades nativas y la mejora de cultivos estratégicos, pero siempre “bajo control del Estado mexicano”.
Cabe recordar que, en los años 90, algunos tecnólogos mexicanos, que hicieron estudios de posgrado en centros de investigación de Estados Unidos, importaron un modelo de negocio al país: el negocio de la llamada biotecnología moderna, con la idea central de hacer transgénicos mexicanos con el financiamiento de instancias públicas para luego patentar los OGM producidos y comercializarlos en el campo mexicano o exportarlos con la promesa de tener bajos costos de producción y altos rendimientos.
Se trata de un mecanismo de privatización: las semillas GM se hacen a partir variedades vegetales hibridizadas por fitomejoradores que, a su vez, tomaron como material base las plantas domesticadas y diversificadas como bienes comunes por los pueblos originarios. Además, las semillas GM son siempre comercializadas con un paquete tecnológico basado en fertilizantes sintéticos y plaguicidas altamente peligrosos (PAP), a eso le llaman plataforma tecnológica. Ahora incluso existen fertilizantes y plaguicidas hechos a base de OGM.
Se trata de un modelo tecnológico insostenible en términos ambientales, culturales, sociales y económicos: inserta al ambiente materiales genéticos alterados en laboratorios, homogeneiza los cultivos, reduce la diversidad genética, atenta contra la riqueza biocultural, crea dependencia para las y los agricultores, destruye la fertilidad de los suelos, contamina el ambiente, contribuye al decaimiento de poblaciones de insectos benéficos, altera el equilibrio ecológico, los productos de esos campos son menos nutritivos y no tienen propiedades nutracéuticas benéficas, casi siempre por su baja calidad y alto contenido de azúcares son destinados a la industria de los alimentos ultraprocesados y, para colmo, tienen residuos de plaguicidas altamente peligrosos y no existe consenso científico sobre la seguridad de su consumo.
Al parecer las personas autoras de la convocatoria han decidido ignorar todos esos riesgos y pregonar supuestos beneficios de los OGM, usando las mismas falsas promesas de los transgénicos, ahora trasladadas a los editados genéticamente o producto de la biología sintética, mezcladas con aquella vieja idea de que toda tecnología es neutral, ni buena ni mala, pues todo depende de quién la emplee: si el Estado desarrolla, controla y emplea la “secuenciación genética de especies nativas”, la “edición genética” y “otras herramientas biotecnológicas permitidas”, entonces las modificaciones genéticas son no sólo buenas sino de “interés público”.
El sexenio pasado nadie hubiese pensado que la defensa de la soberanía nacional tendría como uno de sus pilares la biotecnología, en particular, las técnicas de modificación genética. Hasta antes de que la convocatoria que comentamos se hiciera pública, difícilmente alguien se imaginaría que la construcción del segundo piso de la 4T implicaría la constitución de un Estado transgénico en México.
En este sentido, la convocatoria es sólo una pieza dentro de una campaña de promoción de un modelo de ciencia y alimentación subordinado a intereses corporativos propios de las empresas biotecnológicas, donde la agrobiodiversidad y la bioseguridad salen sobrando. Pero también es algo más: el aviso de que se busca que las técnicas de modificación genética sean capacidades públicas, con un fuero específico, preparado para subsumir y reconfigurar el orden de los derechos fundamentales.
Sin embargo, la edición genética no fortalece la soberanía alimentaria, la debilita. La alternativa real es optar por modelos productivos que han demostrado ser verdaderamente sostenibles y viables como las agritulturas tradicionales, la agroecología, la producción orgánica con bioinsumos naturales y la participación activa de las comunidades indígenas y campesinas en la política científica y agrícola. La soberanía alimentaria va de la mano con la biodiversidad, la agrodiversidad, la riqueza biocultural y los derechos humanos. Sólo puede construirse sin OGM ni PAP.
En particular, la defensa del maíz como bien común está ligada a las comunidades indígenas y campesinas que enfrentan proyectos extractivos y de despojo que vulneran su autonomía y subsistencia. La soberanía alimentaria no puede construirse sin respeto a sus derechos colectivos fundamentales. El maíz no es sólo semilla, es territorio, y su protección es inseparable de la garantía de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinos que lo han cultivado y protegido durante siglos.