CONSERVACIÓN O SAQUEO ACADÉMICO

El despojo y el saqueo de los territorios no siempre llegan acompañados de retroexcavadoras, motosierras, concesiones mineras o desarrollos turísticos. Algunas veces llegan en camionetas universitarias, con frascos para tomar muestras, redes entomológicas, redes de niebla, prensas botánicas, ganchos, pinzas y sacos para la recolecta herpetológica. Se presentan formalmente como investigación, conservación o rescate del conocimiento o saberes tradicionales, pero pueden reproducir al mismo tiempo una lógica completamente opuesta: un extractivismo del que poco se habla debido al prestigio que ostentan estos investigadores, centros de investigación, universidades, uniones internacionales para la conservación de la naturaleza e instituciones encargadas de “proteger al medio ambiente”.

Durante algunas expediciones biológicas se recolectan semillas, frutos, plantas, hongos y animales. En ciertos casos, estas actividades se realizan sin los permisos correspondientes o sin la autorización de las autoridades comunitarias. Sin embargo, no sólo se extraen organismos: también se recopilan palabras y nombres en lenguas originarias, recetas, prácticas y conocimientos desarrollados y perfeccionados durante muchas generaciones. Tiempo después, esa información aparece en una tesis, un artículo científico o un libro. Los nombres de los investigadores ocupan la portada, mientras que las comunidades y los guías locales, en el mejor de los casos, quedan postergados a una simple mención en la sección de agradecimientos.

Algo semejante puede ocurrir con los ejemplares recolectados. Los registros de los organismos permanecen en publicaciones científicas, pero no todos los especímenes ingresan a colecciones institucionales que garanticen su resguardo y consulta pública. Algunos pueden terminar en colecciones privadas e incluso salir fuera del país. También existen situaciones en las que investigadores aprovechan las necesidades económicas de los habitantes y les ofrecen un pago económico por recolectar organismos, involucrando a las personas en el tráfico ilegal de especies.

Lo anterior no representa a toda la academia ni busca invalidar la investigación científica. Existen investigadores y proyectos comprometidos con la legalidad, la reciprocidad y el respeto a las comunidades. No obstante, es necesario reconocer que las instituciones presentadas ante la sociedad como espacios de ciencia y conservación tampoco están exentas de prácticas extractivistas, conflictos de interés, corrupción o saqueo ilegal de especies. El prestigio académico no debe utilizarse como garantía automática de una conducta ética.

Este problema es especialmente grave porque la biodiversidad no se encuentra separada de la vida cultural. Una semilla no es solamente una combinación genética: contiene una historia de selección artificial, intercambio, alimentación, ritualidad y adaptación al territorio. Una planta medicinal no es únicamente una lista de compuestos químicos. Su uso comprende formas de preparación, momentos de recolección, restricciones, responsabilidades y relaciones entre las personas, los territorios, el agua y la memoria colectiva. Separar al organismo de esas relaciones significa mutilar su sentido. Que en las comunidades rurales se asesinen serpientes venenosas por la ignoracia o temor por su importancia médica no significa que éstas deban ser saqueadas para vivir cautivas a miles de kilómetros fuera de su territorio y hábitat natural.

De esta manera el saqueo de la biodiversidad se convierte en despojo de la bioculturalidad. No se extraen únicamente plantas, animales y otras especies; también se extraen nombres, prácticas, clasificaciones locales, narraciones, fotografías e imágenes. Lo que para una institución representa “información”, para una comunidad puede constituir una parte fundamental de su identidad, su memoria colectiva y su existencia en el territorio.

Existe, además, una contradicción difícil de ignorar. Algunos académicos construyen públicamente una identidad de defensores de la naturaleza mientras reproducen relaciones profundamente desiguales con quienes la han conservado durante generaciones. En ocasiones, también facilitan el acceso a organismos, información para investigadores extranjeros o suministran ejemplares a colecciones privadas, sin que las comunidades conozcan plenamente el destino de aquello que se extrae.

En conferencias hablan de los “guardianes de naturaleza o bioculturalidad”. En las redes sociales publican fotografías junto a infancias, campesinos, cocineras tradicionales o autoridades comunales. Presentan a los territorios como ejemplos de armonía ecológica y utilizan expresiones como participación, diálogo de saberes y conservación comunitaria. Sin embargo, cuando llega el momento de decidir qué investigar, qué publicar, dónde resguardar las muestras o cómo distribuir los recursos, la comunidad deja de ser la protagonista.

La autodenominada “fotografía por la conservación” funciona como una máscara. La cercanía con las comunidades se transforma en capital: una supuesta prueba de compromiso, sensibilidad y trabajo de campo. Pero una imagen junto a los habitantes de un pueblo no demuestra que ese pueblo haya participado en la definición del proyecto, controle sus resultados o reciba una parte justa de los beneficios.

Muchas instituciones consideran resuelto el problema cuando una persona firma un consentimiento. No obstante, una firma individual no siempre equivale a una autorización colectiva. Tampoco garantiza que se hayan explicado con claridad los posibles usos futuros de la información, su publicación en plataformas abiertas, el traslado de muestras a otros países o su utilización en investigaciones distintas de las planteadas originalmente.

El consentimiento verdadero debe ser previo, libre, informado y culturalmente adecuado. También debe entenderse como un proceso continuo, no como un trámite realizado antes de comenzar una recolecta. Las comunidades necesitan saber quién financia el estudio, qué materiales serán recolectados, dónde se depositarán, quién podrá consultarlos, qué riesgos existen y cuáles serán los beneficios concretos. Además, deben conservar el derecho de negar el acceso, establecer restricciones o retirar su autorización cuando lo consideren pertinente.

La conservación de la biodiversidad pierde legitimidad cuando se utiliza para construir carreras académicas mientras deja intactas las desigualdades. No basta con estudiar una especie amenazada si para hacerlo se ignoran los derechos de las personas que la han protegido in situ. No basta con publicar sobre conocimientos tradicionales si quienes los compartieron no pueden decidir cómo serán utilizados. Tampoco basta con proclamarse defensor de la biodiversidad mientras se saquea la trama biocultural que la sostiene.

Frente a este modelo también existe una investigación científica ética. Es aquella que trabaja dentro de la legalidad, evita el tráfico y el saqueo, reconoce a las autoridades comunitarias y otorga el crédito correspondiente a quienes aportan conocimientos, trabajo y experiencia. En este tipo de investigación, las comunidades no reciben beneficios simbólicos o desproporcionadamente pequeños, como unas cuantas fotografías, una plática, un cartel, o bien promesas de futuros proyectos o una copia o ejemplar de una tesis escrita en un lenguaje técnico difícil de entender y utilizar.

Una colaboración auténtica requiere de acuerdos construidos antes de iniciar el trabajo, remuneración justa para guías y expertos locales, reconocimiento de autorías, devolución de resultados en formatos comprensibles y participación comunitaria en la interpretación de la información. También puede incluir formación de materiales en lenguas originarias, fortalecimiento de colecciones comunitarias y recursos destinados a resolver problemas definidos por la propia población. El conocimiento biocultural no debería salir de los territorios sin garantía de regresar de una manera que fortalezca las decisiones y autonomías comunitarias, y en algunos casos quizá éste nunca debería de salir al mundo occidental.