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A DIEZ AÑOS DE RESISTENCIA CONTRA MINERA AUTLAN EN LA SIERRA NEGRA

MARTÍN BARRIOS

Origen y contexto. En la primavera de 2016, las comunidades nahuas de Pozotitla, Coyolapa y Oztopulco (pertenecientes a Zoquitlán) y otras más de las municipalidades de Tlacotepec de Díaz y Coyomeapan, ubicadas en la zona baja o tropical de la Sierra Negra de Tehuacán, Puebla, iniciaron su organización y resistencia en la defensa de los ríos Coyolapa, Topitzapa, Huitzilac, Tonto y su territorio.

Lo anterior porque, en años y meses previos, biólogos, ingenieros, antropólogos y otros fuereños llegaban a la región en camionetas, vehículos y helicópteros, contratando a gente local como guías para realizar levantamientos topográficos satelitales y entrevistas, tanto en casas, escuelas, clínicas y capillas de las comunidades, como en las cavernas y ríos mencionados. Mientras eso sucedía, los alcaldes de Zoquitlán y Tlacotepec de Díaz se habían vuelto emisarios y representantes de esos extraños, coaccionando y convenciendo a las personas que vivían o tenían terrenos cerca de los ríos para que los vendieran a precios muy bajos, con promesas de “progreso” y “desarrollo”.

Pero esta amenaza fue develada, ya que las comunidades afectadas descubrieron que el enemigo tenía nombre y propósito, toda vez que Compañía Minera Autlán (CMA) era la empresa concesionaria por treinta años de dichos ríos —mediante otras razones sociales en la figura de la terciarización o “outsourcing”—, para construir el “Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa-Atzala” en esa zona selvática del sureste poblano.

La primera escaramuza de las comunidades en resistencia contra este megaproyecto hidroeléctrico, que anunciaba una inversión de 10 mil millones de dólares por parte de CMA —filial de Grupo Ferro Minero de México (GFM) y propiedad del magnate José Antonio Rivero Larrea—, se llevó a cabo en una asamblea realizada en junio de 2016 en Coyolapa, en la cual apareció el alcalde de Zoquitlán, Fermín González León, desnudando abiertamente su labor como capataz y operador político de la empresa.

La segunda fue al día siguiente, cuando bajaron ingenieros y representantes de la empresa a Pozotitla —con una maqueta, volantes, carnitas y cervezas—, presentándose por primera vez, después de años de investigación, agrimensura y prospección de dicho territorio, intentando manipular y convencer a los pobladores para que aceptaran la construcción y operación del sistema hidroeléctrico minero, prometiendo afiliación al IMSS, empleo temporal y otros supuestos “beneficios”, que siguieron ofreciendo por todos lados con el apoyo de sus subordinados locales.

Pese a todo, la comunidad rechazó mayoritariamente esos espejitos y la resistencia empezó a crecer. Se organizaron, hicieron asambleas, foros informativos, instalaron radios comunitarias y protestaron contra los ayuntamientos vendidos, CMA y las cómplices Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Secretaría de Energía (Sener). Esta última hizo uno de los papeles gubernamentales más sucios de la historia, ya que todo el tiempo estuvo insistiendo en hacer una consulta indígena manipulada y coaccionada, para buscar tener las firmas comunitarias que permitieran el inicio de la construcción de este megaproyecto.

Uno de los malestares más fuertes y profundos de las comunidades nahuas que serían afectadas directamente, como Pozotitla, que incluso desaparecería y su población tendría que ser desalojada si se instalaba la hidroeléctrica, era que ante la sistemática omisión del Estado mexicano en otorgarles energía eléctrica durante décadas, se habían organizado en los ochenta y noventa del siglo anterior para generarla, distribuirla y utilizarla de manera comunitaria, autónoma e independiente.

Para esto, se habían unido en la cooperativa cafetalera Palehuilistli y, con la ayuda de sacerdotes de la teología de la liberación, consiguieron herramientas y materiales necesarios como turbinas para poder construir una “mini hidroeléctrica al filo de agua”, que pudiera dotar de dos focos de doscientos watts a cada una de las casas beneficiadas de esta parte de la Cuenca del Río Papaloapan.

Esta pequeña hidroeléctrica no pudo concretarse ante la negativa de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), que negó el permiso y autorización, argumentando que este proyecto campesino de generación y distribución eléctrica “produciría graves daños y contaminación a los ríos, la naturaleza y el ecosistema”.

Y las turbinas quedaron oxidadas a la intemperie, tiradas y echándose a perder afuera de la alcaldía de Tlacotepec de Díaz —ante la indignación comunitaria—, con la consiguiente y continua falta de electricidad en diversas comunidades, como Tequitlalli del municipio de Coyomeapan, en donde focos, radios y televisiones se iluminaron o prendieron hasta el primer año de este nuevo milenio.

¿Por qué el gobierno federal nos prohibió producir la electricidad que nos negaron por años, mientras a una empresa le regala nuestros ríos para que produzca la electricidad que quiera? Esta pregunta sonaba una y otra vez de este y el otro lado del río, en la mente de la gente adulta, al inicio de la década pasada.

Otro acto de extractivismo y despojo territorial cometido por el Estado para la generación y transmisión eléctrica a ciudades, empresas, negocios, hospitales, escuelas, ayuntamientos y demás fue la construcción de las presas hidroeléctricas Miguel Alemán o Temascal —inaugurada el 18 de junio de 1959— y posteriormente la Cerro de Oro —que entró en funcionamiento en 1988—, ambas dentro de la Cuenca del Río Papaloapan.

Para la construcción de estas hidroeléctricas, fueron desplazados forzadamente más de 20 mil mazatecos, mixes y chinantecos en la primera y 26 mil en la segunda, cuyas vidas, comunidades, lugares sagrados, iglesias, cosmovisión y territorio quedaron inundadas por las aguas del desarrollo, modernidad y progreso, mientras los pueblos indígenas afectados se embarcaban en un éxodo permanente, perdiendo casi todo, menos la memoria de este racista y colonial agravio gubernamental.

La búsqueda del oro azul. La región de la Sierra Negra en donde Minera Autlán quiere construir su hidroeléctrica es húmeda y tropical, con gran biodiversidad de flora y fauna, propia de selva alta y bosques mesófilo y de montaña —como los centenarios y gigantescos amates y helechos, tucanes, temazates, jabalíes, loros o tepezcuincles—, pero también es un territorio en donde hay enormes yacimientos de agua, ya que en el paraje conocido como Atzala se juntan los ríos Coyolapa y Huitzilac, dando origen a uno de los nacimientos del Tonto y luego del Papaloapan, que después de navegar unos 324 kilómetros desemboca en el Golfo de México.

El río Tonto emerge en esta zona, desde de las alturas de la colosal montana Tzitzintepetl y de diversas cuevas y cavernas como las de Coyolapa y Atlaxicayatl, entre otros lugares de la travesía acuática, para empezar su recorrido en el estado de Puebla —dentro de un cañón formado por dos cerros enormes—, transitando hacia Veracruz y Oaxaca, bajo la mirada de los achane o dueños del agua y el testimonio de una milenaria y descomunal estalactita externa o tezontle —cabellera de piedra en náhuatl—, que se encuentra en la bóveda de La Campanaria, que es una caverna y lugar sagrado para la petición de la lluvia y, por lo tanto, de la vida.

Esta jungla del sureste tehuacanero ha recibido durante las pasadas cinco décadas la invasión de varios grupos espeleológicos de diferentes países, que han entrado a las cavernas y sótanos con todo el material, dinero, personal y herramientas para hacerlo, como permisos y facilidades municipales, cuerdas, equipos de buceo, comida, herpetólogos y demás, utilizando a los habitantes locales —a quienes les rentaban mulas a precios mínimos— para transportar más de media tonelada de los enseres mencionados para sus trabajos de exploración y prospección cada vez que aparecían, además de repartir dulces a los infantes y alcohol a los adultos, para aparentar cordialidad y amabilidad.

Así pasó durante mucho tiempo en esta región, hasta que los pobladores de Pozotitla y Oztopulco (que antes se denominaba Tlillostoc o Cueva Oscura) detuvieron y expulsaron a la delegación espeleológica belga-francesa hace poco más de cinco años de la segunda comunidad nombrada, la cual se encuentra mencionada en la Historia Tolteca-Chichimeca o Anales de Cuauhtinchan como uno de los asentamientos nahuas más antiguos del Valle y Sierra Negra de Tehuacán: al lado de esta última Ciudad de Indios, Coxcatlán, Coyomeapan, Zoquitlán, San Juan Cuauhtla, Tequitlalli y Mazateopan.

Dichos bio-prospectores, al verse rechazados, se presentaron por primera vez ante la población, después de 40 años de explorar cavernas y sótanos sin permiso comunitario, afirmando que investigaban la cantidad y calidad del agua subterránea de la zona. Para evitar ser desalojados, ofrecieron más cervezas, dulces y alcohol, sin convencer a los habitantes, que después de años de indebida apropiación y no consensuada prospección, los corrieron del sitio.

Estos fuereños no sólo entraban en rappel con todo su cuantioso y costoso equipamiento a buscar agua y minerales al subterráneo, sino que llegaron a la ocurrencia de “bautizar” estos lugares con nombres ajenos de la cultura local como “Rosetta Stone” o “La Muñeca Fea”, tal como se evidenció en diversas revistas y publicaciones.

De hecho, en la documentación pictográfica conocida como Los Lienzos de San Juan Cuauhtla de 1690 —ubicado dentro de los Títulos Primordiales del Archivo General de la Nación (AGN) y que fue publicado y explicado por María Teresa Sepúlveda y Herrera en 2005—, existe la imagen, en los trazos prehispánico y colonial, del cacique Pájaro Dos Turquesa y sus dos esposas cuidando el río Coyolapa y también se menciona “la poza de agua” con el nombre de Atlazitla, que ahora se denomina como Atzala o “donde suenan las aguas”, en náhuatl.

En sí, la zona baja de la Sierra Negra es uno de los lugares en donde se encuentran los mayores yacimientos de agua del sureste del estado de Puebla, los cuales están bajo el acecho de millonarios intereses empresariales y megaproyectos que, además de buscar metales o minerales, están buscando el agua —tanto para la generación eléctrica que alimente sus siderurgias o mineras, como para buscar el botín azul, ante la presente e inminente carencia y crisis de la herramienta de trabajo de Tláloc en el país y el mundo.

¿Quién es Compañía Minera Autlán? Esta compañía mexicana, ahora aliada con Grupo Ferro Minero de México (GFM), inició sus operaciones en 1953 en Autlán, Jalisco, para la extracción de manganeso, situación que la ha posicionado como el mayor productor en Centro y Norteamérica de dicho metal y nódulos del mismo material.

Su extractivismo está dividido en Autlán Manganeso —centrada en el distrito manganesífero del estado de Hidalgo, en donde tiene tres plantas ubicadas en Molango, Nonoalco y Naopa.

Autlán Metallorum, con sus plantas siderúrgicas o de ferroaleaciones situadas en Tamós, Veracruz; Gómez Palacio, Durango, y Teziutlán, en la Sierra Norte de Puebla. Autlán EMD, relacionada a la producción de bióxido de manganeso electrolítico para la fabricación de baterías alcalinas en España y Autlán Energía, con la Central Hidroeléctrica Atexcaco 1, ubicada en los municipios Hueyapan y Teziutlán del norte poblano, misma que fue inaugurada en 2011 por el extinto represor Rafael Moreno Valle.

Y precisamente, en su ruta de generación eléctrica y con la puerta abierta de la privatizadora reforma energética de 2013, la empresa centró su mirada en los ríos de la Sierra Negra, con el objetivo de producir la energía que sus plantas mineras y de ferroaleaciones necesitan, mediante la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa-Atzala; sobre todo después de que los pueblos originarios de la Sierra Norte rechazaron la construcción de la hidroeléctrica Atexcaco 2 en el río Apulco, al descubrir la enorme destrucción ambiental que la Atexcaco 1 generó en su territorio.

Esto lo vimos en una visita a esa zona, en donde el panorama es desolador, ya que dicho río viene navegando en una zona tropical, pero al llegar a la cortina, desaparece de la vista, quedando todo el paisaje seco, árido, triste y lúgubre. Y después de la destrucción ambiental y construcción de la hidroeléctrica, sólo quedaron dos ingenieros laborando en el cuarto de máquinas, sin olvidar que en sus mineras y metalurgias los obreros de la empresa sufren incapacitantes enfermedades ocupacionales como manganosis y siderosis.

Todos estos hechos desvanecen su discurso de ser una empresa “responsable con el medio ambiente” y de tener un “excelente ambiente de trabajo”, que son falsedades difundidas en sus sitios, plataformas y espacios digitales.

La desaparición de Sergio Rivera. Una de las mayores represalias contra la resistencia social en defensa de los ríos mencionados, que incluyeron un ataque armado a la Radio Tleyole, la quema de camiones, amenazas y violencia en los intentos de consulta indígena forzados por la Sener, fue la desaparición de Sergio Rivera Hernández, campesino y mecánico de Coyolapa, cometida el 23 de agosto de 2018, dentro de una historia de impunidad y protección del Estado mexicano a los autores materiales e intelectuales de este crimen.

Sergio, mediante engaños, salió a buscar a un presunto cliente en la población de Tepexilotla, en donde no encontró a quien le había hablado, pero todos los testigos señalan la presencia de Fermín González León, ex alcalde de Zoquitlán y ahora delegado del Bienestar en la Sierra Negra, orquestando este delito a través de su walkie-talkie.

Cuando regresaba en su motocicleta, al darse cuenta de la trampa, fue embestido en el crucero de Dos Caminos por una camioneta blanca de la marca Nissan con varios sujetos identificados (todos promotores de la hidroeléctrica y al servicio del político mencionado), que después de arrollarlo, golpearlo, someterlo y taparle su rostro con una tela, lo llevaron a la comunidad de Ixcatl, donde fue visto por última vez, para internarlo en un cafetal.

Debido a la presión política, social y mediática de la resistencia fueron detenidos tres autores materiales de la desaparición de Sergio: Antonio Sandoval (que ya había sido policía municipal de Zoquitlán, trasegador de huachicol y recientemente ejecutado por otro grupo criminal adverso al suyo), Victorino Téllez Carrillo (compadre de Sergio y primo hermano de su esposa) y otro sujeto más.

Estuvieron internados dos años en el penal de Tehuacán, mientras transcurría el juicio, el cual tuvo un desenlace oprobioso, ya que fueron liberados por el juez Mario Cortés Aldama, a las 2:30 horas de la madrugada del 11 de septiembre de 2020; todo dentro de un escenario de racismo, impunidad, corrupción e indebido proceso, pues se protegió a estos criminales por parte del juez Mario Cortés Aldama. Este juicio se iba repetir con nuevas esperanzas y expectativas de encontrar justicia y sanción a los responsables; no se pudo, ante las amenazas de muerte a testigos presenciales y familiares de Sergio.

No sobra añadir que además de esta impunidad judicial, que dejó libres a los autores materiales, pese a las evidentes pruebas en su contra nunca investigó a los autores intelectuales de la desaparición de Sergio Rivera Hernández, las Comisiones Estatal y Nacional de Búsqueda sólo fueron a la zona baja a pasear, tomarse fotos con los elementos de la Guardia Nacional, su equipo y sus amaestrados canes, así como convivir, solazarse y comer con los funcionarios municipales de Zoquitlán, pero nunca a buscar y encontrar a Sergio.

A manera de remate, puedo resumir que la amenaza de Minera Autlán está viva, ya que a pesar de haber prometido en campana anular la concesión de los ríos deseados por esta empresa, el pasado presidente jamás cumplió su palabra, mientras el tejido social de las comunidades sigue siendo deteriorado y fragmentado por diversos actores y causas, especialmente por el crimen autorizado.

Así que ni cancelación de la hidroeléctrica, mucho menos búsqueda, aparición con vida y justicia para Sergio. Y ante este desolador presente y futuro, no hay otro camino que seguir en la resistencia.

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Martín Barrios (Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán).

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