Notiese. Para los próximos comicios electorales del 6 de junio, todas las instituciones políticas deben contemplar como candidatas o candidatos a una diputación federal a personas integrantes de las poblaciones LGBTI, indígenas, afromexicanas y con discapacidad, de acuerdo con la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que modificó las normatividades vigentes a fin de que se incluya a grupos históricamente discriminados en los procesos electorales.

Dicha resolución establece que los partidos políticos deberán hacer postulaciones cuando menos de dos fórmulas de personas de la diversidad sexual en cualquiera de los 300 distritos electorales federales. En cuanto al principio de representación proporcional, se presentará una fórmula más dentro de los primeros 10 lugares de la lista de cualquiera de las cinco circunscripciones.

También se aprobó la participación de personas indígenas en 21 distritos, de las cuales 11 deberán ser mujeres, y se deben postular tres fórmulas de candidaturas integradas por personas afromexicanas en cualquiera de los 300 distritos electorales y una más por el principio de representación proporcional en cualquiera de las 5 circunscripciones.

Sobre las personas con discapacidad, los partidos deberán postular fórmulas de candidaturas integradas por ellas en seis de los 300 distritos que conforman al país.

De acuerdo con la consejera electoral Dania Ravel, con este proyecto se da un piso mínimo de participación política a grupos que históricamente han sido excluidos, y si bien estas medidas no generan un cambio social inmediato ni garantizan por sí mismas el éxito de la inclusión, sí ponen en la discusión la necesidad de la participación de todas las personas y todos los sectores en el ámbito electoral.

A nivel estatal

A raíz de la emisión de la resolución, en algunas entidades federativas se promovieron reformas similares para los comicios locales. En Aguascalientes, el Tribunal Electoral ordenó al Instituto Electoral reglamentar acciones afirmativas para conformar candidaturas de integrantes de poblaciones vulnerables y al congreso local para implementar en la ley la inclusión efectiva al ejercicio del poder público para posteriores procesos electorales.

En Baja California, se emitió una resolución similar para que en el proceso electoral se incluyan fórmulas de candidatos a diputaciones locales y a munícipes a personas de las comunidades indígenas, de las poblaciones de la diversidad sexual así como jóvenes menores de 29 años y personas con discapacidad.

Así, partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, deberán postular al menos una fórmula de mayoría relativa, integrada por ciudadanas o ciudadanos de las comunidades LGBT.

Al sur del país, en Chiapas, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana aprobó modificar los Lineamientos en Materia de Paridad de Género para promover la participación de personas de la diversidad sexual en el proceso electoral local. De esta manera, cada partido local promoverá hasta tres candidaturas sexodiversas para la elección de ayuntamientos y tres para diputaciones locales.

El Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León ordenó al Consejo General de la Comisión Estatal Electoral emitir medidas para que los partidos y coaliciones incluyan candidaturas de personas LGBT en las elecciones de junio próximo. También se determinó que el Congreso local debe ajustar la Ley Electoral para establecer y regular el acceso efectivo de las personas de la comunidad al ejercicio del poder público

Al centro del país, en Hidalgo, el Instituto Electoral local emitirá próximamente los lineamientos correspondientes para incluir una cuota de perfiles emanados de este sector en candidaturas de mayoría relativa y representación proporcional.

Si bien no se ha emitido una resolución a favor de las candidaturas incluyentes, en Jalisco se firmó el Pacto por el Respeto, Reconocimiento y Participación de las personas de la Diversidad LGBTI, que compromete a los partidos políticos a gestionar y recibir capacitación para la no discriminación de derechos político-electorales de las personas LGBT; utilizar un lenguaje incluyente, no sexista y no estereotipado en las campañas electorales; promover entre las personas LGBT derecho al voto con perspectiva de interculturalidad, entre otras acciones.

Oposición del PES

El Partido Encuentro Social impugnó el acuerdo del INE que impone candidaturas de diputación federal para personas de LGBTI, por considerar que va contra su visión y los valores familiares, y que las medidas afirmativas para las personas de la diversidad sexual y de género “no coincide con lo establecido en sus documentos básicos”.

Al respecto, la magistrada Janine Otálora recordó que ninguna fuerza política puede “basarse en doctrinas que impliquen discriminación alguna”, y que la igualdad y no discriminación “como principio y como derechos constituyen la columna vertebral del sistema jurídico nacional e internacional al grado de ser considerados norma ius cogens que no acepta pacto en contrario y vincula tanto a particulares como a autoridades”.

En varias entidades del país, organizaciones de la sociedad civil a favor de los derechos LGBT han interpuesto recursos para que se reformen las leyes electorales para impulsar las candidaturas de las personas integrantes de la diversidad sexual.