Como “debilidad y desintegración de Occidente” calificó el presidente de Hungría, Víctor Orban, la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024. Autoidentificado como de extrema derecha, el mandatario húngaro compartió su opinión en una conferencia impartida en Rumania el sábado posterior al arranque de la justa olímpica. En ese mismo espacio aseguró que “los valores occidentales, entendidos durante mucho tiempo como universales, se consideran cada vez más inaceptables y son rechazados por muchos países del mundo”.

Sus comentarios fueron vertidos a propósito del segmento de diversidad del espectáculo de apertura de los Juegos Olímpicos en el que se recrearon algunas pinturas emblemáticas, con algunas variaciones, que fueron consideradas como “una ofensa a los valores cristianos”, o la inclusión de algunas drag queens y personas abiertamente LGBT en el elenco artístico, lo que provocó molestias en algunos sectores de la comunidad internacional.

Las acciones no sólo quedaron en comentarios de ciertos grupos identificados con partidos políticos de derecha, sino que patrocinadores como C Spire, empresa de desarrollo tecnológico, optaron por retirar su apoyo económico al evento deportivo.

No es la primera ocasión que en el mundo del deporte ocurren actos del tipo. En la misma Francia, en mayo pasado, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, el futbolista Mohamed Camara, jugador del Mónaco y seleccionado de Mali, se negó a participar en la conmemoración de la efeméride, saliéndose del campo de juego y tapando el logo correspondiente. Ante las críticas, el propio club justificó en sus redes sociales que “así como la comunidad gay pide respeto, deben aceptar que no todos están de acuerdo”. La escena se repitió en Nantes, donde el delantero Mostafa Mohamed se negó a jugar ese día. Un año antes, ocurrió algo similar con Idrissa Gueye, jugador del PSG París, quien alegó convicciones religiosas para no jugar ese día.

Ni orgullo ni expresiones artísticas

Por “incompatibilidad de agendas”, el gobierno de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, despidió a más de 300 personas del Ministerio de Cultura en junio pasado, en días previos a la Marcha del Orgullo LGBTIQ+. El motivo fue la autorización del montaje de la obra de teatro Inmoral, programada para presentarse en la Gran Sala del Teatro Nacional.

Dichas presentaciones solo duraron un día, pues la autoridad cultural local consideró que la representación escénica “no era apta para las familias salvadoreñas”, además de argumentar que desconocían el contenido de la misma. Sin embargo, la parte afectada, la compañía Proyecto Inari había presentado anteriormente obras en dicho recinto, sin modificar uno de los principales elementos de sus proyectos creativos: la incorporación de personajes drag.

La medida fue apoyada por legisladores y otros integrantes del gabinete, quienes aseguraron ante los medios de comunicación que “El Salvador es provida, profamilia tradicional, y la agenda 2030 no tiene cabida”.

También en el marco del Mes del Orgullo, en el vecino Costa Rica, ocurrió algo similar con la ministra de Cultura y Juventud, Nayuribe Guadamuz, y el comisionado de Inclusión Social, Ricardo Sosa, quienes, de acuerdo con la versión oficial del gobierno, fueron destituidos por “tramitar una declaratoria de interés cultural para una marcha de orgullo LGTBI sin la autorización del Presidente”.

En Guatemala, el debate llegó al máximo tribunal, a la Corte de Constitucionalidad, pues el abogado Roberto Antonio Cano López interpuso un amparo constitucional contra el presidente, Bernardo Arévalo, y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, para prohibir la celebración de la marcha LGBTIQ+, con el argumento de que “dicho desfile contienen escenas inmorales, sexuales, depravadas, contrarias al desarrollo moral e integral de la niñez, induciendo a la hipersexualidad infantil”.

En su decisión, la Corte aprobó la celebración de la conmemoración, pero ordenó a la Policía Nacional Civil la vigilancia de la misma para que ésta no incluyera “actos inmorales” y supervisar que todo se realizará bajo las “buenas costumbres”.

A pesar de los avances sin precedentes que registraron los derechos de la población LGBT+ en los últimos 20 años, nada es inamovible. Las corrientes de derecha están retomando su fuerza y se perfilan como una clara amenaza a las garantías conseguidas.

Rebase por derecha

En la segunda década de este siglo comenzaron a ganar elecciones fórmulas políticas abiertamente asociadas al pensamiento y a las agendas de derecha. Incluso, algunas vinculadas con corrientes de corte más extremo, cuyos discursos y posicionamientos ideológicos podrían parecer remanentes de pensamiento fascista, o incluso, denominarse posfascistas, debido a su corte.

Lo anterior es parte del análisis del historiador italiano Enzo Traverso, especializado en movimientos de derecha, quien considera que esos discursos están sustentados en el nacionalismo, el retorno a valores conservadores y a la soberanía nacional, y la búsqueda de chivos expiatorios de los males contemporáneos de la sociedad.

A partir de este encuadre, se promueve una regeneración de las sociedades, un retorno a su esplendor, a esa pureza que debe defenderse a capa y espada de algunos elementos “dañinos” como la inmigración (“el gran reemplazo”), las invasiones raciales antiblancos, la corrupción de los valores tradicionales por parte del feminismo, los grupos de activismo LGBT, y el islamismo y sus agentes.

Aunque a diferencia de otros momentos históricos, asegura el autor de Las nuevas caras de la derecha, estas nuevas corrientes “pretenden defender al ‘pueblo’ contra las élites y restablecer el orden, y no quieren crear un nuevo orden político”.

Como señala el historiador argentino Pablo Stefanoni, algunas corrientes de extrema derecha buscan atraer el apoyo de las personas LGBT a través de discursos de defensa de los valores occidentales y utilizarles en su propia lucha contra la inmigración y el multiculturalismo. A este fenómeno se le ha denominado como homonacionalismo, pues con el argumento de la defensa de los derechos de la diversidad sexual se cuestionan otras formas de pensar y de creer.

En retroceso

El reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo ha representado un amplio debate en Brasil. Por el momento, está pendiente la discusión del proyecto elaborado por la diputada trans afrobrasileña Erika Hilton, que está a favor del matrimonio igualitario y de incluir el reconocimiento de las parejas LGBT+ como entidades familiares y es una respuesta a la iniciativa presentada el año pasado por la Comisión de Familia, que rechazó la propuesta a favor del matrimonio igualitario, y aprobó un texto sustituto para prohibir el matrimonio igualitario en territorio brasileño.

Si bien se han celebrado más de 10 mil matrimonios igualitarios en el país amazónico desde 2007, constantemente se ha debatido su validez. En su momento, entró en vigor el proyecto de ley 580/2007 para permitir que las parejas de personas del mismo sexo constituyeran uniones mediante un contrato civil. Pero después se presentaron dos proyectos en contra de las familias homoparentales para evitar que las parejas LGBT+ sean reconocidas como entidades familiares, se casen o establezcan uniones civiles. Por ello, hasta el momento, el tema continúa en discusión.

Después de la asunción de Javier Milei como presidente de Argentina se tomaron algunas medidas como la prohibición del uso de lenguaje inclusivo en materia de género en cualquier oficina gubernamental; la sustitución del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad por una subsecretaría dentro del Ministerio de Capital Humano, y el cierre de la Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, absorbido por el Ministerio de Justicia.

En El Salvador ocurrió lo mismo tras el inicio del periodo presidencial de Nayib Bukele, quien se dijo aliado de las poblaciones LGBT, pero tomó algunas medidas como el cierre de la Dirección de Diversidad Sexual y la Secretaría de Inclusión Social, cuyos proyectos pasaron a manos de una oficina cultural, además del congelamiento de la Ley Especial para la Igualdad y la no discriminación y la Ley de Identidad de Género y la eliminación de los contenidos relacionados con la perspectiva de género en las escuelas de educación básica.

En Perú, el Ministerio de Sanidad emitió un decreto para actualizar el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, entre cuyas clausulas considera a “el transexualismo, el transvestismo de rol dual, el trastorno de la identidad de género en la niñez, otros trastornos de la identidad de género, el transvestismo fetichista y la orientación sexual egodistónica” como problemas de salud mental.

Como parte de su campaña para la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha prometido retomar su agenda antiLGBT, que durante su gestión como mandatario propició la prohibición del uso de sanitarios públicos a personas trans conforme a su identidad social, redujo los apoyos hacia este sector y dejo en desuso algunas leyes en contra de la discriminación, entre ellas, el Acta por la Equidad, la seguridad social para las personas trans en el ejército, los derechos laborales de las poblaciones LGBT, entre otros.

Algunas corrientes de extrema derecha buscan atraer el apoyo de las personas LGBT a través de discursos de defensa de los valores occidentales, para así utilizarles en su propia lucha contra la inmigración y el multiculturalismo, dando lugar al llamado homonacionalismo.

Tan solo un Reflejo

En la víspera del Día Internacional contra la LGBTfobia de este año, tres mujeres abiertamente lesbianas murieron quemadas después de que un transeúnte arrojara hacia su casa una bomba molotov y provocara un incendio. Una más sobrevivió y contó el acoso constante del que eran víctimas.

Los sucesos ocurrieron en el barrio de Barracas, en Buenos Aires, hasta donde se desplazaron docenas de colectivos a favor de los derechos de la diversidad para protestar por lo acontecido. En contraparte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, refirió que es “injusto hablar solo de este hecho puntual porque la violencia es algo que sufren mujeres y hombres”, después de ser cuestionado sobre si se tomaba en cuenta en las investigaciones el constante cuestionamiento a la orientación sexual de las víctimas.

“No nos focalizamos en que sólo es terrible este episodio porque tenía determinadas características particulares”, replicó el funcionario, para descartar la posibilidad de asesinatos motivados por la lesbofobia.