A pesar de que la interrupción voluntaria de un embarazo se ha permitido en algunas entidades federativas del país desde hace algunos años, recién se están publicando guías por parte de algunos de los sistemas de salud pública. Al final del año pasado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicó la suya, y en marzo de este, el Instituto Mexicano del Seguro Social hizo lo mismo, lo cual representa un gran paso para que los servicios de salud garanticen el acceso a un procedimiento seguro en el que las personas gestantes no pongan en riesgo su vida.

Al respecto, Paula Rita Rivera Núñez, gerente operativo de Telefem, organización civil enfocada a establecer vínculos entre especialistas y personas que desean interrumpir su embarazo, en entrevista con Letra S, señaló que es necesario visualizar al aborto más allá de un enfoque de derechos, sino también desde el punto de vista sanitario, debido a que las malas intervenciones cuestan vidas. De ahí que la cuarta causa de muerte materna en el país sea un aborto inseguro, a pesar de que la mayoría de estas defunciones pudieron haberse evitado.

Además del contexto social, pues de acuerdo con Rivera, el aborto está relacionado con la violencia: más de 90 por ciento de quienes acuden a interrumpir su embarazo han sido violentadas de alguna manera, así como otras causales, entre ellas, el ya tener más hijos, la incapacidad económica para sostenerles, e incluso, el riesgo de perder la vida.

Aborto seguro

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la práctica del aborto en condiciones adecuadas no implica riesgos para quienes lo solicitan, sin embargo, en caso contrario, su realización en entornos ajenos a la atención de especialistas puede provocar daños irremediables a la salud de quienes lo solicitan, o incluso, su muerte. Por ello, el organismo ha insistido en la incorporación de servicios de interrupción del embarazo dentro de los servicios de salud y la creación de esquemas que permitan llevarlos a cabo a la distancia, con la supervisión adecuada.

Esto último, debido a que, la evidencia científica ha mostrado que, durante las 12 primeras semanas de gestación, la persona embarazada puede practicar por sí misma el aborto farmacológico sin necesidad de acudir a un establecimiento de salud, pero sí debe tener acceso a información precisa y medicamentos de calidad, y contar con el apoyo de un trabajador de la salud cualificado en caso de que lo necesite o lo solicite.

Lineamientos

Como parte de las guías de atención, se recomienda reconocer las necesidades de las usuarias a partir de los factores de vulnerabilidad como la edad, etnia, ubicación geográfica o cualquier otra condición que pueda generar discriminación; garantizar la confidencialidad, la privacidad, la seguridad y el buen trato; proporcionar la atención con la mejor tecnología disponible y poder canalizar a servicios de los tres niveles de atención en caso de alguna necesidad.

Además, la interrupción voluntaria de un embarazo debe incluir una consejería previa, cuya finalidad es recibir información y orientación de una persona capacitada, en un entorno propicio para compartir percepciones en torno al procedimiento; la decisión sobre la realización del proceso a través de un consentimiento informado; la confirmación de la edad gestacional; identificar posibles condiciones especiales y descartar contraindicaciones de los fármacos como embarazo ectópico, alergia a los mismos, problemas de coagulación o trastorno hemorrágico.

En los últimos años se ha puesto énfasis en el uso de medicamentos debido a que estos permiten atención primaria ambulatoria, particularmente en etapas iniciales de la gestación, además de evitar prácticas más invasivas como la aspiración endouterina. Estos reúnen la eficacia y la seguridad requeridos, además de provocar los mínimos efectos adversos.

A pesar de estos avances, de acuerdo con Rivera Núñez, la falta de la armonización legislativa y la desinformación son obstáculos que no solo afectan a quienes quieren acceder a una interrupción sino también a los profesionales de la salud. También se genera desigualdad en el acceso a los servicios de salud y deja a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Para la especialista, interrumpir un embarazo no es sencillo, no es una decisión fácil y está rodeada de vulnerabilidad y de soledad, por lo que considera urgente que aquellas entidades federativas en las que no se ha legislado en la materia lo hagan a fin de evitar que muchas mujeres y personas gestantes se pongan en situaciones de vulnerabilidad y no puedan acceder a un aborto seguro.