EL INDIO PERMITIDO. DILEMA DE LA INTERCULTURALIDAD EN AMÉRICA LATINA

La historia contemporánea de América Latina podría entenderse como la crónica de un reconocimiento inacabado de la diversidad cultural. En las últimas décadas, la región pasó de la invisibilización forzada a una constitucionalidad que celebra —al menos en el papel— su carácter heterogéneo. Aunque reformas recientes en México han elevado a rango constitucional a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, la praxis gubernamental sigue atrapada en la lógica asistencialista. Ecuador y Bolivia fueron más lejos al autodefinirse como “Estados plurinacionales e interculturales”, pero la institucionalización del término no evitó su subordinación al extractivismo minero y petrolero. En el otro extremo, países como Chile arrastran una profunda deuda histórica donde las pugnas constitucionales continúan sin consolidar el derecho a la libre determinación. De hecho, este país es uno de los pocos en la región que mantiene vigente un compromiso no resuelto con estos pueblos.

Sin embargo, buena parte de esas reformas ha quedado en el terreno del discurso, pues no necesariamente se están construyendo sociedades interculturales en las que el interés, el diálogo intercultural y la reciprocidad sean la norma y no la excepción. Simplemente se sigue gestionando institucionalmente —es decir, desde el escritorio— la diversidad cultural de los Estados. Así, se reconoce la pluralidad desde la formalidad, pero se rechaza en la realidad. A pesar de las recientes e intensas pugnas constitucionales, los esfuerzos políticos estructurales siguen sin consolidar un reconocimiento expreso y efectivo de la libre determinación de los pueblos indígenas.

El simple reconocimiento de la diversidad ha sido la herramienta predilecta del liberalismo latinoamericano para gestionar la diferencia. Es un acto centralista y urbano que otorga identidad desde la legalidad a quienes siempre la han ejercido en la práctica, como es el caso de los pueblos originarios. Se crean leyes sobre sus lenguas decidiendo si son oficiales o no, se diseñan festivos nacionales y se erigen monumentos sin tomarlos en cuenta. Este reconocimiento ha sido, en el mejor de los casos, más simbólico que pragmático. Es lo que el filósofo Charles Taylor identificaría como una “política de la diferencia” que no altera las estructuras de poder sino que sólo matiza desde las leyes la realidad. Este multiculturalismo de vitrina reconoce y vanagloria al indígena en el museo o en los libros de historia, pero lo criminaliza y estigmatiza cuando defiende sus territorios frente al extractivismo exacerbado y sin límites. Se rememora la herencia indígena en el folclore, en sus costumbres y tradiciones, pero se mantienen las brechas de desigualdad que condenan a estas poblaciones a la periferia del desarrollo. En términos de Charles Hale, se configura así la figura del “indio permitido”: aquel que puede hablar su lengua y vestir sus trajes en ceremonias oficiales, pero cuya cosmovisión es ignorada cuando se trata de decidir sobre el destino de sus recursos naturales o la estructura de la justicia. El multiculturalismo reconoce y tolera la diferencia, pero no las integra en los núcleos del poder ni de las decisiones trascendentes. Acepta la coexistencia, pero no fomenta el diálogo entre los diversos sectores sociales. El reconocimiento, si no va acompañado de una redistribución real del poder, no es más que una cortesía institucional que permite que todo siga igual.

Así, el dilema real aparece cuando pasamos del reconocimiento en el papel a la aceptación en el día a día. Aceptar no es simplemente tolerar; es permitir que la presencia del otro transforme y moldee nuestra forma de ver la vida y sus matices. En América Latina, esto implica una ruptura con la visión estatocéntrica que aún dicta qué conocimientos son ciencia y cuáles son “superstición”, o qué justicia es derecho y cuál es “costumbre”. Frente a esta coexistencia pasiva, surge la interculturalidad no como una descripción de la realidad o como reconocimiento de un hecho dado, sino como una demanda ética y política.

La interculturalidad no busca que las culturas coexistan en paralelo, como compartimentos estáticos. Busca y pretende el diálogo e intercambio de saberes. Aceptar la interculturalidad implica, a modo de ejemplo, que los sistemas de salud pública integren seriamente la medicina tradicional, no como un paliativo rural, sino como una epistemología válida. Es un proceso dinámico de interacción donde todas las partes se ven transformadas e influenciadas sin tomar en cuenta si son mayoría o minoría. La interculturalidad no se decreta desde una gaceta oficial; se construye desmantelando la matriz colonial y patriarcal del Estado. No hay aceptación real sin restitución territorial ni respeto a la libre determinación. Pasar del reconocimiento a la aceptación exige dejar de tratar a los pueblos originarios como patrimonio del pasado para asumirlos como sujetos políticos del presente, capaces de definir el rumbo de sus propios territorios y del país entero.

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Juan Daniel Oliva Martínez es decano e investigador en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), experto en derechos de los pueblos indígenas.

Elías Ángeles-Hernández es profesor en la UC3M y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en derecho indígena y minorías étnicas.