El 28 de junio no debe celebrarse sólo el Día de la Diversidad, sino también el de la Libertad, señaló la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, previo a la conmemoración de la efeméride de en 2025, primera que ocurre dentro de su período de gobierno, y que rompió con el tradicional silencio de sus antecesores al respecto. La mandataria aprovechó para señalar que su gobierno continuará velando por el respeto a los derechos humanos de quienes son parte de la diversidad sexual.

Así, en la conferencia de prensa matutina del 27 de junio, indicó que “no puede haber retroceso en los derechos que ya se ganaron, al revés, hay que seguir avanzando”, y recalcó que su gobierno no es de tolerancia sino de inclusión, por que “somos una sociedad diversa, entonces todo lo que podamos hacer desde el gobierno para que haya respeto, reconocimiento, (se hará)”.

Lo anterior se ha traducido en metas específicas dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND), como el Objetivo 1.2, cuya finalidad es “dirigir una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades, el acceso universal a la justicia y la no discriminación”.

Además, se suscribió una declaración conjunta que estableció acciones específicas para proteger los derechos humanos de todas las personas LGBTQI+, en contextos nacionales e internacionales, como parte de los resultados de la Cuarta Conferencia de la Coalición por la Igualdad de Derechos, celebrada en Berlín, Alemania, en diciembre de 2024, coordinada por la nación anfitriona y México.

Aunado a esto, de acuerdo con el Primer Informe de Gobierno, hubo una suscripción de las personas LGBTIQ+ a programas como Abriendo espacios, enfocado en apoyar a las personas que enfrentan mayores barreras para incorporarse al mercado laboral, y por medio del cual se han atendido a casi media centena de integrantes de los grupos de la diversidad sexual.

“No llego sola”

En octubre de 2024, en su primer mensaje dirigido a la nación, ya como presidenta de México, Sheinbaum Pardo sentenció: “no llego sola, llegamos todas”, en referencia al momento que comenzaría a vivirse en el país, tras poco más de 200 años de estar encabezado únicamente por hombres, y que se convertiría en uno de los pocos gobernados por una mujer en todo el globo terrestre.

Recién iniciada su gestión, algunas de sus primeras acciones serían la creación de la Secretaría de Mujeres, para sustituir al Instituto Nacional de las Mujeres, hasta entonces existente, y ampliar el alcance de la nueva dependencia, así como la reforma y adición a los artículos 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución para elevar a rango constitucional el derecho a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

En otros rubros, se implementaron medidas para contribuir a la erradicación de la brecha salarial por razones de género, la incorporación de la perspectiva de género en materia de seguridad pública y acceso a la justicia, ocurriendo en esto último, un llamado a la obligatoriedad de crear fiscalías especializadas de investigación de delitos relacionados con las violencias de género contra las mujeres y el deber reforzado del Estado mexicano de protección para las mujeres, adolescentes e infancias para garantizar su derecho a una vida libre de violencias.

Asimismo, se creó un programa para el reconocimiento de los derechos de las mujeres a la propiedad, enfocado en aquellas que habitan en entornos rurales; el impulso de una sociedad de cuidados con perspectiva de género; la creación de la Mesa Técnica Interinstitucional para articular los Servicios de Cuidados y algunas otras disposiciones en la materia, la primera en su tipo en la historia de la administración pública del país, y la puesta en marcha del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres.

Con respecto a este programa, arrancó funciones la red Abogadas por las Mujeres, compuesta por 160 juristas especialistas en derechos de las mujeres; una línea telefónica de atención especializada, la apertura de seis centenas de Centros LIBRE, para apoyo focalizado, acompañadas de sus respectivas unidades móviles.

El gobierno de la presidenta Sheinbaum se ha caracterizado por una clara visión de género y de derechos para las poblaciones de la diversidad sexual, lo cual concuerda con su perspectiva de atender el derecho a la salud y las garantías de las poblaciones más vulnerables e históricamente marginadas.

Salud sexual y reproductiva

En un hecho sin precedentes, a inicio de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que garantiza la aplicación del procedimiento para la interrupción legal del embarazo dentro de sus instalaciones, con el objetivo de respetar y promover los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Por otra parte, en las entidades federativas donde el aborto es legal, se garantizó el acceso gratuito y seguro al procedimiento, privilegiando técnicas modernas como la aspiración manual endouterina y el manejo médico con medicamentos.

En la víspera del Día Internacional de la Mujer, se publicó en el DOF la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA-2025, para establecimientos de salud y el reconocimiento de la partería en la atención integral materna y neonatal, que regula los establecimientos de salud y reconoce la partería en la atención integral del parto, con un enfoque centrado en la persona y el respeto a los derechos sexuales y reproductivos.

Además, se fortaleció el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia Sexual con la garantía de la profilaxis postexposición al VIH, vacunación contra el virus del papiloma humano para niñas, niños y adolescentes, anticoncepción de emergencia, primeros auxilios psicológicos e interrupción voluntaria del embarazo, sin límite gestacional.

Cabe recordar que para este rubro se estableció dentro del PND la estrategia 2.7.4, consistente en promover la igualdad sustantiva a través de información y servicios de salud sexual y reproductiva en la adolescencia, etapa pregestacional, embarazo, parto y puerperio, erradicando la violencia obstétrica, sexual y de género.

Abordaje del VIH

El pasado 1 de diciembre. Día Mundial de Respuesta al VIH, el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, anunció una serie de medidas para mejorar el manejo de la epidemia en el país, que registra, al año, alrededor de 18 mil nuevas infecciones, la mayoría de ellas en población de entre 18 y 30 años, y ubicadas en sectores de hombres que tienen sexo con otros hombres y personas trans.

Entre estas líneas de acción destacan la firma del Acuerdo de Colaboración entre el Sector Salud para el Fortalecimiento de la Respuesta al VIH en México hacia 2026, que agilizará el acceso entre instituciones del sector a medicamentos antirretrovirales, profilaxis preexposición (PrEP) y postexposición (PEP); la creación de una plataforma digital de registro y seguimiento, así como protocolos para garantizar continuidad en el acceso al tratamiento.

A esto se suma al establecimiento de un modelo integral que permitirá el intercambio de servicios entre instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE, IMSS Bienestar y Petróleos Mexicanos, asegurando que cualquier persona, sin importar su adscripción, acceda de forma oportuna y sin barreras administrativas a medicamentos antirretrovirales, PEP y PrEP. Se creó también una plataforma digital única para registro y seguimiento clínico, así como la implementación de protocolos de transferencia sectorial para garantizar la continuidad del tratamiento por hasta 12 meses cuando una persona cambie de sistema de salud.

Con lo anterior, se evitará que las personas con VIH queden sin medicamentos en caso de cambiar de sistema sanitario, pues, hasta antes de esta modificación, el periodo de espera para recibir medicamentos antirretrovirales en un nuevo sistema de salud era de entre uno y tres meses.

Al cabo de un año de gobierno, los cimientos de la atención en salud y los derechos de las poblaciones vulnerables se han establecido, hace falta destinar los recursos económicos y humanos necesarios para hacerlos realidad.

Retos futuros

El presupuesto por ejecutarse para este año contempla en su Anexo 13, destinado a la igualdad sustantiva de las mujeres y los hombres, un monto de 599 mil 145 millones de pesos, lo que significa un incremento de 1.5 por ciento respecto de lo aprobado para este apéndice en 2025, cuando se asignaron 576 mil 577 millones.

Dicho monto equivale al 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, de acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, sólo 29 por ciento de los programas contenidos en el apéndice cuentan con perspectiva de género, por lo que resta aún mucho trabajo por realizar para lograr que estos se ciñan a las necesidades de igualdad.

Por otra parte, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 incluyó un anexo transversal con 466 mil 674.9 millones de pesos de presupuesto etiquetado para programas con componentes de cuidados, una situación que, de acuerdo con la asociación civil Fundar, “es el reflejo de una perspectiva que realmente está encaminada a mejorar las condiciones de las mujeres”.

El rubro P029, denominado Política en Salud Materna Sexual y Reproductiva, recibió dos mil 991 millones de pesos para su operación en todo el país, cifra que de acuerdo con Fundar, sólo representa un 0.3 por ciento de aumento con respecto a 2025, y una disminución de 15 por ciento en comparación con lo asignado en 2019, cuyo monto presupuestal del Programa fue de tres mil 521 millones de pesos.

En el mismo PEF se contemplan 16 acciones dirigidas a las poblaciones de la diversidad sexual, distribuidas en cinco anexos transversales: desarrollo integral para la igualdad entre hombres y mujeres, salud, juventud, atención a grupos vulnerables y atención a niñas y niños. Por lo que, por primera vez, se establecen acciones concretas para las poblaciones LGBTIQ+ por realizar con un recurso público asignado directamente para ellas.

De esta manera, el primer año de gestión del Ejecutivo federal ha estado enfocado a la atención de la agenda de las mujeres, de las poblaciones LGBTIQ+, las personas con VIH, y algunos otros sectores, históricamente vulnerados, a los cuales no se había contemplado o se les tomaba en cuenta de manera parcial dentro de las líneas de acción y presupuestarias de la administración gubernamental.

En materia de derechos sexuales y reproductivos y de igualdad sustantiva aún restan muchos pendientes por resolver, mas, a diferencia de otros momentos, el marco normativo ya está habilitado, por lo que el siguiente paso es traducirlo en acciones concretas.