Luego de años de activismo en contra de la criminalización de las personas con VIH, el Congreso de la Ciudad de México, apoyado por el gobierno de la capital, derogó el delito de “peligro de contagio” de enfermedades incurables contenido en el Código penal del Distrito Federal. En la práctica, ese delito estaba siendo usado solo para criminalizar la transmisión del VIH y vincular a proceso a personas que viven con el virus.

El COVID-19 reveló lo inoperante de leyes punitivas como esa que lejos de inhibir contagios se tornan en un obstáculo para el control de las epidemias. El delito de “peligro de contagio” aplicado en los casos de la transmisión del COVID-19 resulta totalmente absurdo. Si no procedía aplicarlo en esos casos, ¿por qué sí lo hacía en los casos de transmisión del VIH? Ese razonamiento ayudó a sensibilizar a legisladores reacios años atrás a derogar dicho delito.

Además, el artículo que hacía referencia a dicho delito contravenía a todas luces lo establecido en la Constitución acerca de los derechos a la igualdad y la no discriminación. Así lo determinó en su momento para el Código de Veracruz la Suprema Corte de Justicia. Sólo resta esperar que los congresos de las demás entidades donde se sigue penalizando el “peligro de contagio” tomen nota y sigan el ejemplo del Congreso de la CDMX para poner por encima de los prejuicios los derechos de las personas con VIH.