Notiese. En el marco del Día Internacional de la Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado al Poder Legislativo para generar “prontamente” la derogación de los preceptos que penalizan la interrupción del embarazo en el Código Penal Federal.

Lo anterior tiene el fin de que el país “transite hacia la máxima protección y respeto” de los derechos de las mujeres y otras personas gestantes a decidir sobre su cuerpo, “sin ser nunca más criminalizadas y sujetas a investigaciones ministeriales o enfrentar alguna medida de internamiento y de prisión” por abortar.

En un pronunciamiento público, el organismo enfatizó que la penalización del aborto es una medida que “vulnera la dignidad de la mujer y de las personas gestantes; afecta trascendentalmente la autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad, al impedirles elegir el propio proyecto de vida conforme a sus convicciones internas”.

Asimismo, “crea un mecanismo de violencia de género que refuerza roles que repercuten en la imposibilidad de alcanzar la igualdad sustantiva, y se lesiona su salud mental y emocional ante el impedimento de plantearse alternativas de decisión y de conducción de su propia vida”.

También exhortó a todas las instituciones de salud de la República mexicana a que presten servicios médicos “con calidad, eficaces, seguros, centrados en las personas, oportunos, equitativos, integrados y eficientes, con equipo idóneo”.

Monitoreo de la criminalización

Por otra parte, la CNDH informó que de acuerdo con datos de los 32 sistemas penitenciarios estatales, el sistema penitenciario federal y de prisiones militares, en los centros que albergan a mujeres en sus entidades y en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 (CEFERESO 16) Femenil no se cuenta con mujeres en prisión preventiva o sentenciadas por haberse practicado un aborto o por haber asistido en dicho acto.

Al respecto de las mujeres sentenciadas por el delito de aborto, de los 32 poderes judiciales locales, sólo nueve contestaron las solicitudes de información, y de éstos, el Poder Judicial de Campeche indicó contar con el caso de una persona, quien compurga su sentencia en libertad; así como el Poder Judicial de Yucatán informó sobre dos mujeres adolescentes a las que se les impuso una medida no privativa de libertad.

Ante esto, la CNDH reiteró la urgente necesidad de la revisión en cada una de estas instituciones y en todas las entidades del país, a fin de que no existan casos de mujeres internas en centros penitenciarios por haber interrumpido su embarazo.