Este 28 de septiembre de 2023, Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, el ambiente de la conmemoración fue muy diferente. Unas semanas antes, el día 6 del mismo mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había emitido un fallo por el que declaraba inconstitucional el sistema jurídico que regula el delito de aborto, con lo que quedó asentado que esta práctica no debería perseguirse ni castigarse penalmente en México.

Fue en 1990 cuando empezaron las movilizaciones, que hasta hoy permanecen como extraoficiales, para exigir el acceso de las mujeres a un servicio de salud altamente estigmatizado y que con demasiada frecuencia debía buscarse en la clandestinidad, con los riesgos que esto implicaba para la salud de las mujeres.

En las manifestaciones de este año se mantuvo, sí, la exigencia de que todas las mujeres –y otras personas que tengan capacidad de gestar, aunque no se identifiquen como mujeres– gocen del derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, materializado en la interrupción de un embarazo que no desean. Pero al mismo tiempo se percibió un ambiente de celebración, pues ese derecho, por fin, se ha conquistado en el país.

Durante muchos años, la movilización también fue conocida como Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, colocando sobre la mesa un tema que había sido un gran tabú en la región. No hay que olvidar que en República Dominicana, Haití, Nicaragua, Honduras El Salvador, actualmente el aborto está totalmente prohibido. Aun así, hoy por hoy, Argentina, Colombia y México pueden decir que han dado pasos decisivos por la salud de su población femenina.

Un parteaguas

Por votación unánime, la Primera Sala de la corte concedió un amparo al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), organización civil que cuenta con una amplia trayectoria en la defensoría legal del derecho al aborto.

El recurso interpuesto por GIRE impugnó el sistema jurídico del Código Penal Federal que criminaliza a las mujeres que abortan y al personal médico que realiza esta práctica, por considerar que esa penalización atenta contra el derecho de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar a decidir interrumpir o continuar un embarazo. A la vez, esto socava los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la igualdad y no discriminación y a la autonomía reproductiva.

Al resolver el asunto, a la luz de las consideraciones que ha sostenido en otros casos similares el pleno de la Corte, la Primera Sala concluyó que las normas que penalizan el aborto voluntario son inconstitucionales, dado que anulan por completo el derecho a decidir.

A partir de esta resolución, se entiende que ningún juez o jueza en el país deberá iniciar procesos penales por aborto. Además, el Congreso de la Unión deberá derogar los artículos en el Código Penal Federal que criminalizan el aborto voluntario antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones en el cual le sea notificada la sentencia.

El pasado 6 de setiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstuitucional el penalizar el aborto como un delito a nivel federal. Esta sentencia implica que se debe autorizar dicha práctica en todas las instituciones nacionales de salud, con independencia de las leyes locales.

La Corte ha hablado, ¿y después?

Si bien se celebró por todo lo alto como el gran avance que fue, la decisión de la Corte tiene algunas limitaciones en cuanto a su alcance. En primer lugar, hasta el cierre de esta edición, el Congreso de la Unión no había sido notificado sobre la sentencia, pero una vez que lo sea, deberá llevar a cabo el proceso legislativo que corresponda a la reforma de ley solicitada. Aunque no hay certeza de la fecha, sí se podría esperar que el cambio sea realizado en este mismo periodo de sesiones, que culmina el 15 de diciembre.

Por otro lado, cabe recordar que, en México, 20 de las 32 entidades federativas todavía consideran el delito de aborto, salvo algunas excepciones como que el embarazo sea producto de una violación, que esté en peligro la vida de la mujer o del producto de la gestación, o que el aborto sea “accidental”, es decir, involuntario.

Esta contradicción entre los Códigos Penales locales y el Código Penal Federal (una vez modificado) podría generar confusión entre el personal de salud, o en el peor de los casos, podría servir como pretexto para frenar la provisión del servicio de aborto por parte de grupos que se oponen, por creencias personales, a esta práctica.

Acerca de las dificultades o posibles obstáculos que encontraría la implementación del derecho al aborto en las instituciones de salud federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Letra S conversó con Camila Riva Palacio, integrante de GIRE, para disipar algunas de las dudas.

“Es importante que sepamos que ya existe un lineamiento de aborto seguro emitido por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud”, señaló Riva Palacio en una entrevista a distancia. Esto significa que no es necesario desarrollar nuevos manuales de procedimientos o reglamentos para poner en marcha el acceso al aborto en las instituciones federales de salud.

El documento al que se refiere es el Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México, el cual hace recomendaciones sobre el procedimiento de interrupción del embarazo en las unidades de la Secretaría de Salud. Se basa, principalmente, en la Ley General de Víctimas, que garantiza el acceso de quienes han sufrido violencia sexual a la anticoncepción de emergencia y a la interrupción del embarazo “en los casos permitidos por la ley”, como es una violación sexual en todos los estados de la República. Además, retoma la Norma Oficial Mexicana NOM-046, que contiene los criterios de prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, específicamente el aborto voluntario en caso de embarazo producto de una violación.

El reto del acceso al aborto

Riva Palacio reconoció que, durante muchos años, la estrategia de las organizaciones civiles se enfocó en eliminar el delito de aborto del Código Penal ya que estaba teniendo un impacto directo en muchas mujeres que bien eran encarceladas por haber interrumpido un embarazo o bien se arriesgaban en busca de una práctica ilegal, enfrentando riesgos de salud y un gran impacto económico, sumados al estigma relacionado con el aborto.

El siguiente paso, consideró la activista, es un gran reto y es conseguir que se garantice el verdadero acceso de las mujeres al servicio de aborto, no sólo dentro del sistema de salud pública, sino también en el caso del aborto autoprocurado con medicamentos. “Es importante que exista la información suficiente para que las mujeres lo puedan hacer acompañadas y que no necesariamente tengan que asistir a una institución de salud para acceder a este servicio”, puntualizó.

Es momento de pensar, continuó, en cómo fortalecer el sistema de salud en términos de insumos, presupuesto y capacitación del personal, “pero también cómo difundir información para que, en las etapas iniciales de gestación, las mujeres puedan acceder a abortos con medicamentos, que no necesariamente se den en espacios hospitalarios”.

"El siguiente paso es un gran reto: conseguir que se garantice el verdadero acceso de las mujeres al servicio de aborto, no sólo dentro del sistema de salud pública, sino también en el caso del aborto autoprocurado con medicamentos": GIRE.

El temor al estigma

Con las últimas resoluciones de la Corte, principalmente las declaratorias de inconstitucionalidad del delito de aborto en Coahuila (2021) y Aguascalientes (2023) la instancia judicial ha sido “cada vez más enfática en que el derecho penal no es la vía” para inhibir el aborto, indicó Camila Riva Palacio. “Muchas veces abortos clandestinos fueron la vía para que las mujeres pudieran ejercer su autonomía y sus derechos reproductivos y pudieran verdaderamente decidir sobre sus cuerpos”.

Pero al mismo tiempo, el hecho de que todavía 20 entidades federativas castiguen el aborto hace que el miedo a ser criminalizadas siga estando presente. “Por eso también es muy importante esta despenalización social”, apuntó la activista. “Porque incluso en contextos en donde ya está despenalizado el aborto sigue habiendo un estigma y un miedo a que se criminalice tanto a las mujeres como a quienes las acompañan en el proceso”. Por eso, subraya que dentro de las organizaciones “nuestra lucha no solamente esté enfocada en la despenalización legal del aborto, sino también en una despenalización social”.

En este sentido, sostuvo, se debe reconocer que “el aborto es un evento que puede suceder en la vida reproductiva de las mujeres, punto”. Espontáneos o elegidos, los abortos suceden, y es importante que exista un acceso amplio y real a los servicios de salud que se requieran en cualquiera de los casos.

El futuro

La lucha por el acceso al derecho al aborto no ha terminado. Los siguientes pasos para GIRE consisten en tratar de armonizar la legislación federal con todas las legislaciones locales. “Cuando logremos armonizar que en toda la República ya no se penalice el aborto, el reto será garantizar que las mujeres accedan, pero también que sea claro para el personal de salud hasta qué semana de gestación está despenalizado, y que también las personas que acompañan sepan cuál es el marco normativo en el que pueden actuar”.

Esto porque hoy por hoy, las 12 entidades que han despenalizado el aborto tienen especificaciones distintas sobre el tiempo en el que se puede realizar dicha práctica. Por ejemplo, mientras que Sinaloa lo permite hasta la semana 13 de gestación, en Guerrero no hay límite de tiempo para las personas que abortan, pero sí para quienes las asisten, en cuyo caso es hasta las 12 semanas.

Otro de los objetivos es garantizar el acceso al procedimiento en las entidades donde ya es legal, puesto que incluso en algunas donde se modificó la ley hace ya dos o tres años, se ha detectado que sigue habiendo obstáculos para un acceso real de las mujeres al servicio.

Finalmente, Camila Riva Palacio consideró que “debemos caminar hacia nuevas narrativas en donde cada vez sea más claro que el aborto no es un delito, sino que es un servicio de salud que es parte del derecho de las mujeres a la salud, a la libertad reproductiva y a la autonomía reproductiva”. En México, comentó, este derecho se ha ido construyendo con base en la autonomía, la libertad y la dignidad”, y esto es lo que permitirá alcanzar, por fin, una despenalización social de la práctica.