A finales de marzo de 2020, cuando el registro de casos de COVID-19 en México apenas comenzaba a crecer, el gobierno federal decidió cerrar las escuelas como una medida para contener la transmisión del SARS-CoV-2. La decisión fue vista como drástica en aquel momento, un período en el que era todavía difícil prever cuánto iba a durar la emergencia sanitaria. Hoy, 17 meses después, más de 30 millones de alumnos y alumnas han vuelto a las aulas, nada menos que en medio de una tercera ola de contagios de COVID-19, la peor de las que han azotado al país desde que empezó la pandemia.

En medio de la actual situación, la vuelta a la escuela provocó sentimientos encontrados. Por un lado, el temor al coronavirus sigue presente en padres, madres, personal docente y alumnado; pero por otro, la experiencia de encierro, que todavía sigue siendo llamado “cuarentena” más por inercia que por precisión, ha mermado no sólo el rendimiento escolar sino también la salud mental de niños, niñas y adolescentes.

Actividad prioritaria

En los inicios del mes de agosto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que la educación comenzaría a ser considerada como una actividad prioritaria en el país. Esta modificación implicaba que ya no tendría que estar sujeta al semáforo epidemiológico, que se mantiene en color naranja en la mayoría de los estados del país

Así, se planteó el retorno a los salones de clases para el 30 de agosto, y se detonó la polémica sobre si era un buen momento para regresar. La postura no sólo del Ejecutivo federal, y por consiguiente, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sino también de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), era que había que regresar ya.

Ya desde mayo de 2020, cuando parecía que la primera ola (que entonces no se llamaba así, pues se creía que sería la única) estaba siendo controlada, ambos organismos de la ONU, en conjunción con el Banco Mundial y otras instancias internacionales, habían publicado lineamientos para retomar paulatinamente y con medidas de precaución, las clases presenciales en todos los países donde fuera posible.

En aquel momento, el documento “Regreso seguro a la escuela: una guía para la práctica”, publicado por la UNESCO en colaboración con las organizaciones civiles Global Education Cluster y Child Protection, enlistó una serie de principios clave para regresar a las escuelas de manera segura. Estos principios no han dejado de estar vigentes, aun en medio de una contingencia sanitaria de características distintas a la inicial, debido a la transmisión predominante de variantes más contagiosas y con sintomatología diferente de la inicial.

El primero de esos pilares es un enfoque integral en el marco de la pandemia de COVID-19. Es decir, se asumía de cierta manera que la emergencia no había llegado a su fin, por lo que la vuelta a las aulas se daría todavía en medio de ella. Por esto, se ve a la escuela como un lugar que puede tener gran impacto en la vida de niños y niñas, pues se pueden implementar estrategias de educación, salud, nutrición y protección a sus derechos, para lo cual se requiere crear una estrategia coordinada e integral para recibir a los menores en los centros educativos.

Otro principio clave es la participación de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se tomen respecto a su educación, pues es importante escuchar sus sentimientos y necesidades. También se contempla la “reconstrucción resiliente”, es decir, el aprovechar la oportunidad para reforzar los sistemas de educación y de preparación ante desastres, de manera que se pudieran aplicar lecciones aprendidas de la pandemia en la comunidad educativa, con miras a que ésta estuviera preparada para futuras crisis de salud.

Se plantea también la visión de género, inclusión y accesibilidad, puesto que niños y niñas podría enfrentar barreras o necesidades diferentes al momento de regresar a la escuela, de acuerdo con su género, discapacidad, etnia o vulnerabilidad social (como en el caso de menores buscando asilo político). “Esta es una oportunidad única para que todos los niños y niñas vayan a la escuela”, decía la guía en ese momento.

Lamentablemente, era un panorama idealista. La propia UNESCO ha estimado que, en este 2021, unos 50 millones de niños, niñas y adolescentes de todo el mundo podrían caer en la pobreza extrema, lo que claramente limitaría sus posibilidades de continuar con sus estudios, forzándolos a entrar al mundo laboral a edades tempranas.

El regreso a clases del ciclo escolar 2021-2022 ha sido todo un reto. La comunidad educativa entera debe adaptarse a la nueva realidad y tratar de mantener las medidas de prevención de COVID-19, venciendo el cansancio que ha dejado más de un año y medio de pandemia.

Una rutina conocida

El regreso a clases en México, informó el gobierno federal, era ineludible para el 30 de agosto pasado. Sin embargo, ante el temor de muchos padres y madres de familia, se determinó que la asistencia a clases presenciales sería “opcional”, y que los recursos de aprendizaje en línea y mediante radio y televisión seguirían estando disponibles para las familias que así lo necesitaran.

Pero la decisión de enviar a los hijos e hijas a la escuela después de 17 meses de encierro no fue fácil de tomar.

Renata tiene 5 años y antes de la pandemia recuerda que iba a la escuela. Luego todo cambió y tuvo que ver a su maestro y a sus compañeros de clase a través de la pantalla del celular de su abuelita. Todas las mañanas se sentaba en su antigua sillita para comer y tomaba sus clases, tratando de practicar en su cuaderno los trazos que el profesor le decía que eran las letras.

Ahora se está preparando para ingresar a su último año de preescolar, y aunque dice que sí quiere ir a la escuela, también menciona el miedo de enfermarse y contagiar a su abuelita, con quien suele pasar la mayor parte del día desde que su mamá, Victoria, tuvo que volver a trabajar a su oficina.

Victoria se siente intranquila. Por un lado, teme enviar a Renata a la escuela debido a que “con la variante delta, cada vez hay más contagios de niños y se llegan a poner muy graves”. Pero por otro lado, después de más de un año de vivir con la sombra del coronavirus, intenta tranquilizarse pensando que tanto pequeños como mayores tienen que aprender a convivir con la nueva enfermedad.

Ella misma, todos los días, siente que se expone al tomar el transporte público para ir y volver del trabajo. “Mi niña no puede seguir encerrada, la vida tiene que continuar”.

Protocolo de emergencia

Así como Renata, millones de estudiantes volvieron a despertar antes de que saliera el sol, se alistaron con prisa, desayunaron (quizás, sin hambre) y salieron corriendo armados con cubrebocas, careta y gel desinfectante. Había que llegar temprano para tener tiempo de hacer las largas filas plantadas en las entradas de las escuelas. .

El 12 de agosto, la titular de la SEP, Delfina Gómez, presentó la Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales en las Escuelas de Educación Básica. En sus principios rectores, el documento menciona algunos de los ya señalados por la UNESCO en su documento del mes de maYo de 2020, tales como la inclusión y equidad, el enfoque integral y el impulso a las transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad.

Sin embargo, al momento de aterrizar en las medidas de adopción inmediata para promover la seguridad de las y los estudiantes, éstas parecen haberse quedado en un protocolo sanitario. Las nueve intervenciones consignadas en la estrategia son: formación de comités participativos en salud escolar, acceso a agua y jabón, cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo, uso obligatorio de cubrebocas, sana distancia, maximizar el uso de espacios abiertos, suspensión de las ceremonias o reuniones, detección temprana y apoyo socioemocional.

En países desarrollados, como el Reino Unido, se pide a las y los estudiantes realizarse pruebas de COVID-19 con cierta periodicidad. En naciones más parecidas a México, como Costa Rica, se buscó continuar con el modelo a distancia, pero garantizando que todos los estudiantes tuvieran los recursos necesarios para la conectividad.

Una de las medidas mencionadas durante aquel anuncio fue el requerimiento de una carta compromiso mediante la cual padres y madres se comprometían a hacer un seguimiento cercano de la salud de los menores, mediante el cual se podían prevenir contagios al no mandar a la escuela a infantes con síntomas de posible COVID-19. Días después, se mencionó que tal carta no era un requisito obligatorio, y que niñas y niños podían presentarse a clases aun sin ese documento.

Así llegaron a sus escuelas el lunes. Se programaron horarios de entrada escalonados y se estableció un formato híbrido, que dividió a los estudiantes en dos grupos, uno de los cuales acudió ese día y el otro al día siguiente. Mientras estén en su casa, podrán conectarse a internet para ver las clases en vivo, siempre y cuando tanto la escuela como los alumnos tengan computadora e internet, necesarios para conectarse.

Acciones pendientes

De las 32 entidades federativas, sólo 3 no abrieron sus recintos escolares: Baja California Sur, porque el gobierno local consideró que no se tenían las condiciones sanitarias requeridas; Guerrero, porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se negó a retornar a las aulas en medio del actual contexto, y Sinaloa, debido a los estragos que dejó el paso del huracán Nora la semana anterior.

Fuera de esto, las medidas adoptadas por las escuelas tanto públicas como privadas están, de alguna manera, a prueba. Se ha informado que si se detecta algún caso de COVID-19 en alumnado o profesorado, se pondrá en cuarentena al grupo y se hará una vigilancia epidemiológica.

Algunos padres y madres también han dicho que se mantendrán expectantes, y que si consideran que las medidas sanitarias no son suficientes, sus hijos volverán a estudiar desde casa.

La moneda está en el aire. La participación de la comunidad educativa completa (estudiantes, profesores, padres, madres y autoridades) es indispensable para crear el entorno más seguro posible, en medio de una contingencia ante la cual casi cualquier medida preventiva parece haberse quedado corta hasta ahora.