EL ESTADO NO DEBE CONVERTIRSE EN DUEÑO, ADMINISTRADOR NI INTÉRPRETE DE NUESTRA CULTURA / 353
Templo de Quetzalcóatl, Teotihuacán. Foto: Mario Olarte
La identidad cultural pertenece a los pueblos y comunidades, no al Estado.
El gobierno debe garantizar derechos, no dirigir la vida cultural de los pueblos.
La libre determinación y autonomía deben ser reales y no solamente conceptos escritos en la ley.
Las autoridades indígenas y comunitarias tienen la capacidad efectiva para decidir sobre sus formas de organización, patrimonio cultural, conocimientos tradicionales, lugares sagrados, ceremonias, símbolos, lengua y memoria histórica.
Ninguna institución gubernamental debe apropiarse, registrar, utilizar, comercializar, modificar o difundir expresiones culturales comunitarias sin autorización de la propia comunidad.
El reconocimiento de los pueblos no debe significar que el Estado determine desde fuera quiénes somos, cómo debemos organizarnos o qué elementos de nuestra cultura son “válidos”.
No a la consulta. Debe respetar las decisiones de cada pueblo y comunidad, no reducirse a una validación de una iniciativa previamente elaborada por el gobierno.
Esto es especialmente importante porque el propio marco constitucional reciente reconoce a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y reconoce derechos de libre determinación, autonomía y consulta.
Nuestros derechos son reconocidos, porque ya lo merecemos por nuestras luchas en defensa del territorio. Pero también queremos dejar algo muy claro:
La cultura de los pueblos no pertenece al Estado.
El Estado mexicano no puede convertirse en administrador, propietario, intérprete o tutor de nuestras culturas, nuestras formas de organización, nuestra memoria histórica, nuestros conocimientos, nuestros símbolos, nuestros territorios y nuestros lugares sagrados.
La autonomía y la libre determinación no pueden quedarse solamente en palabras.
Si verdaderamente se reconoce a los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, entonces debe reconocerse también nuestra capacidad para decidir sobre nuestra propia vida colectiva, nuestra identidad y nuestro patrimonio cultural.
No queremos que una institución gubernamental decida por nosotros qué es nuestra cultura, cómo debe preservarse, quién puede utilizarla o cómo debe transmitirse.
Queremos que el Estado garantice nuestros derechos, no que se apropie de ellos.
Que ningún órgano del Estado podrá apropiarse, administrar o disponer de expresiones culturales, conocimientos tradicionales, símbolos, ceremonias, prácticas, lenguas, patrimonio comunitario o memoria histórica de los pueblos sin consentimiento de la comunidad correspondiente.
Que las comunidades tendrán derecho a decidir sobre el uso, protección, transmisión y difusión de su patrimonio cultural material e inmaterial.
Que la libre determinación deberá ejercerse sin tutela gubernamental y respetando las instituciones, autoridades, asambleas y formas propias de organización de cada pueblo y comunidad.
Que ningún programa, proyecto, reglamento o política pública podrá imponerse bajo el argumento de “preservar” la cultura si la propia comunidad no lo ha decidido.
Que el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos debe significar igualdad de derechos, pero no uniformidad cultural. Cada pueblo tiene derecho a conservar su propia identidad, historia, organización y relación con su territorio.
Que la participación del Estado debe ser de garantía y respeto, y no de sustitución de las autoridades comunitarias.
Nuestra cultura no es una política pública.
Nuestra identidad no es propiedad del gobierno.
Nuestros conocimientos no son recursos para que una institución los administre.
Nuestra historia no puede ser reinterpretada desde las oficinas del Estado sin la participación y consentimiento de quienes la han heredado.
Queremos un Estado que respete a los pueblos, no un Estado que hable en nombre de los pueblos.
La verdadera autonomía significa que podamos decidir nosotros mismos.
Por eso participamos en esta consulta: no para entregar nuestra cultura al Estado, sino para exigir que la ley garantice que nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra memoria y nuestras formas de vida permanezcan bajo la decisión de nuestros propios pueblos y comunidades.
Nada sobre nuestros pueblos sin nuestros pueblos.
La cultura se reconoce; no se apropia.
Texto compartido por la autora en la página de Facebook Suplemento Ojarasca.