El recuerdo que tiene Néstor de su madre está construido con base en fotografías. No puede contar alguna anécdota sobre pasajes de su vida compartidos con su madre. Todo lo que sabe de ella, se lo han contado su abuela, sus tíos o tías. Y durante su infancia, sólo veía a su abuela y sus familiares salir de casa con fotografías de su madre, una cruz rosa y cartulinas en las que exigían el esclarecimiento del asesinato de su mamá. Muy pocas veces las acompañó.

Ahora tiene 24 años, y lamenta que en poco más de tres lustros, no se haya arreglado nada, pues uno de los asesinos de su madre continúa prófugo, a pesar de que había sido capturado. Las autoridades consideraron que no podían enviar a alguien a la cárcel basándose únicamente en testimonios de niños, esas narraciones que Néstor y sus hermanos contaron a los policías, en las que afirmaban que su tío y su papá asesinaron a su mamá.

Aquel lejano febrero de 2004 fueron recogidos por su abuela y una tía, quienes, dedicándose a la costura, asumieron su manutención económica y su cuidado. Querían que permanecieran con ellas y evitar que los enviaran a alguna casa hogar o algo similar. Ellas mismas les buscaron atención psicológica y la absorbieron. Buscaron y recibieron algún apoyo por parte de organizaciones de la sociedad civil, pero de las autoridades, nada. Ellas mismas negaron por varios años que su mamá había sido asesinada, ya que sostenían la teoría de que se había suicidado.

A la distancia, Néstor reconoce que no vivió una infancia ni una adolescencia fácil, pues parte de ella transcurrió en juzgados y rindiendo testimonios, que pocas veces le creyeron cuando era niño. Por más que quisiera olvidar todo lo ocurrido, constantemente le era recordado.

Además de eso, él, su hermana y su hermano llegaron a vivir a la casa de su abuela, donde ya vivía uno de sus primos, casi recién nacido, dos de sus tíos, aún menores de 12 años, su tía, quien dejó sus estudios de gastronomía para ayudar a los gastos de la casa, y su abuelo. Por lo tanto, a pesar del esfuerzo, las carencias inevitables por la repentina llegada de tres elementos más al hogar fueron evidentes.

Una de sus imágenes recurrentes es la de su abuela y su tía cosiendo por las noches, después de haber pasado todo el día en los juzgados, para poder entregar los encargos a tiempo. Pasados algunos años, a él y a sus hermanos les otorgaron una beca de mil pesos mensuales para estudiar el bachillerato. Esa beca representó un paliativo, pero él tuvo que trabajar para poder terminar una carrera universitaria.

En 75 por ciento de los casos de feminicidio, la víctima deja al menos a una hija o hijo en situación de orfandad, quien debe ser arropado por la familia, en el mayor número de casos, las abuelas, según datos del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio.

Niños y niñas en orfandad

En promedio, se registran 12 feminicidios al día en todo el país, situación que representa que, a la semana, más de 80 familias ven transformada su realidad ante la irrupción de la violencia en su devenir cotidiano. El rompimiento extraordinario de los vínculos relacionales y la desaparición súbita de una de las integrantes del conjunto familiar es un aspecto poco abordado cuando se reflexiona sobre los asesinatos de mujeres motivados por cuestiones de género.

Datos del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio indican que en 75 por ciento de los casos de feminicidio, la víctima deja al menos a una hija o hijo en situación de orfandad y ésta o éste son arropados por la familia, en el mayor número de casos, las abuelas.

En los últimos tres años, se estima que más de cinco mil niñas, niños y adolescentes han quedado huérfanos como consecuencia directa de un feminicidio, según datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, a pesar de que cada mes se incrementa la cifra en un promedio de 177 nuevos infantes huérfanos por situaciones de violencia a las que se enfrentaron sus madres, aún no hay políticas públicas que atiendan sus necesidades a pesar de que son reconocidos como víctimas indirectas de la situación.

Asimismo, aún resta el pendiente de saber si algunos de ellos no están bajo la tutela o la custodia de los presuntos sospechosos del delito o de sus familiares, corriendo el riesgo de vivir situaciones de violencia y de reproche porque sus progenitores se encuentran en privación de su libertad.

Víctimas indirectas

La visibilización de los feminicidios en México ocurrió a mediados de la década de los noventa, a raíz del creciente número de casos registrados en Ciudad Juárez. De forma paulatina, se dieron a conocer situaciones similares en otras entidades del país, mostrándose que en todo el país hay altos índices de violencia contra las mujeres. En más de 30 años se han dado a conocer miles de historias de mujeres cuyas vidas fueron segadas por hombres que encontraron en la violencia una mala manera de dar solución a sus problemáticas. Más bien, acrecentándolas y dejando en situación de vulnerabilidad a niñas y niños a quienes se les modifico súbitamente la vida, al perder a un ser querido con un vínculo emocional estrecho como es el de una madre.

La cifra exacta de feminicidios perpetrados en México es una incógnita, al igual que el número de menores afectados por la situación. Por mucho tiempo, no se les tomó en cuenta, y como en el caso de Néstor, no hubo ninguna posibilidad de contar con algún apoyo institucional.

Fue hasta 2013, con la aprobación de la Ley General de Víctimas, que el Estado mexicano estuvo obligado a reconocer a las y los hijos de las mujeres asesinadas, otorgándoles la calidad de víctimas indirectas, por ser “familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella”.

Entre otros elementos, se estableció el compromiso de garantizar el acceso a la educación gratuita y ser ingresados al Registro Nacional de Víctimas, donde se salvaguardaran sus derechos humanos y se les brindara la asesoría jurídica correspondiente, además de ser sujetos a una posible restitución (restablecimiento de la calidad de vida anterior a la ocurrencia del acto de vulneración de derechos); indemnización (económica o en especie), rehabilitación (atención médica y psicológica y servicios jurídicos); satisfacción (medidas para que no continúen las vulneraciones y acceso a la verdad), y garantía de no repetición de los hechos.

Algunas experiencias

A ocho años de la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas y las respectivas leyes estatales, sólo en 13 de las 32 legislaciones estatales se toma en cuenta a las hijas o hijos de quienes han visto vulnerados sus derechos humanos, de acuerdo con el Reporte de Monitoreo Legislativo “Las víctimas indirectas de feminicidio en las leyes de víctimas. El caso de las niñas, niños y adolescentes” de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El mismo informe indica que sólo en cuatro entidades se regula alguna disposición específica sobre las niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas del delito de feminicidio.

Uno de ellos es Jalisco, en cuya Ley de Víctimas se reconoce que es una víctima indirecta “la persona menor de edad en situación de orfandad con motivo de un feminicidio u homicidio” y se le garantiza el acceso a atención psicológica.

Otro es Oaxaca, donde se indica que aquellos menores de edad en situación de orfandad como consecuencia de un feminicidio deben ser parte del Registro Estatal de Víctimas y recibir todos los beneficios correspondientes,

En el caso de Puebla, se estipula que deben “recibir servicios integrales de atención temprana y tendrán garantizados los servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados, así como de educación y alimentación”. Mientras que en Veracruz se determinó que las y los hijos de víctimas de feminicidio deben de tener prioridad para acceder a las medidas de reparación integral y a garantizar servicios educativos, médicos, psicológicos, acceso a programas sociales, garantía de un espacio para residir y cualquier otro elemento que ayude al “restablecimiento de su independencia física, mental, social”.

Los datos de cuántos menores han sido afectados por la violencia feminicida en México aún se desconocen. No hay un registro oficial al respecto. Los programas estatales aún están en desarrollo.

Acciones pendientes

En julio del año pasado se dio a conocer el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio, elaborado por organismos como el Instituto Nacional de las Mujeres, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

El objetivo de este protocolo la articulación interinstitucional para la atención a hijas e hijos de víctimas de feminicidio en dos ejes fundamentales: el cumplimiento de las cuatro garantías de protección integral (protección, ayuda, asistencia y atención) y la restitución integral y el acceso a la justicia. Sin embargo, a más de un año de su presentación, el Protocolo no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, como lo ha denunciado la senadora Martha Tagle, quien recientemente emitió un punto de acuerdo ante el pleno del Senado de la República para que la publicación se lleve a cabo de la manera más pronta posible.

En diciembre del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó la elaboración de un padrón permanente de menores en situación de orfandad por feminicidio y homicidio, desagregado por edad, sexo, escolaridad y víctima indirecta, cuya finalidad es garantizar los derechos de salud, educación, atención psicológica y acceso a los programas a las niñas, niños, y adolescentes que se encuentren en esta situación.

Los datos de cuántos menores han sido afectados por la violencia feminicida en México aún se desconocen. No hay un registro oficial al respecto. Los programas estatales aún están en desarrollo y, como denuncian varias organizaciones civiles, el primer gran reto es que las autoridades de las fiscalías estatales reconozcan que ocurrió un feminicidio, ya que, en muchos casos, no lo consideran así, y es imposible que se pueda ofrecer ayuda a los deudos.

Por muchos años, las autoridades dijeron que la madre de Néstor se había suicidado por lo que aunque hubiera estado vigente la ley de víctimas no lo hubieran reconocido, ni a él ni a sus hermanos, como tales. Un apoyo económico a su familia, hubiera sido ideal, asegura el hoy ingeniero, pues las cosas hubieran sido mucho más fáciles para su abuela, su tía y sus primos y sus hermanos.

Sólo espera que se vuelva capturar a su tío, quien también participó en el feminicidio de su madre, y se sancione a los funcionarios que han obstruido la justicia por más de 15 años. Hasta entonces considerará que se ha alcanzado la justicia.