LOS MECANISMOS DEL DESPOJO AGRARIO Y LA LUCHA POR LA TIERRA EN YUCATÁN / 352

Mérida, Yucatán. Desde 2021, Rubén Ortiz vive al lado de un banco de materiales que a diario realiza explosiones con dinamita. Las detonaciones cuartearon su hogar y llenaban su parcela de polvo, un problema que comparte con otros pobladores del ejido de Xcucul Sur, en el municipio de Umán, Yucatán, quienes ven pasar a diario sobre sus caminos más de 300 volquetes cargados de piedra y arena.

El hartazgo los colmó y en julio de 2025 —después de múltiples denuncias— los campesinos lograron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausurara el banco de materiales. Sin embargo, el problema no terminó ahí, pues el banco, operado por la empresa Banco Zamudio, es uno de tantos que rodean a la comunidad, mismos que se instalaron entre 2020 y 2024, cuando comenzaron las construcciones del megaproyecto del Tren Maya.

Xcucul Sur es un ejido clave para el megaproyecto que la Federación impulsó en el sureste. Está ubicado a unos veinte kilómetros de Poxilá, un poblado donde la Secretaría de la Defensa Nacional edifica una terminal multimodal de carga que permitirá el transporte de mercancías que ingresan o salen desde el puerto de Progreso.

“Yo creo que esto es importante de señalarlo”, dice Rubén Ortiz, entrevistado a un año de la clausura que logró junto a otros campesinos pese a la criminalización y judicialización que las autoridades de Yucatán hicieron en su contra y contra el resto de la población que se opuso a la empresa. “No es que antes no viéramos estos problemas, pero en los últimos años todo se ha intensificado, y para nosotros, en el pueblo, ya es insostenible. Se están robando tierras para destruir la naturaleza”.

De acuerdo con una investigación doctoral del antropólogo Charles Gaillard, de 2018 a 2024, en Yucatán se autorizó la apertura de 53 bancos de materiales, todos abasteciendo al Tren Maya. La mayoría de estos bancos se ubican en la zona metropolitana de Mérida, sobre todo en el municipio de Umán, donde se encuentra Xcucul Sur.

En este ejido, la empresa Banco Zamudio obtuvo un contrato para rentar la tierra por treinta años —con posibilidad de renovarse a sesenta— para realizar la actividad minera. El contrato, celebrado en 2024, según apuntan ejidatarios entrevistados para este reportaje que prefieren omitir su identidad, se firmó sin realizarse una asamblea ejidal, como marca la ley. Es decir, es un contrato ilegal.

Este tipo de acciones han sido calificadas como “mecanismos del despojo agrario” por el abogado Flavio Ayuso, integrante de Taller Agrario, organización que acompaña jurídica y políticamente a ejidos y comunidades de la península de Yucatán, entre ellas la de Xcucul Sur. En entrevista para este reportaje, Ayuso explica cómo operan estos contratos de usufructo, que son una de las vías principales mediante las cuales las empresas se apropian de los territorios ejidales sin que los campesinos pierdan formalmente la propiedad:

“El contrato de usufructo no necesariamente interesa a quien quiere especular con la tierra, sino más bien a quienes tienen intereses extractivistas sobre el territorio o sobre la explotación de los recursos territoriales. Es un contrato suscrito entre el ejido y el interesado, en el que los despachos de las empresas hacen todas las cláusulas a modo, muchas veces resultando desventajosas y leoninas”.

El abogado añade un elemento clave que explica por qué estos contratos son tan vulnerables para los ejidos:

Los contratos de usufructo no están regulados en la Ley Agraria, y lo que hacen las empresas es usar la supletoriedad del Código Civil para establecer cláusulas que ponen a las partes en condiciones desiguales. Esto, en sí mismo, es una contradicción con la esencia del derecho agrario, que técnicamente debe privilegiar a un sector que está relacionado de manera asimétrica con los empresarios o con quienes no necesariamente son campesinos ni habitan las tierras.

Aunado a esto, añade Ayuso, existen otros mecanismos de despojo agrario estrechamente relacionados con los megaproyectos y el extractivismo en la región:

“El primer dispositivo por excelencia son los procesos de simulación de avecindamiento que empresarios hacen en los ejidos para tener, digamos, un pie sobre los territorios ejidales. ¿Qué significa esto? Que una vez siendo avecindado, como dispone la Ley Agraria, ya pueden comprar tierras — entre comillas— a través de la cesión de derechos de tierras de uso común, pero también parcelas certificadas. Al mismo tiempo, tienen la posibilidad de convertirse en ejidatarios con derechos plenos, con decisión y voto ante las asambleas. Éste es el principal dispositivo, porque sin él no pueden operativizar la cesión de derechos, ya sea para uso común o para el certificado parcelario”.

El caso de Xcucul Sur no es aislado. Ayuso señala que estos mecanismos forman parte de una estructura más amplia que permite el acaparamiento de tierras en la región, y que responde a una lógica impulsada desde el propio Estado: “Varios casos que acompañamos en la región demuestran que el despojo agrario no es una cuestión aislada, sino una cuestión estructural. Es una consecuencia derivada de una arquitectura jurídica agraria neoliberal que se ha ido consolidando cada vez más a partir de la reforma salinista de 1992”.

Seyé: el mayor despojo en Yucatán. En el ejido de Seyé, un grupo de campesinos logró en marzo de 2026 recuperar el control del comisariado ejidal después de más de una década de conflictos por la tenencia de la tierra. La disputa involucra 7 mil 503 hectáreas de tierras de uso común que, según los ejidatarios, fueron despojadas por un grupo de 18 empresarios con la asesoría de una exfuncionaria del Registro Agrario Nacional (RAN).

El nuevo comisariado, electo el 28 de marzo de 2026, inició un proceso legal para anular la asamblea de 2015 que permitió el cambio de destino de esas tierras. A principios de julio de 2026, la asamblea ejidal determinó formalmente demandar la nulidad de dicha asamblea, así como la cancelación de los títulos de propiedad emitidos a favor de los empresarios.

Según los ejidatarios, la historia comienza en 2013 con la llegada a Seyé de un grupo de abogados encabezado por Armando Ceballos Chávez. Entre ellos se encontraba María Elide Silveria Hau, quien había trabajado como registradora en el RAN y conocía los mecanismos administrativos del sistema registral agrario.

Este tipo de operaciones no es casual. Como señala Flavio Ayuso, el conocimiento de los intersticios legales es una de las herramientas fundamentales de los despojadores:

La sofisticación con la que actúan los acaparadores es posible por la forma indiscriminada en que aprovechan intersticios legales, y sobre todo de la pobreza y la poca información que tienen los sujetos agrarios reales. [Aprovechan] que no exista un límite legal expreso para el número de parcelas al que tiene derecho un sujeto agrario, o el que no exista una prohibición expresa en la legislación agraria para que una persona pueda tener la calidad de avecindado, posesionario o ejidatario en diferentes núcleos agrarios al mismo tiempo.

En 2014, el despacho impulsó la celebración de asambleas para convertir a 18 empresarios en ejidatarios (la lista se ha ampliado con el paso del tiempo).

En 2015 se convocó a una asamblea para cambiar el destino de 7 mil 503 hectáreas de tierras de uso común a solares urbanos. Sin embargo, los operadores del despojo dieron de baja administrativa a 150 ejidatarios legítimos, lo que permitió que la asamblea se celebrara sin su presencia ni voto.

Con el camino despejado, la asamblea aprobó el cambio de destino. El mecanismo de desposesión operó sobre la vulnerabilidad económica de los campesinos: a cada ejidatario le correspondían originalmente ocho hectáreas, pero los abogados les arrebataron una hectárea por cada solar, argumentando que los trámites para obtener los títulos de propiedad costaban alrededor de 80 mil pesos. Así, se emitieron títulos por siete hectáreas en lugar de ocho, y la hectárea faltante por cada ejidatario fue a parar a un fondo controlado por los empresarios.

Las 7 mil 503 hectáreas despojadas se concentraron en un área de alto valor estratégico, en las inmediaciones de la carretera Mérida-Valladolid, un corredor logístico y comercial con plusvalía creciente. Según los ejidatarios, la tierra tendrá como destino futuros desarrollos industriales, parques logísticos vinculados al puerto de Progreso, gasolineras y fraccionamientos.

A partir de 2015, los ejidatarios despojados iniciaron una defensa legal que se ha prolongado por más de una década. De las tres demandas principales promovidas, dos se resolvieron de manera adversa. Los tribunales agrarios determinaron que los ejidatarios carecen de personalidad jurídica para solicitar la nulidad de una asamblea de cambio de destino de tierras, un criterio que, según los defensores de la tierra, blinda el despojo.

El episodio más controvertido ocurrió en el marco del expediente 71/2019, donde un grupo de ocho ejidatarios fue asesorado por un abogado de oficio de la Procuraduría Agraria, Miguel Quijano. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero fue sobreseído por fallas procesales en la defensa, según denuncian los ejidatarios.

A pesar de que existe una sentencia que ordena la cancelación en el catastro y el RAN, los empresarios han interpuesto recursos de amparo de manera constante, lo que ha impedido la ejecución plena de las sentencias. Las tierras permanecen en un limbo legal que, como señala Ayuso, es funcional a los intereses de los despojadores: “Pareciera que estos dispositivos agrarios de despojo están ‘como aislados o actúan de manera separada’, pero no es así: están interconectados y mutuamente implicados, con la finalidad última de poder despojar los territorios. Y quien tiene el capital jurídico, económico y también político derivado de la corrupción de las instituciones agrarias, logra su cometido”.

El 17 de marzo de 2026 se realizó una primera convocatoria para la elección del nuevo comisariado ejidal, que fracasó por no alcanzar el quórum requerido. Sin embargo, el 28 de marzo de 2026, en segunda convocatoria, los ejidatarios lograron movilizar a la base y ganar la elección.

El nuevo comisariado tiene como prioridades reimpulsar el tercer proceso judicial aún pendiente y promover una mayor organización comunitaria entre ejidatarios y campesinos.

A principios de julio de 2026, la asamblea ejidal determinó formalmente demandar la nulidad de la asamblea de 2015 que otorgó los solares a los empresarios, así como la cancelación de los títulos de propiedad emitidos.

Para Ayuso, estos procesos de resistencia son parte de un movimiento más amplio que está ganando terreno y que comienza a defender los ejidos y la propiedad social.

La esperanza en Baca. En el ejido de Baca, Yucatán, un grupo de campesinos y campesinas se ha organizado para frenar el avance del despojo de sus tierras. Ante la presión de empresarios y la complicidad de autoridades locales, nació el colectivo Kanan K’aax Baca (“Guardián del Monte Baca” en lengua maya), que agrupa a ejidatarios y pobladores de la comunidad para defender el territorio.

La creación del colectivo responde a una urgencia compartida: las tierras ejidales de Baca han sido objeto de una creciente presión inmobiliaria y extractiva, impulsada por los mismos mecanismos que operan en Xcucul Sur y Seyé: simulación de avecindamientos, cambios de destino de tierras de uso común y asambleas irregulares.

Al igual que en otros ejidos de Yucatán, el despojo en Baca se instrumentaliza con figuras legales que la propia Ley Agraria contempla, pero que los acaparadores distorsionan, entre ellos Pedro Solís Millet, Rafael y Alberto Yáñez Castro, y Chikri Abimmerhi, empresarios prominentes en la región, algunos con herencia de las élites coloniales que se asentaron en la zona.

Estos empresarios, como denuncian los campesinos, han corrompido a comisarios ejidales y a sus asambleas, mismas que, con el respaldo de la policía municipal y estatal, han intimidado a los ejidatarios para aprobar acuerdos que benefician a los empresarios. La compra de voluntades a través de ofrecimientos de comida y bebida, y la cooptación de los órganos de representación, han sido parte del modus operandi denunciado por la comunidad.

Frente a este escenario, Kanan K’aax Baca se ha convertido en un espacio de resistencia y organización. El colectivo ha impulsado jornadas de información y concientización entre los ejidatarios y la población en general, buscando frenar las asambleas ilegales y recuperar el control del comisariado ejidal.

El trabajo del colectivo refleja lo que Ayuso describe como una tendencia creciente en la región: “Cada vez hay más ejidos que se ponen en resistencia y en defensa de sus territorios. Cada vez hay más ejidos que empiezan procesos de capacitación y de fortalecimiento agrario para la defensa del territorio. Sin embargo, estos esfuerzos van a llevar un poco más de tiempo para que maduren, se consoliden y también podamos hacer un frente más común para poder atacar, incidir y desmantelar esa estructura que es parte de los males”.

En Baca, las mujeres han jugado un papel central en la defensa del territorio. Una campesina de la comunidad, cuyo testimonio refleja el sentir de muchos, y que por razones de seguridad pide el anonimato, hace un llamado a la unidad y la resistencia:

Yo pienso que las tierras ejidales se deben proteger y cuidar por una simple razón: porque nos proporcionan aire y alimento. Y eso no solamente nos concierne a los ejidatarios, sino a todo el pueblo de Baca. Todo el pueblo debería estar pendiente de lo que las autoridades están haciendo y defender esta tierra, aunque no seamos ejidatarios, porque es donde vivimos. El problema es que la comisaría se está deshaciendo de las tierras del ejido por unos cuantos pesos que les dan a los ejidatarios, y se las venden o se las dan a los empresarios. Defender esas tierras es importante porque es el futuro de nuestros hijos el día de mañana, para que ellos tengan dónde trabajar.

A otras mujeres y hombres campesinos en Yucatán les diría que no se dejen, que luchen por lo que realmente les pertenece, porque el ejido es de todos los de aquí, de la villa de Baca, y de nuestros futuros hijos, nietos y todos los familiares. Es mucha lástima que tanto sacrificio que les costó a nuestros antepasados, por unos pocos pesos, venga la gente a tratar de pisarnos. Nosotros somos hijos de campesinos y, como campesinos, tenemos todo el derecho de responder y defender nuestras tierras. Ya basta de tanta hipocresía y de tanto abuso hacia nosotros, la gente campesina.

La lucha ejidal ha sido muy dispareja. Primero, porque los ejidatarios no tenemos dinero, y los hacendados, los empresarios, sí tienen dinero para venir a engañar a los ejidatarios. Desgraciadamente, se dejan comprar, venden sus derechos y pierden sus tierras, aunque de manera ilegal, porque todo lo que se ha hecho no es legal.

Finalmente, hace un llamado a la memoria histórica y a la organización: “La tierra o los ejidos que tenemos no fueron gratis, no se nos dieron por obra y gracia del gobierno. Hubo luchas, hubo sangre, hubo muertes. Y es triste que los ejidatarios de ahora se les olvide pronto. Tenemos que recordar que la tierra es de nosotros, pero tenemos que defenderla. Tenemos que unirnos como ejidatarios y luchar por nuestras tierras. No se dejen engañar por los empresarios que vienen y te ofrecen cochinita, tacos, tragos, y con eso los convencen. No nos dejemos, compañeros, hay que seguir luchando”.