LOS POLOS DEL DESCONTENTO AMBIENTAL Y SOCIAL

Dentro de los proyectos clave del gobierno federal establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2025-2030) y su ramal denominado Plan México, se encuentran los Polos del Bienestar, que se dividen en Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), que son la continuidad del proceso de industrialización y reconfiguración territorial iniciado en el sexenio pasado, y los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI), que responden a la nueva política de la “economía circular”, que se pueden definir como la industrialización estatal o privatizada de la basura o los residuos, mediante su valorización, reciclaje, coprocesamiento e incineración.

Los primeros tienen como antecedente a los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS), que son los Polos de Desarrollo para el Bienestar del Istmo de Tehuantepec —que están situados en Matías Romero, San Asunción Ixtlaltepec, San Blas Atempa, Santa María Mixtequilla, Ciudad Ixtepec y Salina Cruz en la agrimensura oaxaqueña, y Coatzacoalcos I y II y Texistepec-Jaltipan en el territorio veracruzano—, todos parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), operados por la Secretaría de Marina (Semar) y catalogados oficialmente como “en marcha”; así como los Polos Industriales del Bienestar Progreso I y Mérida I en Yucatán.

Y en esta transexenal ruta industrializante con reciclada denominación, se han anunciado como nuevos polos los de Seyvaplaya-Campeche, Juárez-Chihuahua, Durango-Durango, Nezahualcoyotl-Estado de México, Celaya-Guanajuato, AIFA y Tula en Hidalgo, Ciudad Modelo-Puebla, Topolobampo- Sinaloa, Altamira-Tamaulipas, Huamantla-Tlaxcala, Tuxpan- Veracruz, Morelia-Michoacán, Chetumal-Quintana Roo y Hermosillo-Sonora. También están Tapachula I y II en Chiapa, y Teapa-Tabasco en “proceso de licitación”; el ya mencionado Mérida-Yucatán, Lázaro Cárdenas-La Unión de Isidoro Montes de Oca- Guerrero y el de Zona Carbonífera-Coahuila en “proceso de evaluación”; así como los planeados en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, CDMX, Colima, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, que están en “evaluación”.

Dentro de las inversiones proyectadas en los polos de desarrollo económico están contempladas ramas industriales como electrónica y semiconductores, textil y calzado, aeroespacial, automotriz y electromovilidad, bienes de consumo, farmacéutica y dispositivos médicos, química y petroquímica, industrias del papel y plástico, energías limpias, metálicas básicas, logística y metalmecánica, economía circular y agroindustria, entre otros.

La imposición de los Polos del Bienestar. Dentro de las estrategias para imponer estos Polos del Bienestar, se encuentra la sistemática negación del INPI de la existencia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en los territorios donde se quieren instalar —a pesar de que existan, habiten y conserven su vida agrícola y campesina o su estructura comunitaria tradicional, más allá de la preservación o no de su lengua originaria.

Todo esto tiene como objetivo evitar el derecho constitucional e internacional a la consulta indígena, pisoteando por tanto el derecho de los pueblos a dar o no su consentimiento previo, libre e informado para decidir sobre el presente y futuro de su vida y territorio. Lo anterior está reflejado en los Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) , que son la actas de nacimiento de dichos polos, tanto de los que es competente la Secretaría de Economía (SE) —los PODECOBI—, como de los que le corresponden a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) —los PODECIBI.

Otra es la evidente violación a diversas obligaciones vinculantes que tiene que cumplir el Estado mexicano establecidas en el Acuerdo de Escazú, como lo son los derechos al acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia ambiental, ya que existe una clara opacidad y falta de transparencia respecto a partes fundamentales de estos proyectos, como lo son las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) y las Manifestaciones de Impacto Social del Sector Energético (MISSE), que son competencia de Semarnat y de la Secretaría de Energía (Sener) respectivamente el aprobárselas a las empresas inversionistas en los Polos del Bienestar.

Es decir, desde el Estado se oculta el grave impacto social y ambiental que estos polos van a causar en donde sean impuestos, dejando en total indefensión y vulnerabilidad a los ecosistemas, la flora, la fauna, el agua y la salud o cambio en el tejido social de los habitantes afectados, que lo único “positivo” que van a tener es un trabajo, muchas veces precario, a cambio de su territorio.

Todas estas omisiones y violaciones son claras y rotundas en el caso de San José Chiapa en el estado de Puebla, ya que los tres ámbitos de gobierno han ocultado y manipulado la información. Esto es muy evidente de parte del gobernador de Puebla y la presidenta Claudia Sheinbaum, que durante todo el trayecto que lleva el conflicto y la resistencia de los habitantes sólo hablan respecto al polo relacionado con el reciclaje y la incineración de residuos, pero no han informado nada relacionado al enorme parque industrial denominado Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Futura Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad Puebla.

Además de violar el derecho a la información, el Estado está violando el derecho a la participación pública en la toma de decisiones ambientales por medio de la consulta ciudadana, lo cual fue evidente en la visita presidencial el 11 de abril de ese 2026, en donde en medio de la manifestación de los pobladores contra el proyecto del reciclaje y la incineración de los residuos, afirmó que la decisión no se iba a consultar o votar y que sólo se les iban a informar.

Otra grave situación que está cometiendo el Estado mexicano es la flagrante violación al acceso a la justicia ambiental, ya que el Poder Judicial de la Federación ha negado la suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido por los pobladores inconformes de San José Chiapa y comunidades vecinas afectadas, el cual está encaminado a detener el avance de la construcción de ambos Polos del Bienestar —como la consumada instalación de una Subestación Eléctrica—, para que el Juez respectivo ordene la consulta ciudadana, respetando así la participación pública en la toma de decisiones ambientales y así sean los pueblos quiénes decidan sobre su territorio.

Esto demuestra que el Poder Judicial actúa por consigna o por simple sumisión al Poder Ejecutivo y en la defensa de sus intereses y proyectos.

Las amenazas y la represión gubernamental. Pero además de lo descrito, el gobernador de Puebla, mediante una declaración mediática hecha el lunes el pasado 27 de julio, dio a conocer que la Fiscalía de Puebla ya está haciendo carpetas de investigación por “obstrucción” contra los inconformes de la Cuenca Libres-Oriental —que están articulados en el Movimiento en Defensa del Agua, la Vida y la Tierra de San José Chiapa—, ya que el día anterior se realizó el Tercer Foro de Pueblos por la Vida y Contra los Basureros convocado por Pueblos Unidos por la Vida y la Tierra, en San José Chiapa. Y ante lo nutrido y determinante del evento, el gobernador explotó con furia.

En la vecina Tlaxcala, los pobladores de San Pedro Ecatepec, comunidad de la municipalidad de Atlangatepec, rechazaron tajantemente la amenaza que tienen en ciernes, ya que les queda claro que con el polo de reciclaje e incineración de residuos empeoraría la contaminación ambiental y sanitaria producida por el relleno sanitario intermunicipal Morelos —que opera desde 1993— recibiendo actualmente la basura de 55 municipios de los 60 existentes en Tlaxcala y los residuos de los corredores industriales de Xaloztoc y Xicohtencatl, cuyos lixiviados se escurren a la laguna de Atlangatepec, que a su vez se conecta con los ríos Zahuapan y el mega contaminado Atoyac, afectando aún más su tradicional vida agrícola y campesina.

Como respuesta ante su inconformidad, el pasado miércoles 24 de junio, policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de Tlaxcala los reprimieron violentamente con toletes y gas lacrimógeno. Y, además, la gobernadora ha respondido con diez carpetas de investigación contra los inconformes, comportándose de la misma manera que su homólogo poblano, ambos con su abierta intención de criminalizar la resistencia comunitaria.

Los polos del malestar ambiental y social. Todo lo anterior demuestra que para el pueblo con todo, pero para los inversionistas enormes beneficios fiscales y administrativos, de comunicación e infraestructura, sindicales, gubernativos, mediáticos, policiacos, judiciales y de todo.

Sin duda, los Polos del Bienestar son la muestra del neoliberalismo del régimen ante el cual los pueblos y comunidades tienen como respuesta la organización para resistir en la defensa de sus derechos colectivos, territorio, vida agrícola, agua, ecosistemas, animales, salud y su futuro.