Notiese. Desesperación es la palabra con la que Jorge definiría los últimos once años de su vida, desde que se le negó la posibilidad de continuar laborando en los centros nocturnos de los municipios veracruzanos de Coatzacoalcos y Minatitlán, situación documentada por Letra S desde sus inicios.

Una noche de 2014, en Minatitlán, el bar donde laboraba Jorge recibió la visita de inspectores sanitarios municipales para decirle a los dueños del establecimiento que él vivía con VIH y no podía continuar allí, a pesar de que no se dedicaba al trabajo sexual y que su labor no implicaba ninguna situación de riesgo para una posible infección, sólo cortaba boletos e invitaba al público a entrar a los establecimientos.

Meses antes, había sido detectado VIH positivo e inmediatamente comenzó a recibir tratamiento, por lo que su estado era indetectable y mantenía un estado de salud óptimo. Pero esos no fueron argumentos suficientes para que las autoridades le permitieran continuar trabajando en la industria restaurantera y de la diversión nocturna.

La única forma en que podría reincorporarse a su centro laboral era obteniendo la “tarjeta de profilaxis social”, un documento en el que se avalaba “que estaba libre de enfermedades”, cumplía con todas las normas higiénicas y “no representaba un peligro”. Nunca se la otorgaron. A pesar de tocar muchas puertas y explicarles a las autoridades, con argumentación científica, que estaba totalmente “controlado”.

Frente a este panorama, Jorge cambió de residencia y se mudó al municipio vecino de Coatzacoalcos, donde el escenario se repitió. Desesperado por la situación, interpuso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz, de la cual, se emitió la Recomendación 36/2015 a los referidos ayuntamientos “para solicitar que no se prohíba la posibilidad de trabajar en bares o cantinas a personas con VIH mientras no se dediquen al comercio sexual”. Ninguna de las dos instancias municipales aceptó dicha recomendación.

Buscando otras alternativas de subsistencia, Jorge decidió no ceder y no permitir ser relegado por su condición. Continuó buscando la posibilidad de volver a laborar en los centros de diversión nocturna, pero en ninguno se lo permitieron.

Tres años después, la misma CEDH emitió la recomendación 49/2018, en los mismos términos que la anterior, pero la respuesta fue también la misma, ninguno de los dos gobiernos municipales la aceptó. En ese momento, el presidente municipal de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, argumentó que no se han violentado los derechos humanos de Jorge, sino que se implementan medidas preventivas para evitar infecciones por VIH ya que el estado es una de las zonas del país donde se presenta el mayor número de nuevos casos de la infección.

Ante lo ocurrido, Jorge interpuso un Recurso de Impugnación que fue turnado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El organismo emitió un oficio, dirigido a los ayuntamientos veracruzanos de Coatzacoalcos y Minatitlán para que acepten las recomendaciones de la CEDH, pero de nueva cuenta ambos municipios rechazaron las recomendaciones, por lo que la CNDH envió otros oficios para que lo ayuntamientos reflexionen sobre su postura con respecto al otorgamiento de tarjetas sanitarias a personas que viven con VIH y trabajan en la industria de los servicios restauranteros, debido a que no representan un riesgo en la preparación de alimentos o para las personas que acuden a estos centros.

El 29 de marzo de 2022, el Senado de la República fue notificado por la CNDH del rechazo de esa recomendación, pero omitió mandar a comparecer a los alcaldes responsables, perpetuando la impunidad. Al final, en septiembre de 2025, el Ayuntamiento de Minatitlán dejó de exigir la boleta sanitaria para quienes laboren en la preparación de alimentos.

A pesar de la medida, continúan abiertos los procesos administrativos contra funcionarios municipales por abuso de funciones y discriminación; los de responsabilidades disciplinarias y posibles sanciones penales derivadas de la Recomendación 53/2020 de la CNDH; las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, para investigar y sancionar las irregularidades cometidas por servidores públicos y el proceso de investigación de la omisión del Senado de la República, notificado el 29 de marzo de 2022, que no cumplió con su deber de llamar a comparecer a los alcaldes.

Rechaza Jalisco identidad de género

Con 22 votos en contra, 11 a favor y una abstención, el Congreso de Jalisco desechó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó inconstitucional la restricción de edad para el cambio de identidad de género en Jalisco.

Durante la discusión, la diputada de Moren Candelaria Ochoa sostuvo que la negativa del Congreso contraviene una resolución judicial y vulnera derechos humanos fundamentales.

El antecedente de esta controversia se remonta a abril de 2022, cuando se eliminó la reforma que permitía la modificación del acta de nacimiento conforme a la identidad de género autopercibida, al establecerse como requisito ser mayor de edad.

En junio de 2023, la SCJN declaró inconstitucional dicha disposición y ordenó al Congreso de Jalisco reintegrar el derecho, mandato que hasta ahora no ha sido cumplido.

Jalisco fue la primera entidad de la República Mexicana en reconocer este derecho.