EL AGUA SE AMA Y SE DEFIENDE. SÉPTIMA ASAMBLEA NACIONAL EN DEFENSA DEL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO / 353

Miguel López Vega, defensor del territorio de la comunidad nahua de Zacatepec, en la región cholulteca de Puebla, denuncia el saqueo en la región por parte de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), de Concesiones Integrales y de los municipios de la entidad “que secuestran y roban nuestra agua”. Son 12 pozos que se hicieron desde hace treinta años y que han dejado secos ríos y manantiales. López Vega explica que, cansados de tanto abuso, los pueblos se han organizado y están a la espera de la resolución de un amparo para que se cierren definitivamente los pozos y termine el saqueo.

El testimonio de Miguel se da en el marco de la Séptima Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, celebrada en Zitacua, Nayarit, una comunidad que significa “lugar donde crece el maíz”, habitada por familias de los pueblos wixárika, cora, tepehuano y mexicanero. Ahí se encontraron el 8 y 9 de agosto colectividades y comunidades originarias de todo país que luchan contra megaproyectos que amenazan las fuentes de agua en sus territorios.

En Zitacua la población defiende el río San Pedro Mezquital, amenazado por el proyecto estatal de la presa “El Nayar”. Y hasta aquí se dieron cita medio millar de personas de 18 pueblos originarios para hablar sobre las amenazas a sus aguas, encabezadas por proyectos estatales, privados y extractivos. Hablaron de los daños que ocasionan el fracking, las presas hidroeléctricas, los basureros y rellenos sanitarios, la industria farmacéutica, el agronegocio, la deforestación por tala ilegal, la urbanización y turistificación de sus territorios, entre otros ataques que enfrentan.

Procedentes de 18 estados de la República, de siete países y de 18 pueblos originarios, los asistentes enumeraron sus dolores y resistencias. Se reunieron para atender el llamado de los ríos San Pedro Mezquital, Santiago, Lerma, Mololoa, Tulija, Salsipuedes, Xanga Ndá Ge, Las Canas, Chuviscar, Sacramento, Amealco, Conchos, Acaponeta, Xanadú, Petlapa, San Buenaventura, Arareco, Mayo Prieto, Metlapanapa, Xopana, Xotiac Bolaños, Tulija, Álamo, Tenbembé, Coyuca, Río Bravo, Amealco. De los arroyos Los Guayabos, Chicles, Arenal y Sarco. Las cuencas de Lerma Santiago, Libre Oriental de San José Chiapa. Los acuíferos Matatipac, Alto Atoyac y Ojo de Agua Tenbembé. Los manantiales de San Cristóbal de las Casas, Huitepec, Tulica, Agua Clara, Jataté, Xochimilco y San Isidro. Los lagos Chapala, Calaque; las lagunas San Pedro Lagunillas, Santiago Mexquititlán Tinamate, Guadalupe, Arareco y Lagunas de Zempoala; los humedales de Santa Cruz de las Flores y los mares de Tlajomulco de Zúniga, las bahías de Topolobampo y Ohuira. Y los cerros San Juan, la Reina, Toltepec, Tequixquiac.

En la asamblea se habló de lucha y preservación. Y se tipificaron como “crímenes” contra el agua los trasvases de los ríos, la extracción del agua subterránea, de minerales y de gas. “En México vivimos un sistema basado en la explotación de nuestra Madre Tierra, en la imposición de megaproyectos, en la minería, la tala ilegal, el acaparamiento del agua, los cambios de uso de suelo, en el control del crimen organizado y la violencia criminal contra quienes defendemos nuestros territorios, representando una guerra permanente que amenaza nuestra existencia como pueblos y como humanidad”, advirtieron en su declaratoria final.

En México, indicaron en el documento consensuado, “nos enfrentamos a una embestida estructural que opera desde la legalidad simulada hasta la violencia directa. Por un lado, las instituciones facilitan el saqueo mediante concesiones ilegales, el maquillaje sistemático de datos oficiales y la imposición de planes de reordenamientos regionales y ecológicos locales que sirven como fachada para autorizar el cambio de uso de suelo que ya han pactado con los grupos de poder industriales, mineros e inmobiliarios. Y a esto se suma un marco legal a modo, como la reciente ley de pueblos indígenas y afromexicanos, que pretende reglamentar, limitar y establecer los procedimientos administrativos para que los pueblos puedan constituirse como sujeto de derecho público y ejercer la autonomía, que omite el reconocimiento de los derechos territoriales y además establece mecanismos para que los saberes, conocimientos y patrimonio cultural puedan entrar al mercado y ser apropiados legalmente por las grandes empresas”.

Sobre la aprobación de la Ley Nacional de Aguas, advirtieron que las modificaciones legislativas “son fortalecidas por la reforma a la Ley de Amparo y en general la reforma judicial con la que limitan el acceso a la justicia para nuestros pueblos bajo el discurso del progreso y del desarrollo”. Cuando se destruye un río, indicaron, “se destruye una parte de nuestra historia, una parte de nuestra propia existencia; cuando contaminan un manantial, se enferma nuestro pueblo; cuando se invade un territorio indígena, se agrede la identidad colectiva”.

En el caso de San Pedro Mezquital, en Nayarit, el último río libre en la Sierra Madre Occidental, “se pretende imponer la presa El Nayar, antes Las Cruces”. Cambian el nombre al proyecto, reclamaron, “como si eso borrara el ecocidio que representa”, pues si se construye esa presa “afectaría el flujo natural del río San Pedro y todas las formas de vida que sostiene”. La pesca y la agricultura resultarían también dañadas, además de que se destruirían centros ceremoniales de los pueblos naayeri, o’dam, wixárika y meshikan.

Al término de la asamblea, dijeron sentirse más fuertes, sabiendo que “no luchamos sólo por nuestras comunidades, luchamos por el equilibrio de la naturaleza, la biodiversidad, los bosques, ríos, y el derecho de la futuras generaciones de vivir en un planeta donde aún exista vida”. Insistieron en caminar unidos, en que su palabra se convierta en acuerdo, y los acuerdos se conviertan en organización y “que nuestra organización se convierta en esperanza y acción, porque el agua no tiene dueño, porque la tierra no se vende, porque la vida no se negocia”.

Fue larga la lista de agravios que presentaron los pueblos en la Séptima Asamblea. Larga también es la resistencia para quienes decidieron defender su territorio. No hay opción cuando de agua se trata, pues, literal, les va la vida en ello.