Una niña rarámuri de 11 años dio a luz en Parral, Chihuahua, lo que encendió las alarmas sobre los embarazos en menores de tan corta edad. En 2024, un diario local dio a conocer el caso y, de inmediato, organizaciones que defienden los derechos de las mujeres llamaron a las autoridades a investigar si era un caso de violencia sexual. Después se supo que el progenitor tenía 20 años de edad. El padre y la madre de la niña lo sabían, pero hasta la fecha no han querido intreponer ninguna denuncia por el probable delito.

Esta menor fue una de las 30 niñas de 10 a 12 años que dieron a luz en el país en 2024, según estadísticas presentadas por la Secretaría de Salud en julio pasado.

Según los datos de la dependencia federal, 56 mil 610 chicas de 16 años o menos tuvieron partos en 2024. De ellas, mil 652 tenían entre 10 y 13 años de edad. Estas cifras son ya, en sí mismas, preocupantes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las adolescentes embarazadas tienen mayor riesgo de presentar eclampsia, endometritis puerperal e infecciones. También enfrentan más probabilidades de tener un parto prematuro. Pero el panorama se vuelve francamente alarmante cuando se examina la edad de los progenitores.

Si bien en alrededor de 20 por ciento de los partos de menores de edad no se registró la edad del padre, en los datos que sí se recabaron se puede ver que la gran mayoría de los hombres tenían 18 años o más; en no pocos casos, tenían más de 40. Esto significa que los progenitores de esos bebés fácilmente duplicaban o triplicaban la edad de las madres. La diferencia generacional influye en la dinámica de la relación y en la capacidad de decisión de las menores, además de incidir en cómo se reportan y documentan los hechos.

Por definición, en estas circunstancias se está frente a l delito de violación equiparada, de acuerdo con lo especificado por el Código Penal Federal. Sin embargo, la situación de la niña rarámuri no ha sido llevada, todavía, ante la justicia. De acuerdo con el seguimiento del diario El sol de Parral, ni los padres de la menor ni ella misma han querido interponer una denuncia por el probable delito. Las autoridades refirieron que, sin una acusación formal, el caso permanece en fase de valoración y en acompañamiento institucional.

Una problemática añeja

Las cifras de nacimientos en niñas y adolescentes de 10 a 17 años reflejan una problemática de larga data. Ya el Censo de Población y Vivienda 2020 reportaba que el 2.4 por ciento de las menores de 12 a 17 años tenían al menos un hijo nacido vivo, es decir, más de 153 mil niñas y adolescentes eran madres. Según un análisis realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en la población indígena el porcentaje se elevaba hasta 3.9 por ciento.

La REDIM destaca que si se observa el periodo de 2010 a 2020, el porcentaje de madres de 12 a 17 años habían disminuido de 3.2 a 2.4 por ciento. Sin embargo, si se mira solamente el periodo de 2015 a 2020, esta tendencia a la baja no se mantuvo entre las niñas de 12 a 14 años. Por el contrario: en dicho periodo, la cantidad de madres de 12 a 14 años de edad aumentó de 6 mil 844 a 7 mil 187. El dato indica que, mientras la proporción general bajaba, el segmento más joven no siguió la misma trayectoria.

Más aún, señala la red, “el número de madres adolescentes de 12 a 14 años en realidad ha aumentado 9.7 por ciento a nivel nacional en los últimos 20 años: de 6 mil 553 en 2000 a 7 mil 187 en 2020”. Esta variación, aunque relativa, ilustra que las intervenciones universales no logran el mismo efecto en todos los grupos. En términos de política pública, se vuelve necesario desagregar por edad y contexto para dimensionar dónde persisten los focos rojos.

El tema no solo compete a la estadística. Detrás de cada número hay historias de niñas que atraviesan procesos físicos y emocionales para los cuales no estaban preparadas. En zonas rurales, donde el acceso a servicios de salud es limitado, las complicaciones obstétricas suelen ser mayores y la atención oportuna más difícil de garantizar. La distancia a centros hospitalarios y la falta de transporte inciden en la oportunidad del control prenatal.

Los alumbramientos de niñas menores de 14 años no solo no han disminuido, sino que han aumentado entre la población indígena en los últimos años. A esto hay que sumar que en la mayoría de los casos, los progenitores son adultos con edades que varían desde los 18 hasta más de 60 años.

Abusos y diferencias de poder

Los datos revelados por la Secretaría de Salud y analizados por múltiples activistas y periodistas indican que la diferencia de edad entre la madre adolescente y el progenitor llega a alcanzar los 69 años, mientras que en 10 casos, la diferencia entre ambas personas es de más de 50 años y en un millar de casos, supera los 20 años.

Aunque puede tratarse de prácticas legitimadas socialmente, sobre todo en entornos rurales o indígenas, las diferencias de edad abismales deberían, al menos, hacer sospechar de un abuso. Sobre el tema, la representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México (UNFPA), Dosia Calderón Maydon, declaró a una revista que es probable que “estas niñas y adolescentes están siendo forzadas a unirse tempranamente”, o que están enfrentando violencia sexual. Ambas son causas estructurales que provocan que las menores interrumpan su educación formal y queden atrapadas en ciclos de pobreza, discriminación y más violencia, sostuvo.

Probablemente, el principal factor que hace falta poner sobre la mesa es que los embarazos y partos de niñas tan pequeñas, provocados por hombres adultos, no podrían, bajo ninguna óptica, ser considerados como consensuados.La ley mexicana es clara en este sentido y tipifica la conducta. No obstante, la traducción de esa norma a la práctica cotidiana enfrenta reticencias comunitarias y procesos administrativos que pueden ser tardados.

Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó que en diversos estados las autoridades locales han preferido “conciliar” entre familias antes que judicializar los casos, lo que deja a las niñas sin acceso pleno a la justicia. La canalización a instancias de protección a la infancia y a servicios especializados no siempre se realiza. La coordinación interinstitucional se vuelve, así, un elemento determinante para la ruta de atención.

Un problema diferente

Hasta la fecha, la problemática de nacimientos en niñas de 10 a 14 años ha estado diluida en el gran rubro del “embarazo adolescente”. Las descripciones de adolescencia a las que se remiten la mayoría de las políticas públicas toman en cuenta una amplia franja de edad, con frecuencia de los 12 a los 18 o 19 años, un área que puede ser bastante difusa. Basta con pensar qué tanto pueden tener en común una persona de 12 y una de 17 años; quizás, solo el hecho de ser menores de edad y de tener, físicamente, la capacidad de reproducirse

Es por eso que resulta tan importante que el tema se haya llevado hasta la conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que es necesario reconocer que una niña de 11 años que da a luz con un progenitor de 42 no es una circunstancia que podría haberse evitado con el abasto adecuado de anticonceptivos.

La discusión pública se desplazó, así, hacia la identificación de riesgos y a la necesidad de rutas de denuncia y protección. En esa misma conferencia se mencionó que las instituciones de salud y justicia deben trabajar de manera coordinada para distinguir los casos en los que se trata de uniones tempranas aceptadas socialmente de aquellos en los que hay un delito claro de abuso sexual. La línea divisoria, sin embargo, es difícil de trazar en la práctica. Se requieren protocolos de evaluación que contemplen edad, escolaridad, relación de poder y condiciones de convivencia

Según los datos revelados por la Secretaría de Salud, en 2024, 56 mil 610 niñas de 16 años o menos tuvieron partos con productos nacidos vivos. De ellas, mil 652 tenían entre 10 y 13 años de edad.

Acciones dispersas

Hoy en día, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) 2015-2030 busca posicionar este tema como “un fenómeno de interés público multifactorial, y de responsabilidad multisectorial”. La estrategia plantea acciones en educación, salud, protección social y justicia. Sus líneas de trabajo incluyen prevención primaria, atención de casos y reinserción educativa, con énfasis en la coordinación entre niveles de gobierno.

Uno de los principales retos de la ENAPEA ha sido llegar a las comunidades más aisladas, donde las niñas están más expuestas a uniones tempranas y a embarazos no deseados. Las campañas de prevención suelen tener mayor cobertura en zonas urbanas, mientras que en localidades indígenas la información circula poco o llega fragmentada. La producción de materiales en lenguas originarias y con pertinencia cultural sigue siendo una tarea en construcción.

Por otro lado, surge la necesidad de que los programas educativos sean más específicos en la diferenciación por edades. No es lo mismo hablar de “adolescentes” en general que atender la realidad de niñas de 10, 11 o 12 años. En estos casos, se requieren medidas de protección reforzada, vigilancia escolar y articulación con redes comunitarias.

En el año 2020 se concluyeron reformas a los códigos civiles con lo cual se logró que las 32 entidades federativas prohibieran el matrimonio de personas menores de 18 años, con eliminación de las dispensas. Esto supone una barrera para que existan matrimonios infantiles y forzados, lo cual es un paso fundamental para la garantía de los derechos de las niñas y adolescentes, así como para erradicar el embarazo infantil. Se trata de un mecanismo de coordinación interinstitucional para ofrecer atención integral, oportuna y de calidad a niñas y adolescentes madres o embarazadas menores de 15 años. Este mecanismo articula a distintas instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno para garantizar el acceso y ejercicio de sus derechos vinculados a la salud, educación y a una vida libre de violencia. Hasta abril de 2024, 23 entidades federativas han realizado actividades para avanzar en la implementación y ejecución.

El caso de la niña rarámuri de Parral permitió visibilizar estas capas del problema: la dimensión legal, la sanitaria, la educativa y la cultural. La experiencia de una sola menor expuso los límites de las rutas de protección, la necesidad de intérpretes y mediadores comunitarios, y la urgencia de coordinar a las instituciones.

Más allá de los números nacionales, las historias individuales muestran la necesidad de afinar diagnósticos y fortalecer la respuesta institucional a este problema.