CUANDO EL PAISAJE ES LA MERCANCÍA / 352

Bajo el cómodo argumento de que el turismo es el menos malo de los males del desarrollo, su promoción se abre terreno de manera creciente en cualquier trozo de territorio que en México quede aún por explotar. El “atractivo” puede ser arqueológico, paisajístico, de artesanías tradicionales, de oferta gastronómica u hotelera. La plaga de “Pueblos Mágicos” desatada por el neoliberalismo panista en 2001 y fomentada por los gobiernos posteriores maquilla el panorama nacional con escenografías “típicas” de irresistible gancho consumista. Bajo una apariencia de beneficios para toda la población, la ganancia se concentra siempre en unas cuantas empresas y propietarios, sueño cumplido del capitalismo “blando” pero tarde o temprano demoledor.

A reserva de considerar aparte las experiencias de ecoturismo comunitario y los casos de manejo soberano en ciertas regiones de Oaxaca, Chiapas o Puebla, donde el territorio se comparte con visitantes sensibles, cabe colocar al turismo entre las plagas del extractivismo capitalista contemporáneo, al grado de servir como caballo de Troya para la apropiación del suelo, el despojo a sus pobladores y sus finales desplazamiento o integración, dos formas de genocidio a cuenta gotas.

Hacia 1970, México consistía en “29 estados, dos territorios y un Distrito Federal”, según el mantra de la geografía escolar. Eso cambió durante el gobierno de Luis Echeverría, al ser reconocidos como estados los dos “territorios” hasta entonces administrados por la Federación. Así, el PRI inauguró nuevos escenarios electorales a su absoluta conveniencia. Y de origen, Quintana Roo y Baja California Sur quedaron definidas como entidades de “vocación turística”, destinos de mar y playa, botín para la especulación inmobiliaria. Gracias a la Reforma Agraria producto de la Revolución, a la sazón existían en ambas entidades un buen número de ejidos campesinos, que en el caso de Quintana Roo eran mayoritariamente mayas. Desde entonces se planeó el inmenso negocio que sería expropiar miles de héctáreas para levantar zonas hoteleras y de consumo en dólares, así como urbanizaciones para el trabajo migrante.

La organización GeoComunes dio a conocer recientemente un estudio sobre estos casos, de la cual Ojarasca da a conocer su introducción en la página 7. El documento reporta que “entre 1930 y 1973, antes de que Quintana Roo se convirtiera en entidad federativa, se crearon 158 ejidos para campesinos que declararon vivir del monte, como explotadores de chicle, chicozapote, y resinas de árboles de la selva. La unidad de dotación de estos ejidos tendió a ser más amplia justamente por su carácter silvícola, y dio origen a ejidos particularmente grandes en la década de 1930. A estos ejidos se les encargó la conservación, restauración, propagación y explotación de sus bosques y arbolados” (https://geocomunes. org/Analisis_PDF/GeoComunes_2026_Apro_Prop- Soc_Turismo.pdf ).

Pese al largo litoral, “el sistema lagunar, el manglar y depresiones kársticas que abundan la línea de costa del sur, hicieron que pocos de los ejidos obtuvieran territorios costeros dentro de sus dotaciones. Los que lo hicieron fueron asentados al norte de este territorio, donde se crearon algunos de los pocos ejidos insulares del país, como Cozumel (1945) y Holbox (1939). Es sobre este conjunto de ejidos de la región norte donde, desde finales de la década de 1970 hasta inicios de 2000, se ejecutaron decretos de expropiación que fueron útiles para iniciar el desarrollo de los principales polos turísticos de Cancún, Cozumel, Puerto Morelos y Playa del Carmen”.

Para el segundo caso, GeoComunes apunta: “Antes de 1970, el territorio de Baja California Sur contaba con 44 ejidos, muchos de los cuales tuvieron acceso a una costa, o a dos. Baja California Sur es el estado con más litoral de México y la mayor parte de esta línea de costa está en propiedad social”. Era litoral intacto, salvo la ciudad de La Paz. BCS es hoy la entidad con la mayor proporción de núcleos agrarios con acuerdos de cambio de destino; la mitad de los 96 ejidos certificados han tenido uno o más de estos acuerdo, y 549 mil 839 hectáreas “han cambiado de destino (más del 99 por ciento de esta superficie pasó de uso común a parcelas)”.

Las peculiaridades topográficas de los escenarios agrarios costeros determinaron su origen mismo como entidades. Se crearon el monstruo de concreto llamado Cancún y la franja de Los Cabos alrededor de San Lucas, donde hoy la lengua dominante es el inglés. Situaciones similares iniciarían desde 1980 en Huatulco y las costas de Jalisco, Colima, Nayarit y Oaxaca donde el mar se volvió el paisaje mejor vendido. Se fueron pescadores y campesinos, llegaron aeropuertos internacionales, puertos para grandes cruceros, playas privadas, una voraz infraestructura hotelera, urbanización intesiva y autopistas.

Éstos son casos extremos de “vocación de playa”, pero la turistificación del territorio abre puertas continuamente a procesos de desplazamiento, despojo, urbanización, industrialización, gentrificación, o al arrasamiento territorial que implican la minería, los megaproyectos y la privatización creciente de recursos hídricos en casi todas las entidades federativas. El despojo territorial a comunidades, algunas ancestrales, se repite en todo el país.

Quiérase o no, desapareció la condición de visitante. Hoy, vayas a donde vayas, eres turista y mascas con la misma rueda de molino cosumista. El fenómeno es mundial: Venecia, Manhattan, la Costa Azul y el Mediterráneo catalán, Grecia (¿y pronto Gaza restaurada?), las playas de Tailandia y el Caribe, las islas del Pacífico Sur. Inútil añadir etcéteras. Como la Historia también vende, lo tradicional se aleja cada vez más de la tradición y se vuelve un pastiche a gusto de los turistas nacionales y enfáticamente los extranjeros. La Guelaguetza es un ejemplo mayor de la deglución comercial del folclor y “la comunidad” del natural, idealizada, privatizada. El proceso de despojo por conveniencia del capital y la población urbana avanza implacable con la autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque, sin el consenso (¿el conqué?) de los pobladores tsotsiles, tseltales y choles.

La gentrificación es vista como inevitable pero tolerable y hasta deseable por organismos como ONU Habitat, ya no digamos el Banco Mundial. Aceptada sin matices por los gobiernos de cualquier ideología, funciona de bisagra para el arribo de grandes capitales nacionales e internacionales. En esa lógica proliferan Pueblos Mágicos (177 en la actualidad), colonias gentry en la Ciudad de México, “destinos de playa” donde los haya y en realidad cualquier sitio donde se pueda vender el paisaje en detrimento de sus pobladores (especialmente indígenas y campesinos) y de las riquezas naturales.

Luis Alberto Salinas Arreortua, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, ha explicado: “La gentrificación es un proceso de reestructuración de relaciones sociales en el espacio. Sectores con mayor capacidad económica se apropian de espacios urbanos que presentan ciertas cualidades, por ejemplo áreas verdes, buena ubicación, equipamiento, infraestructura y zonas culturales que son muy buscadas por el capital inmobiliario. En esos sitios, antes empobrecidos pero con cualidades, se construyen inmuebles para gente de ingresos medios y altos. Los originarios no pueden continuar con el alquiler allí”.

Los efectos de la turistificación y gentrificación son demoledores a mediano y largo plazo. En la península de Yucatán, donde se ubican algunos de los mayores botines del turismo, la pérdida de la lengua maya aumenta aceleradamente, hasta alcanzar el 60 por ciento en los últimos años, y ya es difícil encontrar mayahablantes menores de 30 años. Añádanse descampesinización, drogas, prostitución, descomposición familiar.

El turismo se ha erigido como la avanzada del progreso en los ominosos términos de Joseph Conrad. Es decir, la invasión del colonialismo más brutal.