VIOLENCIA, DEFENSA Y TERRITORIO

DESTELLOS PARA ENTENDER Y SEGUIR, DEL FONDO DEFENSORES: MÁS QUE UN INFORME

Más que un informe sobre la situación de la defensa de los territorios indígenas en México, Destellos para entender y seguir es una herramienta para las comunidades, un material que parte de sus voces y se las devuelve en una cuidada y cuidadosa edición a cargo de Eric Nava, oficial del programa de investigación del Fondo de Defensores y coordinador de investigación de este documento enfocado a la defensa de los territorios.

Explica Nava durante la presentación que la primera parte del informe consiste en una lectura crítica, actualizada y rigurosa que “está dedicada
a la lectura del contexto político nacional; también incluimos varias de las preocupaciones que observamos desde el Fondo de Defensores, pero, sobre todo, aquellas que nos comparten las propias comunidades indígenas”. Se aborda así la situación de las y los defensores del territorio, los avances y retrocesos en materia jurídica respecto al reconocimiento de los territorios indígenas en México, las situaciones extremas de violencia y las múltiples formas en que ésta se manifiesta, como la criminalización, la militarización, la paramilitarización, el desplazamiento interno forzado y el impacto de la crisis climática en sus territorios.

La segunda parte se refiere a las adversidades y, sobre todo, a las alternativas que se construyen desde las comunidades. Se trata de experiencias tejidas con testimonios de los pueblos yaqui, yoreme, wirrárika, coca, zapoteco y tsotsil.
A continuación Ojarasca reproduce el apartado correspondiente al contexto político electoral del 2018 al 2024.

2018-2024

2018: LOS PUEBLOS INDÍGENAS COMO PRIORIDAD DEL ESTADO

En alguna medida, podríamos decir que todo el cambio comenzó en el terreno de lo simbólico. En la toma de posesión de López Obrador, después a asistir al Congreso para recibir la banda presidencial, éste acudió al

Zócalo para tomar el bastón de mando que le entregarían los Pueblos Indígenas (acto que sería repetido por Claudia Sheinbaum años más tarde). Si bien el acto generó escepticismo entre quienes cuestionaban la legitimación de quienes acudieron a entregar el bastón, también generaba expectativas en sectores de la población que habían sido históricamente excluidos y discriminados. Dicha expectativa no sucedía sobre el vacío, sino que se sustentaba en la campaña de López Obrador y en los compromisos que firmó públicamente cuando asumió la presidencia, en los cuales, los más pobres y, sobre todo, los Pueblos Indígenas se enunciaban como una prioridad de su presidencia (Gobierno de México, 2019).

Adicionalmente, el análisis de los datos electorales no dejaban lugar a dudas de la legitimidad del nuevo gobierno y del desmoronamiento de cierta lealtad del “voto indígena” hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Así, según el estudio de Laura Ruiz (2018): la población de “distritos electorales indígenas” aportó un poco más de 2 millones de votos para López Obrador (el 10% de los votos que obtuvo en todo el país) lo que, según las cifras del Instituto Nacional Electoral (INE) equivale a decir que el 53.2% de la población indígena votó por López Obrador.

Por supuesto, ese porcentaje de votos debía traducirse en acciones si no se quería perder el terreno electoral ganado. Así, con los vientos políticos a favor, el gobierno decide concretar programas sociales y proyectos gubernamentales dando preferencia de atención a los Pueblos Indígenas (número 1 de los 100 compromisos). Siguiendo este flujo, el gobierno decide también incluir a los Pueblos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 2024 (DOF, 2019), se compromete a reconocer constitucionalmente los sus derechos, crea del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y promueve los Planes de Justicia y de Desarrollo Integral (17 en total, dirigidos a 26 pueblos).

De forma específica, esto implicaba que, en el terreno de lo económico los Pueblos Indígenas estarían integrados en la obra y los beneficios de los proyectos insignia (Tren Maya y Corredor Interoceánico). Por otro lado, en el terreno de lo social estarían incluídos como grupo prioritario en cuatro de los programas: personas adultas mayores, personas que viven con discapacidad, jóvenes universitarios y la reconstrucción por los sismos de 2017 y 2018. A su vez, en el terreno de lo jurídico y lo institucional el INPI sustituiría a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y se promovería una reforma al artículo 2o de la Constitución. Finalmente, en el terreno de lo político se establecerían los Planes de Justicia y Desarrollo dirigidos al fortalecimiento de la autodeterminación de los pueblos.

Ahora, para hacer un balance sobre estos compromisos y acciones durante el sexenio de López Obrador, vale la pena detenerse en tres fuentes de información. La primera es el reporte de cumplimiento de estos compromisos elaborado por el INPI, según el cual los avances en lo relativo a derechos de los Pueblos Indígenas tienen un estatus de cumplido (INPI, 2024). En este reporte destacan: la prioridad de atención para los Pueblos Indígenas en los programas sociales, la distribución de recursos de los programas sociales para el 90% de los hogares indígenas (dato que el INPI toma de los Programas del Bienestar 2022) y la expedición de ley que constituye al propio INPI. Si nos detuviéramos aquí, todo pareciera indicar que las acciones gubernamentales van por buen camino.

Una segunda fuente de información nos indica que los proyectos insignia de este sexenio se desarrollaron bajo condiciones en la que los Pueblos Indígenas no fueron prioritarios. Por esa razón distintas comunidades combatieron estos proyectos con pronunciamientos, quejas y denuncias en las que se señalaban violaciones al derecho a la consulta, al derecho al territorio y a la libre determinación. Tal y como estableció la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno federal promovió apresuradas consultas ciudadanas que no equivalen en absoluto a las consultas que debieron ser organizadas por las mismas comunidades indígenas para aprobar o rechazar dichos proyectos en sus territorios (ONU-DH, 2019). Este dato es importante subrayarlo pues se relaciona con algo que escucharemos en en la Segunda Parte del Infor

me a través de la voz de comunidades de los pueblos Yoreme y Yaqui: durante este sexenio se experimentaron fuertes rupturas dentro de las estructuras que articulan la democracia indígena.

Finalmente, si vamos a una tercera fuente y atendemos a las voces que nos cuentan sus experiencias sobre la implementación de los Planes de Justicia, observaremos dualidades y tensiones. En esta escucha nos encontraremos con comunidades que piensan que los Planes reafirman prácticas coloniales en las que el Estado se atribuye indebidamente el diseño de los Planes y cambia la esencia de lo que se buscaba con ellos (Comunidad de Pótam), también nos encontraremos voces de pueblos que expresan que los Planes pueden ser una herramienta estratégica para seguir la lucha (pueblo wirrárika).

2024: DE LA INCERTIDUMBRE A LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO

Todo lo anterior ilustra las condiciones en las que Claudia Sheinbaum Pardo asumió la presidencia y nos colocan en el presente más inmediato. Como sabemos, la presidenta construyó su carrera política dentro del obrado

rismo y asumió el compromiso de darle continuidad al proyecto de esa corriente política. Aun así, no quedaba claro cuál sería la posición que tendría su gobierno respecto a

los derechos de los Pueblos Indígenas. La incertidumbre se fundaba en la experiencia de algunos pueblos originarios durante el período que Sheinbaum gobernó la Ciudad de México. Según lo que denunciaron organizaciones como el Frente de Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac (Contralínea, 2022), con el sistema de registro y documentación de pueblos y comunidades de la Ciudad de México se excluyó a muchos pueblos autoidentificados como originarios.

La incertidumbre no se disipó del todo con el discurso inaugural de Sheimbaum, quien repitió el ritual político de la entrega del bastón de mando y la enunciación de 100 compromisos. El mensaje fue ambigüo pues incluyó un compromiso dirigido a las mujeres indígenas artesanas (el número 24. Gobierno de México, 2024), pero los Pueblos Indígenas pasaron del lugar 1 al 18, lo cual parecía indicar un ajuste de prioridades. Ciertamente, como ilustraremos en uno de los siguientes apartados, las dudas se disiparon cuando la presidenta decidió claramente darle continuidad a las políticas de su antecesor: respaldó la implementación de la reforma en materia de derechos de Pueblos Indígenas aprobada y decretada en los últimos días de la administración de López Obrador, aseguró la continuidad de los Planes de Justicia en marcha, incrementó la cantidad de Planes y les garantizó un presupuesto.

Así, en términos generales podríamos decir que desde 2018 ha habido avances sustanciales. La aprobación de la Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano (30 de septiembre de 2024) y los progresos en la ejecución de los Planes (en particular los correspondientes al pueblo Wixárika y de la Sierra Tarahumara) son dos ejemplos importantes. A ello se suma la aprobación del Plan de Justicia del Pueblo Purépecha y, en ese mismo rubro, la creación de la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos el 15 de enero de 2025 (DOF, 2025).

Sin embargo, es importante subrayar que mientras continúen las persecuciones, asesinatos y desplazamientos, cualquier avance jurídico tendrá un impacto limitado para la defensa del territorio y el medio ambiente. No olvidemos que las defensoras y defensores son la primera línea de protección y son quienes operarán los cambios constitucionales y los nuevos marcos jurídicos. Si la violencia contra sus personas no cesa, los cambios y avances quedarán vacíos.