La aprobación de la llamada Ley Paola Buenrostro, la tipificación del delito de transfeminicidio en el Código Penal de la CDMX, es un acto de justicia con las mujeres trans, el colectivo de la diversidad sexogenérica que sufre mayormente la violencia por prejuicio.

Año con año, la organización Letra S ha dado cuenta del mayor número de asesinatos de mujeres trans, presuntamente motivados por el prejuicio, con cifras que rebasan el 50 por ciento del total de homicidios de personas LGBT+. Asimismo, la tasa de muertes violentas de mujeres trans (13.6 por cada cien mil habitantes trans) supera en más del doble a la tasa de muertes violentas de mujeres cis (6 por cada cien mil mujeres cis).

El contexto adverso y las condiciones de vulnerabilidad que determinan la vida de muchas de estas mujeres justifica el que exista una figura jurídica autónoma que penalice con mayor rigor el delito de transfeminicidio. Por esa razón, la ley establece el peso del análisis del contexto en la investigación de dicho delito. Además, el conjunto de leyes reformadas reconoce el interés jurídico de las familias sociales o elegidas de las víctimas en los procesos penales y obliga a las autoridades a generar estadísticas de este tipo de violencia.

Sin duda, se trata de un importante logro del activismo trans que contó con el apoyo de las y los legisladores LGBT+ y feministas del Congreso de la CDMX.