¿SE ESCRIBE RARÁMURI O RALÁMULI? UNA “CIENCIA” LINGÜÍSTICA QUE PRESCRIBE CUANDO DESCRIBE
Cúpula de la capilla de indios en el convento de Actopan, Hidalgo. Foto: Justine Monter Cid
Hasta hace apenas una generación, según consignó alguna vez La Jornada, las mujeres de la sierra chihuahuense mandaban cartas a sus hijos y maridos migrantes en Estados Unidos con un remitente que hoy no existe en ningún mapa oficial: “Domicilio conocido. Temosáchic, Chihuahua”.1 Esa “c” final se borró por decreto en 1982 y se devolvió, a medias, veinticinco años después. En esa letra cabe la historia que quiero contar aquí: la de una ortografía que nunca fue solamente un asunto de sonidos.
Cada cierto tiempo vuelve la pregunta: ¿se escribe rarámuri o ralámuli? La discuten los especialistas en sus congresos, y la discute también, con el mismo interés, cualquiera que no tenga nada que ver con la lingüística. Casi siempre se resuelve igual: alguien invoca la fonología —el estudio de los sonidos de una lengua— y da el asunto por terminado. Tiene algo de razón: ralámuli representa con más precisión la oposición entre los sonidos /r/ y /ґ/ que sobrevive en la mayoría de las variantes de la lengua. Pero reducir la discusión a la correspondencia entre sonido y letra supone que la escritura sólo sirve para retratar cómo suena una lengua, y ésa no es toda la historia. Todo sistema de escritura es también una tecnología social, un lugar donde se negocian identidades, memorias y relaciones de poder. Prefiero leer la permanencia de rarámuri como una decisión política, tan legítima como la que propone ralámuli. Cuando los nombres de los pueblos y las lenguas se repiten durante siglos, dejan de ser solamente sonido y se vuelven emblema.
Como evidencia paralela, tomemos los mapas de Chihuahua de mediados del siglo pasado. Sisoguichic, Norogachic, Carichic: poblaciones que hoy terminan en -chi se escribían con -chic, siguiendo la grafía que fijaron los misioneros desde el siglo XVII —el Anua del padre Pascual, de 1651; la carta de los padres Guadalaxara y Tarda, de 1676; la Crónica de Arlegui, de 1737— y que terminó de fijar el Compendio Gramatical de Miguel de Tellechea. Esa “c” sobrevivió generaciones, hasta que en 1982 la Legislatura de Chihuahua modificó la Constitución estatal para “simplificar” la escritura de los topónimos indígenas y borró, por decreto, la “c” final en todos los municipios de origen indígena. No fue un cambio en la forma en que hablaba la gente: fue una decisión legislativa. Los habitantes de Temósachic protestaron desde 2001 para que se las devolviera, y en 2007 el Congreso cedió parcialmente: el decreto 864-07 devolvió la “c” a Temósachic y a otras localidades, como Conoachic y Yepachic. A otros municipios de origen rarámuri, la reparación nunca llegó.
Es la misma lógica, guardando las proporciones, que sostiene la “x” de México. Ningún hispanohablante pronuncia hoy esa letra como la equis en léxico: decimos una jota suave, muy cercana a un sonido aspirado. Méjico sería, fonéticamente, más honesto. Y sin embargo escribimos México, porque esa letra dejó de ser un signo fonético para convertirse en un signo histórico: el hilo que nos conecta con el náhuatl y con el nombre original, Mēxihco. La identidad se negó a soltar esa grafía, aunque la fonética del español cambiara a su alrededor. Algo parecido pasa con rarámuri. La documentación histórica registra esa forma casi sin interrupciones desde hace siglos; ralámuli es una propuesta mucho más reciente, nacida de la lingüística descriptiva y de los procesos de normalización de las últimas cuatro décadas. Ninguna de las dos grafías es más legítima: privilegian cosas distintas —una la continuidad histórica, la otra la transparencia fonológica— y no hay una manera neutral de decidir cuál pesa más.
Vale la pena detenerse en una palabra que suele pasar inadvertida en estas discusiones: normalizar. A primera vista parece una operación técnica —decidir qué letra corresponde a qué sonido, eliminar inconsistencias— pero toda normalización produce también una norma, y con ella una frontera entre lo correcto y lo que empieza a señalarse como error. En una lengua que ha convivido durante siglos con distintas tradiciones gráficas y grados muy diversos de alfabetización, esa frontera nunca es inocente: decidir una ortografía es decidir también qué variedad de la lengua se convierte en modelo de las demás.
La pregunta política, entonces, no es tanto si ralámuli representa mejor cierto contraste fonológico. Es quién tiene la autoridad para convertir esa descripción en una obligación ortográfica. Que el análisis permita reconocer dos fonemas no significa que de ahí se desprenda cómo deben escribir los hablantes el nombre de su propia lengua. Entre ambas cosas ocurre un desplazamiento que suele esconderse detrás de la palabra “científico”: quien describía empieza a prescribir. Resulta paradójico que esto ocurra justo con una lengua indígena, porque una disciplina que lleva décadas reclamando escuchar a los hablantes puede terminar explicándoles, con argumentos técnicos impecables, cómo escribir aquello que ellos mismos nombran desde mucho antes de que llegara el lingüista.
Tampoco todas las grafías llegan a esta discusión en igualdad de condiciones. Una letra puede cargar siglos de documentos, nombres personales, letreros y memoria colectiva; cambiarla no es sólo sustituir un símbolo en una tabla fonológica. Las reformas ortográficas vuelven antigua una manera de escribir que hasta ayer era común, y pueden convertir en “incorrectos” documentos, firmas o nombres con los que una generación entera aprendió a reconocerse. La estabilidad gráfica tiene también un valor propio: la escritura acumula historia, y esa acumulación es parte de lo que una comunidad reconoce como suyo.
Hay además otra desigualdad. A las grandes lenguas oficiales nadie les exige reconstruir su escritura para volverla transparente a su fonología —el espanol conserva letras mudas y grafías históricas sin que eso ponga en duda su legitimidad—, mientras que a las lenguas indígenas se les pide, con frecuencia, una ortografía perfectamente fonémica, como si tuvieran que demostrar que merecen ser escritas. Reconocerlo es tratar el conocimiento lingüístico como uno de los argumentos de esta discusión, no como el veredicto que la cierra. Si la escritura es una práctica social, la pregunta por rarámuri o ralámuli no se resuelve sólo mirando el inventario de fonemas: también hay que preguntar quién escribe, quién ha escrito, quién decide y qué historia se pierde cuando una de esas formas recibe el sello de “correcta”.
Los propios hablantes rarámuri han señalado más de una vez algo que no aparece en ningún manual de fonología: la “l” no sólo representa un sonido, también carga una historia de contacto con el español. Muchos no hablantes sustituyen sistemáticamente la consonante retrofleja del rarámuri por la lateral española [l], y esa pronunciación se ha vuelto, para buena parte de la comunidad, marca de lo ajeno. La resistencia a ralámuli tiene menos que ver con la ignorancia fonológica que con la memoria de cómo ciertas maneras de pronunciar la lengua han sido juzgadas, dentro y fuera de la comunidad.
Nada de esto contradice a la fonología. Sólo recuerda que la escritura vive también en otra economía: la de la historia, la comunidad y la pertenencia. México no dejó de escribirse con equis cuando cambió la fonética del español; tampoco resulta contradictorio seguir escribiendo rarámuri aunque cierto análisis técnico prefiera ralámuli. La lingüística, entrenada para describir, casi siempre prefiere la ortografía más fiel al sonido. Las comunidades, en cambio, conservan las grafías que condensan una memoria, más que las que mejor transcriben un fonema. Elegir entre rarámuri y ralámuli es elegir qué parte de la lengua seguimos contando. A veces esa historia cabe entera en el remitente de una carta: Domicilio conocido, Temosáchic, Chihuahua.
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Jesús Villalpando Quiñonez es lingüista y documentador de lenguas indígenas en la Universidad del Pueblo Yaqui. Su trabajo parte de una perspectiva no apriorística: observar las lenguas y las prácticas de sus hablantes antes de decidir de antemano qué categorías deben explicarlas. A partir de su documentación con comunidades del norte y noroeste de México, ha sometido a crítica lo que la práctica académica suele presentar como natural o inevitable: las categorías de análisis, las ortografías y la propia autoridad del especialista.
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