Kaley comenzó a usar YouTube a los 6 años de edad. Quizás, para sus padres, se trataba de la forma "moderna", equivalente a mirar televisión. Sin embargo, a los 9 años empezó a usar Instagram. Dice que nunca encontró obstáculos relacionados con su edad para ingresar a estas aplicaciones. Recuerda que a los 10 años de edad surgieron los primeros signos de ansiedad y depresión, diagnósticos que se confirmaron años después, en la adolescencia. La joven, hoy de 20 años de edad, afirma que empezó a obsesionarse con su apariencia casi inmediatamente después de empezar a usar Instagram, por lo que subía fotos con filtros "embellecedores" que le hacían ver con una nariz más pequeña o con los ojos más grandes.

El 25 de marzo pasado, un tribunal de la ciudad de Los Ángeles, California, determinó que ambas redes sociales, o más bien, sus conglomerados propietarios, Meta y Google, son responsables de daños a la psique de Kaley, ya que crearon y fomentaron mecanismos que pueden ser adictivos dentro de sus plataformas.

Así, ambas empresas deberán indemnizar a Kaley con seis millones de dólares, el 70 por ciento será pagado por Meta (propietaria de Instagram) y el 30 por ciento por Google (dueña de YouTube). Este resultado sin precedentes podría sentar las bases para muchos otros juicios similares ("cientos", según reportes de la cadena de noticias BBC) que se están llevando a cabo tan solo en Estados Unidos.

El fallo no solo implicó sanciones económicas, sino que incluyó algo más relevante: el reconocimiento explícito de que las redes sociales pueden generar adicción y contribuir a problemas emocionales en personas menores de edad. Durante el juicio, se presentaron documentos internos que evidenciaban que las compañías conocían estos riesgos, pero priorizaron el crecimiento de usuarios y el tiempo de permanencia en sus plataformas.

Consecuencias documentadas

El uso de redes sociales suele asociarse con comunicación, entretenimiento y también identidad digital. No obstante, para las personas menores de edad —cuyo desarrollo emocional y cognitivo aún está en proceso— estas plataformas pueden convertirse en espacios de gran vulnerabilidad.

Uno de los efectos más documentados es la dismorfia corporal. Plataformas centradas en la imagen, como Instagram o TikTok, promueven estándares de belleza poco realistas mediante filtros, edición digital y algoritmos que priorizan ciertos cuerpos y rostros. Adolescentes que se exponen constantemente a estas imágenes pueden desarrollar una percepción distorsionada de su propio cuerpo. Esto no solo afecta su autoestima, sino que puede derivar en trastornos alimenticios, ansiedad social y conductas de evitación.

El ciberacoso es otra de las principales preocupaciones. A diferencia del acoso tradicional, el entorno digital amplifica el daño, puesto que los ataques pueden ser anónimos, constantes y públicos. Las consecuencias psicológicas de esto incluyen ansiedad, aislamiento y, en casos graves, ideación suicida. La exposición a burlas, insultos o amenazas en redes sociales tiene un impacto especialmente profundo en adolescentes, quienes aún están construyendo su identidad y sentido de pertenencia.

Además, la lógica de validación social (cantidad de likes, comentarios, seguidores) puede generar una dependencia emocional. La escasa respuesta o las críticas a lo que alguien publica puede traducirse en sentimientos de rechazo o insuficiencia.

Otro fenómeno frecuente es la difusión de imágenes sin autorización. Fotografías o videos compartidos sin consentimiento, con imágenes que ridiculizan o menosprecian a alguien, pueden hacer que esa persona se convierta en objeto de burla, humillación o acoso.

En entornos escolares, este tipo de situaciones puede escalar rápidamente, generando dinámicas de exclusión social. El daño no es solo momentáneo: el contenido puede permanecer en línea durante años, afectando la reputación y la salud emocional de la persona involucrada.

Por último, pero no menos importante, está el llamado FOMO o Fear of Missing Out, que describe la ansiedad que surge al percibir que otras personas están viviendo experiencias más interesantes o satisfactorias. En redes sociales, donde la vida cotidiana se presenta de forma idealizada, este fenómeno se intensifica. Para adolescentes, el FOMO puede traducirse en una necesidad constante de conexión, dificultando el descanso, la concentración y el disfrute del presente. También puede generar comparaciones negativas y una sensación persistente de insatisfacción.

Ante las acusaciones de los daños que las redes sociales pueden provocar a menores de edad, los propietarios de estas plataformas se han escudado en que cuentan con mecanismos de verificación de edad, pero ¿qué significa exactamente esto?

¿Prohibir o regular?

Ante este panorama, diversos países han comenzado a implementar medidas para limitar el acceso de menores de edad a redes sociales. Aunque no todos han optado por una prohibición total, sí han establecido marcos regulatorios estrictos.

En 2024, Australia propuso una legislación que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años que no tengan un consentimiento parental verificado. Las plataformas están obligadas a implementar sistemas de verificación de edad, y pueden enfrentar multas significativas en caso de que no cumplan con la norma.

Por otra parte, la Unión Europea ha optado por un enfoque regulatorio a través del Reglamento de Servicios Digitales. Este marco exige mayor transparencia en los algoritmos, protección de datos de menores y restricciones en la publicidad dirigida. Si bien no prohíbe el acceso, sí establece límites claros sobre cómo las plataformas pueden interactuar con usuarios menores. El objetivo es crear entornos digitales más seguros sin restringir completamente el acceso.

Hasta ahora, en Estados Unidos, la regulación varía por estado. Algunas entidades han propuesto leyes para limitar el uso de redes sociales por menores o exigir consentimiento parental, es decir, autorización explícita de padres y madres. Sin embargo, estas iniciativas han abierto la discusión sobre temas como la libertad de expresión y los derechos digitales. Muy probablemente, el fallo reciente contra Meta y Google influirá en las próximas legislaciones.

La legislación de Querétaro

En México, el estado de Querétaro se convirtió en uno de los primeros en impulsar una iniciativa para restringir el acceso de menores de edad a redes sociales.

La llamada Ley Kuri (en alusión al actual gobernador del estado, Mauricio Kuri González) entró en vigor en agosto de 2025, y establece restricciones al acceso y uso de redes sociales para menores de 14 años. En estas disposiciones también se prevé que adolescentes de entre 14 y 18 años solo podrán utilizar las redes con autorización expresa de sus padres.

Asimismo, se instó a las plataformas a implementar mecanismos para salvaguardar a la niñez y restringir el acceso, al tiempo que se endurecieron sanciones contra delitos en internet; por ejemplo, se estableció una pena de seis años de cárcel y multas de mil a 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes contacten a menores de 18 años con fines sexuales.

Más que una prohibición absoluta, la ley plantea un modelo de corresponsabilidad entre familias, empresas y Estado. Sin embargo, también ha generado críticas, en especial, respecto a su implementación y sus posibles implicaciones en derechos digitales.

El reciente fallo de una corte de California sobre la responsabilidad de dos redes sociales en la adicción y problemas psicológicos de una joven usuaria marcó un parteaguas en la discusión acerca de los riesgos y daños reales que las redes pueden infligir, sobre todo a las personas menores de edad.

Verificación de edad, ¿cómo lograrla?

Ante las acusaciones de los riesgos que menores de edad corren dentro de las redes sociales, los propietarios de estas se han escudado en que cuentan con mecanismos de verificación de edad, pero ¿qué significa exactamente esto?

Los controles de verificación de edad también se han convertido en el eje técnico de las leyes que buscan restringir el acceso de menores a redes sociales, pero su implementación real implica varios retos. Lo que está en juego no es solo comprobar una fecha de nacimiento, sino decidir hasta qué punto es válido comprometer la privacidad para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes.

Uno de los mecanismos más directos es la verificación mediante documentos oficiales. Este modelo implica que la persona usuaria cargue una identificación (como pasaporte o credencial oficial) para que la plataforma valide su autenticidad y extraiga la edad. Es un sistema preciso y difícil de falsificar cuando se utilizan tecnologías avanzadas, pero plantea preocupaciones importantes. La principal es el manejo de datos sensibles por parte de empresas tecnológicas, lo que abre la puerta a posibles filtraciones o usos indebidos de información personal. Además, no todos los menores cuentan con documentos oficiales.

Otra opción que subsana esas limitaciones es la verificación biométrica, en especial a través del reconocimiento facial. En este caso, el usuario toma una selfie o graba un breve video, y un sistema de inteligencia artificial estima su edad a partir de sus rasgos. Aunque este método evita el uso de documentos, tiene ciertos contras: su precisión no es absoluta, ya que puede confundirse en los casos de adolescentes. A esto se suma el debate sobre la recopilación de datos biométricos, considerados especialmente sensibles por marcos regulatorios como los de la Unión Europea.

Otra alternativa es la verificación a través de terceros. En este modelo, una entidad externa se encarga de validar la edad del usuario utilizando distintos métodos, y posteriormente emite una confirmación a la plataforma, sin compartir datos personales específicos. De este modo, la red social solo recibe información mínima, como si la persona es mayor o menor de cierta edad. Este enfoque busca equilibrar precisión y privacidad, aunque introduce nuevas preguntas sobre quién regula a estas entidades intermediarias y cómo se garantiza la seguridad de la información en cada eslabón del proceso.

En conjunto, estos mecanismos reflejan un dilema de fondo que atraviesa todas las iniciativas regulatorias: cuanto más preciso es un sistema de verificación, mayor suele ser el nivel de intrusión en la vida privada de las personas. A la inversa, los modelos que priorizan la privacidad tienden a ser más fáciles de evadir. Por ello, cada región ha optado por combinaciones distintas.