¿DESARROLLO SOSTENIBLE SIN LOS PUEBLOS INDÍGENAS?

La Agenda 2030 proclama un principio ambicioso: no dejar a nadie atrás, es decir, escuchar y tomar en cuenta las voces e inquietudes de la totalidad de los sectores de la sociedad. Sin embargo, en el acontecer cotidiano, ese compromiso global asumido por la comunidad internacional parece desdibujarse cuando se trata de los pueblos originarios, en este caso, los de América Latina. Tan es así, que la novena reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), celebrada en Santiago de Chile del 13 al 16 de abril, volvió a evidenciar esa tensión entre discurso y realidad. Aunque el encuentro reunió a gobiernos, academia, sector privado y sociedad civil, la participación efectiva de un sector clave estuvo ausente.

Si bien los temas tratados resultaron de importancia para los Estados y por supuesto para la población en su conjunto en materia de desarrollo sostenible, uno de los actores cuya presencia fue marginal o inexistente en los paneles principales y que, por lo tanto, no tuvo la oportunidad de ser visualizado ni escuchado, fue el de los pueblos indígenas de la región. En el documento que la propia CEPAL expidió el día del cierre de este evento denominado “Conclusiones y Recomendaciones Acordadas entre los Gobiernos Reunidos en la Novena Reunión del Foro de los Países de América Latina y El Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, apenas se hace referencia a estos pueblos. Sin embargo, la referencia hacia ellos no es como protagonistas activos que expresaron su sentir y sus puntos de vista, sino como grupos vulnerables que deben ser protegidos por los Estados en una clara visión paternalista.

Pese a que dicho texto señala “la importancia de integrar los conocimientos indígenas y tradicionales, así como las prácticas culturales, sociales y ambientales de los pueblos indígenas” y resaltar las contribuciones “en materia ambiental, cultural y social y en la oferta de soluciones eficaces a los desafíos ambientales actuales”, estos pueblos no tuvieron cabida en la programación y con ello en las mesas de discusión a modo de expresar los retos que como pueblos viven a diario. El Foro incurre en una paradoja retórica cuando afirma que “es crucial llegar primero a los más rezagados y empoderar a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad”. Es decir, por un lado, se pretende traer a escena a grupos desprotegidos, por otro, no se toman en cuenta en las discusiones y decisiones que tienen repercusiones en sus territorios.

La participación de pueblos indígenas no debe ser invisibilizada pues afecta a un buen número de indígenas en la región. Las cifras de la UNESCO no son menores: 58 millones de personas repartidas en más de 800 pueblos indígenas, un 10% de la población regional que custodia la mayor diversidad biológica y lingüística del continente. Sin embargo, en países como Bolivia o Guatemala, donde constituyen la mayoría, o en México, con sus 30 millones de integrantes, la importancia demográfica no se traduce en peso político. La supervivencia de estos pueblos sigue siendo una anomalía heroica frente a estructuras que, pese a los avances normativos, parecen diseñadas para su erosión.

Aunque los representantes de los Estados, la sociedad civil, el sector privado y la academia, cuentan con espacios para debatir e intercambiar experiencias sobre la implementación y funcionalidad de la Agenda 2030 en América Latina, lo cual lo convierte en un escenario plural, fue indispensable la representación de integrantes de pueblos indígenas como sector específico de la sociedad. Si alguien tiene conocimiento de primera mano de las necesidades, problemáticas y desafíos que se viven en estos contextos, son precisamente los integrantes de pueblos indígenas. Esta discriminación institucional impide a los pueblos indígenas exponer la situación de vulnerabilidad en que se encuentran debido a una serie de factores que limitan e impiden su adecuado desarrollo.

El derecho a la libre determinación fue el gran tema y debate ausente. No es una prerrogativa menor, este derecho es el cimiento sobre el cual descansa el resto de sus derechos. Al omitir la libre determinación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda 2030 incurre en un silencio revelador. La exclusión en eventos internacionales de este nivel no es sólo una falta de cortesía diplomática; es el preludio de la desprotección legal y el despojo territorial.

Los pueblos indígenas no sólo fueron excluidos del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, en el cual no tuvieron un espacio para expresarse, sino que la propia Agenda 2030 no hace referencia expresa al derecho que tienen a su autodeterminación como pueblos en ninguno de los ODS. Este hecho limita la toma de decisiones ambientales al no expresar su consentimiento libre, previo e informado.

No tener parte activa en este espacio de discusión deja entrever que la agenda internacional, pese a todos los esfuerzos por parte de los Estados, los organismos internacionales y demás voces, se construye sin tomar en cuenta a los pueblos indígenas de América Latina. Dejar fuera a los pueblos originarios implica incumplir directamente uno de los principios fundamentales de la Agenda 2030, en particular el que señala la máxima de “no dejar a nadie atrás”. Con este hecho se reduce y deja entrever la efectividad de las políticas de sostenibilidad a nivel global en cuanto a los pueblos indígenas se refiere.

Es fundamental la inclusión de los pueblos indígenas en este tipo de espacios y escenarios de discusión, pues su participación es esencial en la implementación de los ODS al poseer conocimientos clave en el marco de la biodiversidad y de los ecosistemas en la región. Además, al no estar presentes en la toma de decisiones, los pueblos indígenas corren el riesgo de ser marginados de los beneficios del desarrollo, empeorando su situación de pobreza extrema y desplazamiento forzoso.

Excluir a los pueblos indígenas contradice el Objetivo 17, que señala que para el logro de un desarrollo sostenible es fundamental llevar a cabo una “Alianza Mundial” entre los diferentes actores del planeta, ya sea gobiernos, sector privado, academia, sociedad civil, y con ello situar la Agenda 2030 en el centro de políticas y actuaciones a favor de todos. No sólo se trata de “integrar los conocimientos indígenas y tradicionales” como si fueran piezas de museo; es imperativo reconocer a los pueblos indígenas como sujetos políticos plenos. Ignorar su gobernanza y su derecho al consentimiento previo no es sólo un error ético; es condenar las políticas de sostenibilidad al fracaso por falta de raíces sólidas.

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Juan Daniel Oliva Martínez, experto en pueblos indígenas, sostenibilidad, inclusión y diversidad cultural, es decano, investigador y docente en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

Elías Ángeles-Hernández, doctor en Derecho, investigador en la UC3M y profesor en la UNAM. Especialista en derecho indígena, minorías étnicas, multiculturalismo e interculturalidad.