En 1865, el imperio de Maximiliano de Habsburgo en México estableció una medida de control sanitario novedosa: el llamado Registro de Mujeres Públicas. La iniciativa se inspiró en modelos europeos que reglamentaban el trabajo sexual, y su objetivo era prevenir la diseminación de infecciones de transmisión sexual, además de mantener cierto orden moral en la capital.

Pero mientras en Francia o España los registros eran solo una lista de nombres, domicilios y observaciones médicas, en México se decidió recurrir a la naciente tecnología de la fotografía para añadir un rostro a cada expediente. Así, junto a la libreta sanitaria que debían portar para someterse a revisiones periódicas en el Hospital de San Pablo, quedaba archivada la imagen de cada mujer. De este modo, el registro no solo identificaba a las inscritas, sino que buscaba evitar suplantaciones y garantizar un control más estricto del oficio.

Al tiempo que esto sucedía, la fotografía apenas comenzaba a usarse en Europa con fines policiales. En Francia, por ejemplo, no se generalizó la “ficha antropométrica” con retrato hasta la década de 1870.

El efecto en México iba más allá de la salud pública. Tener la foto en un registro oficial significaba cargar con una etiqueta social difícil de borrar. Ser conocida como “mujer pública” no solo implicaba la obligación de revisiones médicas, sino también la certeza de quedar retratada en un archivo estatal que podía ser consultado por las autoridades. La fotografía, en este contexto, dejaba de ser un recuerdo íntimo o un lujo burgués, para convertirse en una herramienta de estigmatización y control.