El balance del primer año de gobierno de la primera mujer presidenta de México en materia de salud sexual y reproductiva es, en lo general, positivo. Con un enfoque que priorizó la atención a las poblaciones más vulnerables e históricamente desatendidas, el gobierno creó políticas, programas, acciones y reformas legislativas destinados a atender las necesidades de las mujeres, en particular de las mujeres indígenas, de las poblaciones adolescentes, de la población LGBT+, y de las personas con VIH, entre otros grupos.

Al respecto, destacan la creación de la Secretaría de las Mujeres y el impulso del sistema nacional de cuidados, la ampliación del acceso a los servicios de interrupción del embarazo, la reducción del número de feminicidios, el acceso a los programas sociales a las poblaciones LGBT+, entre otras medidas favorables. En VIH resaltan los acuerdos interinstitucionales del sector salud para universalizar los servicios de prevención como la PrEP y PEP, y agilizar la transferencia de pacientes entre instituciones, así como la creación de una plataforma digital única de registro y seguimiento clínico.

Sin embargo, lo anterior contrasta con un aumento pírrico del presupuesto de Salud 2026 destinado a atender esas necesidades. Lo que sin duda será una limitante para dar continuidad y fortalecer esas políticas y programas, así como para hacer frente a los retos aún desatendidos.