Para llevar a cabo los cambios de fondo que se requieren en los países, una gran parte la aporta la voluntad política y la otra, los recursos concretos destinados a lograrlos. En el caso de México, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 mantiene a las mujeres como un eje relevante en el discurso público y en los instrumentos de planeación, aunque los recursos asignados muestran los desafíos que implica traducir estos compromisos en prioridades presupuestarias consolidadas, particularmente en materia de salud y atención a las violencias.

Uno de los indicadores que ha generado análisis es la asignación a la Secretaría de las Mujeres, que representa alrededor del 0.08% del presupuesto federal para 2026. La dependencia contará con recursos similares a los del ejercicio previo, en un contexto en el que asumió nuevas atribuciones después de la reconfiguración institucional en materia de igualdad de género.

Este escenario presupuestal se encuentra con un contexto social complejo, en el que una proporción importante de mujeres ha experimentado distintos tipos de violencia a lo largo de su vida. La atención de esta problemática requiere políticas de largo plazo y mecanismos institucionales que aún enfrentan limitaciones operativas y financieras.

En el caso del Anexo Transversal 13, destinado a la igualdad entre mujeres y hombres, el PEF 2026 contempla un incremento relevante en términos nominales, con una asignación superior a los 599 mil millones de pesos. Este crecimiento refleja la continuidad de una política presupuestal orientada a incorporar la perspectiva de género de manera transversal.

No obstante, la composición del Anexo 13 muestra una alta concentración de recursos en programas de transferencias monetarias, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Beca Rita Cetina, que en conjunto absorben más de la mitad del total del anexo.

Estos programas han sido valorados por su contribución a la reducción de la pobreza y al acceso a derechos sociales básicos. Al mismo tiempo, especialistas han señalado la importancia de fortalecer los mecanismos de evaluación que permitan identificar con mayor claridad su impacto específico en la reducción de las brechas de género.

Otros programas con enfoque directo en la atención de las violencias contra las mujeres han experimentado ajustes administrativos. El caso de los refugios para mujeres violentadas, ahora integrados en un esquema programático más amplio, ha abierto un debate sobre la necesidad de garantizar claridad en la asignación y seguimiento de los recursos.

De manera similar, la integración de programas como el Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas (PAIMEF) y el Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABIM) a la estructura de la Secretaría de las Mujeres ha sido interpretada como parte de un proceso de reorganización institucional, que plantea el reto de asegurar continuidad, cobertura territorial y eficacia en la prevención de las violencias de género.

La salud de las mujeres

En el ámbito de la salud, el presupuesto público para 2026 presenta un crecimiento real respecto al año 2024, aunque se mantiene por debajo de los niveles ejercidos en el año anterior y representa alrededor del 2.6% del Producto Interno Bruto, .

Este nivel de financiamiento implica retos para las mujeres, en particular para aquellas que no cuentan con seguridad social. Si bien el IMSS concentra los principales incrementos presupuestales, el IMSS-Bienestar tiene el desafío de ampliar su capacidad de atención con menos recursos.

En lo que respecta a la salud materna, sexual y reproductiva, el presupuesto asignado al ramo Salud registra una variación a la baja frente al ejercicio anterior. Esto ocurre en un contexto donde persisten necesidades importantes en la calidad y oportunidad de los servicios, especialmente en el sector público.

Los recursos canalizados a través del Anexo 13 para la atención de mujeres en situación de vulnerabilidad, mediante programas de salud materna, representan una proporción reducida del total del anexo. Si bien estos programas continúan operando, su alcance plantea áreas de mejora frente a la demanda existente.

La salud mental constituye otro de los rubros que concentra la atención. Para 2026, el presupuesto proyectado mantiene una participación limitada dentro del gasto total en salud, por debajo de los parámetros sugeridos por organismos internacionales.

Este escenario se presenta en un contexto de creciente reconocimiento sobre la importancia de la salud mental para el bienestar social y económico. En el caso de las mujeres, factores como la carga de cuidados, la violencia y la precariedad laboral subrayan la necesidad de fortalecer la atención integral.

En cuanto a medicamentos, el PEF 2026 contempla incrementos respecto a 2025, aunque sin recuperar plenamente los niveles observados en 2024. La mayor parte de estos recursos se concentra en los sistemas de seguridad social, lo que plantea retos para la población atendida por IMSS-Bienestar.

Estas diferencias reflejan una brecha histórica en el financiamiento del sistema de salud, donde las personas con seguridad social cuentan con mayores recursos per cápita que aquellas que dependen de los servicios dirigidos a población sin afiliación laboral, una situación que impacta de manera relevante a las mujeres.

El compromiso con las tareas de cuidado

El Anexo Transversal 31, orientado a la Consolidación de una Sociedad de Cuidados, se incorpora por primera vez como un instrumento para visibilizar el trabajo de cuidados, que recae mayoritariamente en las mujeres, y para identificar la distribución del gasto en esta materia.

Con una asignación cercana al 5% del gasto total, el anexo reúne programas existentes en materia de pensiones, salud y educación. Organizaciones civiles han señalado que su principal aporte es diagnóstico, al permitir dimensionar el peso presupuestario de los cuidados en distintas áreas del gasto público.

Dentro de este anexo, el cuidado infantil representa una proporción limitada, a pesar de que las mujeres constituyen la mayoría de las personas cuidadoras en el país. Este dato ha abierto la discusión sobre la necesidad de fortalecer políticas específicas e infraestructura pública en esta materia.

En conjunto, organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación han señalado que el PEF 2026 prioriza la atención de necesidades inmediatas mediante transferencias y programas existentes, al tiempo que plantea el desafío de avanzar hacia inversiones de carácter estructural en salud, cuidados y acceso a derechos.

De este modo, el presupuesto aprobado para 2026 refleja tanto avances como retos pendientes. Si bien la igualdad de género y el bienestar de las mujeres mantienen un lugar relevante en la agenda pública, el análisis presupuestario subraya la importancia de continuar fortaleciendo la asignación, el seguimiento y la eficacia del gasto en salud y derechos de las mujeres.

A esta lectura se suma el posicionamiento de más de 140 organizaciones civiles y personas especialistas, quienes han llamado la atención sobre la necesidad de reforzar los recursos destinados a los derechos sexuales y reproductivos. Indicadores como la mortalidad materna, el embarazo adolescente y las barreras de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva siguen mostrando desigualdades, particularmente entre mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad o en situación de pobreza.

Finalmente, los datos disponibles sobre el financiamiento a la política de salud materna, sexual y reproductiva muestran una asignación que se mantiene estable con variaciones marginales, pero que no recupera niveles de años previos. Para diversas organizaciones, este escenario plantea la oportunidad de fortalecer la planeación presupuestaria, la transparencia y la progresividad del gasto, con el objetivo de consolidar los avances normativos y garantizar un acceso efectivo y de calidad a estos servicios en todo el país.